Nunca olvidaré el impacto que me
causó mi primer viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua hace 15 años, cuando
convocada por Esther Chávez Cano fui a documentar las desapariciones y
asesinatos de mujeres. Allí estaba yo, grabadora y libreta en mano,
frente a esta mujer que parecía estar al borde del colapso, pero que en
lugar de desmoronarse frente a mí recuperaba su fuerza invocando a su
hija de 16 años. Me mostraba su fotografía, me contaba anécdotas. Que si
era buena estudiante, que de adulta quería ser enfermera; que era una
niña dulce. Y luego otra mujer, que su hija trabajaba en la maquiladora
para pagarse los estudios. Una y otra vez las escuché, sentí su rabia,
su desesperación, su amor, su ansiedad. Reconocí en ellas esa manera de
aferrarse a la vida que tienen quienes han perdido a una hija, a un hijo
y no se dan por vencidas ante la desventura. Pero ellas seguían
andando.
A lo largo de 15 años documentando la violencia en mi País, he aprendido
las más grandes lecciones de ética, de humanismo, de solidaridad.
Aprendí, porque necesitaba entenderlo para explicarlo y porque es la
responsabilidad de una reportera estudiar y conocer lo que se investiga,
de qué está conformado el andamiaje de la impunidad, los materiales
férreos y sólidos de la corrupción. Y retraté la mirada, perdida en el
hartazgo a veces, a veces gélida, de miles de servidores públicos, desde
presidentes hasta legisladores, pasando por policías y procuradores.
Documenté su soez trato a las víctimas, su ineficacia profesional, su
intolerancia hacia una prensa inquisitiva. Pero ellas seguían andando.
Y 15 años después miro a las madres defender el derecho a saber sobre
sus hijos, sobre sus hijas; buscarles en cada rincón del País, decir sus
nombres al amanecer y al anochecer, como quien eleva una plegaria para
que el milagro se haga presente. Plegaria, del latín precari: rogar,
suplicar. En este País se exige justicia, se ruega compasión, se suplica
que las autoridades trabajen, que indaguen y busquen hasta encontrar a
los hijos y las hijas desparecidas. Sin embargo, las respuestas de la
autoridad dejan más desconcertadas a las madres sobrevivientes de una
tragedia que crece como una montaña.
Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, asegura que durante el
sexenio de Felipe Calderón se documentó un registro con los nombres de
26,121 personas desaparecidas en México. Es decir, según la Segob
desaparecieron en nuestro País 11.9 personas diariamente. Y ante el
azoro del País, la frustración de las madres y de la FUNDEM (Fuerzas
Unidas Por Nuestros Desaparecidos en México), José Oscar Vega, del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegura que la PGR sólo cuenta
con un registro documentado de 5,300 personas desaparecidas en 10 años.
Mientras las autoridades prometen, las madres se movilizan, buscan,
demandan, documentan y la solidaridad que encuentran está en la sociedad
civil. Porque la autoridad se niega a investigar los casos de
desapariciones forzadas, en las que servidores públicos están
relacionados. Porque luego de millones de dólares invertidos en la
mentada súper Secretaría de Seguridad Pública, en armamento, en equipos
de espionaje para mejorar la capacidad e inteligencia del Estado, ahora
el PRI anuncia que lo que hicieron durante seis años no sirve, que hay
que volver a comenzar. Pero ellas seguían andando.
Entonces las madres se plantan frente a la PGR, exigen verificar si sus
hijos e hijas aparecen en esa base de datos, que es en realidad la única
que podría llevarles a encontrar a las y los desaparecidos, por la
sencilla razón de que la lista de la PGR se basa en Averiguaciones
Previas. La otra, dicen las fuentes de PGR, la que dice que hay 26,121
personas desaparecidas en seis años, es política pero inservible. Por su
parte la organización Human Rights Watch asegura que durante el sexenio
pasado hubo casi 250 desapariciones de las cuales 149 casos muestran la
participación de miembros de las fuerzas del orden, por lo que se
consideran desapariciones forzadas.
Entonces, me dice una madre cuya hija fue raptada hace tres años en
Tamaulipas, si mi hija no aparece en esa lista ¿no existe?, ¿no la han
buscado en tres años? Las madres de México marchan por sus familiares,
pero marchan también por los nuestros, por el País. Ellas exigen que se
esclarezca la manera inconsistente en que se documentan las
desapariciones. Ahora en la PGR nos dijeron que tienen que hacerlo bien,
porque los otros no hicieron su trabajo, dice una activista de Oaxaca
con la voz quebrada.
¿Dónde estaba el PRI cuando García Luna y Marisela Morales, en su guerra
por el poder, dejaron, como ha dicho Murillo Karam, elefantes blancos
en las dos instituciones federales de seguridad y justicia? Porque allí
estaban todos los gobernadores priistas, incluido Osorio Chong y Peña
Nieto, sentados en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
aprobando, tomando decisiones. Allí estaban ellos, todos estos priistas
que ahora dicen que nada funcionó, sentados en la mesa con el Presidente
Calderón, con la Sedena, la Semar, Segob, SSP y el Secretario Ejecutivo
del Sistema, felicitando a García Luna. ¿Qué hacían en esas reuniones
si no era acordar las estrategias de seguridad y los presupuestos?
¿Acaso leyeron los informes?
El 10 de mayo marcharon en México las madres de miles de personas que
pueden estar cautivas en manos de tratantes, cautivas en otros países,
esclavizadas en un matrimonio servil, cautivos en un cártel,
esclavizados en algún rancho trabajando. Hombres, mujeres, niñas y niños
que pueden haber muerto hace meses, en manos de policías corruptos, de
sicarios, de militares despiadados, o cuyas vidas están en peligro.
Ellas no se dan por vencidas, ellas no se callan. Levantan la voz con el
nombre de sus familiares, llevan la cuenta de los días, llevan la
cuenta de las muertes, llevan la cuenta de las infamias de un Estado
ineficaz, incapaz de reconocer el dolor de esa pérdida. Incapaz de darle
valor a la vida humana. Incapaz siquiera de asumir su verdadera
responsabilidad en la cuenta de las y los desaparecidos. Porque ellas
seguirán andando no podemos dejarlas solas.
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