Esta semana,
perdida entre las noticias de la cotidiana corrupción política y las
confesiones de riqueza y vida superflua de gobernantes ebrios, quedó una
de las marcas históricas más importantes para la justicia en
Latinoamérica y para las mujeres. Guatemala, país hermano, nuestro
vecino al sur, acaba de demostrar que a pesar de los sistemas de
justicia endebles e infestados de corrupción, un juzgado ético puedo
lograr lo inesperado: sentenciar a un poderoso ex Presidente por el
genocidio de su pueblo.
Desde 1999, la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, intentó llevar a juicio
en España a Ríos Montt y otros generales por delitos de lesa humanidad.
España aceptó pero los abogados del militar logaron evitar el juicio. En
2007, buscando el fuero constitucional, Ríos Montt se convirtió en
diputado y perdió el fuero al terminar su mandato en 2012. Ya con un
expediente perfectamente armado en marzo de 2013 la jueza Jazmín Barrios
presidió el tribunal tripartita que logró sentenciarlo.
No solamente Guatemala, sino México, Argentina y otros países de la
región se han visto obligados a recurrir a los cortes internacionales
para juzgar los delitos de lesa humanidad que el propio sistema interno
se ha negado a reconocer, investigar y juzgar a plenitud. La sentencia
de 80 años de prisión contra José Efraín Ríos Montt es una victoria para
los derechos humanos. La jueza, Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal
de Justicia, leyó la sentencia que con toda claridad especifica los
delitos de violencia de género, un precedente vital para las mujeres
latinas.
Ante una sala dividida entre las familias de las víctimas del genocidio y
la familia y amistades del general Ríos, la voz firme de la jueza se
escuchó al leer: "El Ejército llegó a considerar a la población civil
enemigo interno. Habiendo contemplado el exterminio de la población, lo
que se materializó en las masacres indiscriminadas en el área ixil:
violación de mujeres, niñas y ancianas; bombardeos, quema de viviendas,
siembras y muertes de animales. De acuerdo con lo indicado por la
perito, se produjo la destrucción del entorno social y cultural de los
ixiles, a los que se consideró como rebeldes: un pueblo difícil que no
se sometía".
Se demostró ante tribunales que el Plan Victoria 82 era una estrategia
militar para destruir y castigar a la población indígena que se rebelaba
contra un gobierno impuesto a través de un golpe militar. Luego, según
la sentencia, "en el plan Firmeza 83, el Ejército veía a las poblaciones
como subversivas y enemigas. Por lo tanto el Ejército no hizo
diferencia entre población civil y gente armada, iniciando estrategias
de persecución. El objetivo es el control físico y psicológico; se
establece arrasar las poblaciones y sus cosechas. Despojando a la
población en sus fuentes de alimentación, determinando que existió
planificación del alto mando militar que se concretizó en el uso de
aviones y helicópteros para destruirlos, lo que dio lugar a la
persecución de gente a la montaña, afectando a los más vulnerables".
A nada se parece que en un juicio público se reconozca frente a las
víctimas y sobreviviente que esas fosas clandestinas, cavadas por
miembros del Ejército, ocultaron durante décadas la tortura de miles de
hombres, mujeres y jóvenes asesinados con saña por armas de uso oficial.
Por fin, después de tres décadas se reivindicó el derecho a la verdad, a
la justicia.
Es la primera vez también que en nuestro continente se juzga a un
genocida por haber ordenado a sus soldados la utilización de la
violencia sexual como arma de guerra. Durante décadas las mujeres han
denunciado cómo, además de destruir los sembradíos, quemar los hogares y
asesinar a los hombres y niños, los ejércitos violan a las mujeres como
parte de una ceremonia de colonización total, de la tierra, los cuerpos
y las vidas de un población determinada. Y hemos de agradecer a la gran
abogada Paloma Soria, de la organización Women´s Link, su impecable
trabajo para reunir evidencia, testimonio y material de peritajes
irrefutables que son parte fundamental de la demostración de que hasta
20 soldados violaban a una misma mujer encerrada en un calabozo.
En su determinación, la juez, frente a Rigoberta Menchú, quien desde el
público escuchaba con las lágrimas agolpadas en la garganta, dijo: "El
ataque, que incluye violación de menores, mujeres embarazadas y
ancianas. El peritaje efectuado constata que las violaciones se
produjeron en forma continuada y contribuyeron a la destrucción del
tejido social, explicando que tanto las violaciones como las
mutilaciones ocasionaron trauma de terror, destrucción física y
cultural, teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya ixil".
La sentencia a este militar, que actualmente tiene 87 años, fue de 50
años por delitos de genocidio y de 30 años por delitos contra deberes de
humanidad, lo que significa que él como Presidente de facto del Estado
Guatemalteco debió utilizar al Ejército para hacer justicia y no para
escarmentar, violar y asesinar a la población civil.
El público se levantó, aplaudió; las sobrevivientes de violencia sexual,
familiares de víctimas desaparecidas o asesinadas se abrazaban,
lloraban, y de pronto el salón del tribunal se cimbró con los gritos de
una porra emocionada para la jueza presidenta, una y otra vez; mientras
una veintena de familiares y amigos del dictador Ríos Montt palidecía
congelada ante la sentencia, hombres y mujeres celebraran la justicia.
El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt participó en un golpe militar y se
adueñó, durante dos años, de la presidencia de su país. Ahora, el pasado
día de las madres, 31 años después, se convierte en el primer ex
Presidente sentenciado por su propio país por genocidio y delitos de
violencia de género.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario