Michoacán camina hacia un Estado
fallido en el sentido clásico de su definición: pérdida de
control físico de su territorio o del monopolio de la fuerza, erosión de la
autoridad e incapacidad para proveer servicios públicos.
Hay seis municipios en
estado de sitio, donde se redujeron las garantías para más de 200 mil
personas, porque no hay otra forma que encerrarlos en sus casas para darles
seguridad. Las campañas de vacunación en Tierra Caliente
se suspendieron y la actividad escolar depende de que no haya violencia. Y
desde hace una semana, 40 empresas tienen
parada su producción ante la inseguridad.
La mitad de Michoacán vive la pesadilla
hobbsiana de la ley del más fuerte, donde todos luchan contra
todos. El gobierno está aplastado por conflictos multifactoriales que aunque
van por distintas vías, se cruzan y vinculan ante la debilidad
institucional.
Hay varios cárteles en pugna, escondidos
algunos en los grupos de autodefensa civil, que también financian talamontes, y
guerrilla que conecta con el narcotráfico en algunas regiones, y con la
disidencia magisterial en otras.
Pero el problema que tiene a Michoacán camino
al Estado fallido se debe a la lucha de cárteles de la droga. Informes de
inteligencia a finales de abril anticipaban: “Se prevé que en el transcurso de
los próximos días se recrudezca la violencia en diversos municipios de
Michoacán, sobre todo en los limítrofes con Jalisco, debido a la feroz disputa
que mantienen actualmente los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Los
Caballeros Templarios por el control de la zona”.
Los informes afirman que la disputa comenzó
en febrero con el surgimiento de los grupos de autodefensa civil en Aguililla,
Apatzingán, Buenavista, Felipe Carrillo Puerto y Tepalcaltepec. “Detrás de esas
guardias comunitarias está el Cártel Jalisco Nueva Generación… al que
pertenecen la mayoría de (sus) integrantes… y quienes fueron armados, equipados
y adiestrados por sicarios al servicio de ese cártel, lo que motivó la reacción
violenta de Los Caballeros Templarios, debido a que esas comunidades estaban controladas
por ellos hasta ahora”, dice un reporte. “Los Caballeros Templarios auspiciaron
y financiaron la realización de ‘marchas ciudadanas’ en contra del surgimiento
de las guardias comunitarias en Apatzingán, Aguililla y Uruapan”.
Ante esa nueva guerra, señalan los informes,
el gobierno reaccionó con el Ejército, que detuvo a 34 miembros del Cártel
Jalisco Nueva Generación -asociado a la facción del Cártel del Pacífico que
encabeza Joaquín El Chapo Guzmán-. Pero nada más, salvo el
repliegue institucional ante “estos enfrentamientos… excesivamente violentos, y
ante la perspectiva de que se produjeran otros más en los días sucesivos”.
La situación en Michoacán, como anticipaban
los informes de inteligencia, se ha agravado. El gobernador interino Jesús Reyna
visitó la semana pasada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien le ofreció todo el respaldo federal para
mantener la gobernabilidad. Esto no ha sucedido.
Una de las preocupaciones de Reyna fue que le
entregaran recursos para, entre otras prioridades, pagar salarios a maestros y
desactivar el principal foco de conflicto social, que se mezcla con otros
problemas y añade ingobernabilidad. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, no
los dio.
El respaldo federal ha sido hasta ahora, retórico. Salvo acciones
quirúrgicas de los cuerpos de seguridad, como la referida en los informes de
inteligencia, no hay señales que se esté conteniendo a los criminales. El
Ejército salió a las calles una vez en forma reactiva para enfrentar a los
narcotraficantes, pero el resto del tiempo, los militares y las fuerzas
federales han servido sólo para recuperar las
carreteras luego de horas que narcotraficantes, guerrilla y maestros
las tomaran.
Si se ve el diagnóstico y pronóstico de los
servicios de inteligencia del Estado mexicano, la pregunta es por qué no hizo
nada el gobierno federal para contener o inhibir lo que venía. Se puede
argumentar que le han regalado la mitad de Michoacán al crimen organizado y a
la guerrilla, que han mezclado sus luchas con las del magisterio
disidente.
Ese 50% de territorio cayó en la anomia ante
los ojos de las autoridades federales, en un
proceso en marcha de pérdida de Michoacán ante fuerzas, legales e
ilegales, que rechazan la autoridad constituida.
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