Ivonne Melgar
San Lázaro clausuró este martes su segundo
periodo de sesiones echando las campanas al vuelo por el productivo
primer año de la LXII Legislatura.
“Desde el primer periodo de la LV Legislatura no habíamos tenido un periodo tan rico, tan existencial, tan en buenos términos”, evaluó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Francisco Arroyo Vieyra.
El referente del experimentado legislador priista fue el Congreso de la segunda parte del sexenio del presidente Carlos Salinas, es decir, el que sacó adelante el TLCAN y le dio atribuciones ciudadanas al IFE. ¡Cuando 64% de las curules eran del PRI! Hoy ocupan 42 por ciento.
Fue una legislatura que, entre 1991 y 1994, dio paso a la credencial electoral con fotografía y que tuvo como protagonistas a los priistas Fernando Ortiz Arana, María de los Ángeles Moreno y al propio Arroyo Vieyra; a los panistas Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón y Gabriel Jiménez Remus, y a los perredistas René Bejarano, Gilberto Rincón Gallardo y Alejandro Encinas.
Si nos atenemos al comparativo del presidente de la Cámara, pasaron dos décadas para recuperar la autoestima parlamentaria, compartida ahora por la oposición.
Ahí están las palabras de Silvano Aureoles Conejo, jefe de la bancada del PRD: “Si se han logrado concretar grandes cosas y grandes cambios, grandes reformas, tiene que ver con la postura madura, responsable que hemos asumido nosotros”.
El perredista vinculó esas aportaciones con el Pacto por México, espacio de compromisos entre la oposición y el gobierno, pues consideró que su partido “le ha dado soporte y legitimidad”.
Como aliado de Los Chuchos —Jesús Zambrano, presidente del PRD, y Jesús Ortega, operador y artífice del Pacto—, Aureoles ha tenido que lidiar con la resistencia interna hacia la interlocución con el presidente Enrique Peña.
Sin embargo, lo sucedido en la última sesión dejó en claro que el ala reticente que se aglutina en torno a René Bejarano y su corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), ya se sumó a las negociaciones con el gobierno.
Y es que a diferencia de lo ocurrido en las reformas en educación y telecomunicaciones, cuando arriba de 45% de la bancada del PRD votó en contra —deliberadamente o por la vía de la abstención o la ausencia— de los acuerdos que la dirigencia asumió en el Pacto, este 30 de abril el rechazo descendió a 29% durante la aprobación del acotamiento del arraigo.
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos describir el debate que puso en aprietos a los perredistas, quienes habían ofrecido la desaparición de esa medida penal, por considerarla violatoria a los derechos humanos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, 71 diputados le dieron el sí a la reforma, pese a las declaraciones en contra del PRD radical hacia la reducción del arraigo de 80 a 35 días, cuando se acrediten delitos vinculados a la delincuencia organizada, y de 40 a 20 en delitos graves.
Se trató de un giro atribuible al aprendizaje que a estas alturas del Pacto demuestran tanto Zambrano y Ortega como los hombres de Peña: la importancia de repartir el pastel.
De manera que la negociación del tema del arraigo, llevada desde la PGR por su titular Jesús Murillo Karam, se dejó en manos de la dilecta alumna de Bejarano, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz, quien llevaba el diálogo con las ONG.
Y esta vez la líder de IDN en la Cámara, quien votó en contra de las reformas educativa y en telecomunicaciones, incluso subió a tribuna para justificar el camino de la gradualidad. “Esto no es lo que queremos, pero es lo que logramos ante una iniciativa del PRI y el PAN”, alegó la perredista.
¡Eureka! La democracia reformista parlamentaria avanza.
En contraste, el PAN, tradicionalmente a favor de las aproximaciones sucesivas, enemigo del todo o nada —desde aquella LV Legislatura que Arroyo Vieyra recuerda como emblemática— sigue sin encontrar una salida a sus diferencias internas en torno al Pacto.
Y justo en el cierre del periodo, las rencillas blanquiazules se trasladaron al Congreso, cuando se aislaron del procesamiento de las reformas del IMSS y de la ley minera.
Simultáneamente, los afines al ex presidente Felipe Calderón —los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth y diputados como Max Cortázar y Fernando Rodríguez Doval— obligaron al presidente del partido, Gustavo Madero, a condicionar su permanencia en la mesa del Pacto.
Como hace 20 años lo hicieron Carlos Castillo Peraza, Fernández de Cevallos y Calderón, al pugnar por mejores condiciones para la competencia electoral, ahora los blanquiazules intentan reconciliarse entre sí con la exigencia al gobierno de darle prioridad a las reformas políticas.
Falta que Madero y los suyos —el coordinador Luis Alberto Villarreal García, el vicecoordinador Jorge Villalobos y operadores pactistas como Santiago Creel y Juan Molinar— suelten y compartan las canicas con sus críticos internos.
Ese es el juego que ya funcionó con los perredistas. Que haya incentivos para todos y que todos tengan algo que ganar. Sólo entonces habrá arraigo del Pacto en el Congreso.
“Desde el primer periodo de la LV Legislatura no habíamos tenido un periodo tan rico, tan existencial, tan en buenos términos”, evaluó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Francisco Arroyo Vieyra.
El referente del experimentado legislador priista fue el Congreso de la segunda parte del sexenio del presidente Carlos Salinas, es decir, el que sacó adelante el TLCAN y le dio atribuciones ciudadanas al IFE. ¡Cuando 64% de las curules eran del PRI! Hoy ocupan 42 por ciento.
Fue una legislatura que, entre 1991 y 1994, dio paso a la credencial electoral con fotografía y que tuvo como protagonistas a los priistas Fernando Ortiz Arana, María de los Ángeles Moreno y al propio Arroyo Vieyra; a los panistas Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón y Gabriel Jiménez Remus, y a los perredistas René Bejarano, Gilberto Rincón Gallardo y Alejandro Encinas.
Si nos atenemos al comparativo del presidente de la Cámara, pasaron dos décadas para recuperar la autoestima parlamentaria, compartida ahora por la oposición.
Ahí están las palabras de Silvano Aureoles Conejo, jefe de la bancada del PRD: “Si se han logrado concretar grandes cosas y grandes cambios, grandes reformas, tiene que ver con la postura madura, responsable que hemos asumido nosotros”.
El perredista vinculó esas aportaciones con el Pacto por México, espacio de compromisos entre la oposición y el gobierno, pues consideró que su partido “le ha dado soporte y legitimidad”.
Como aliado de Los Chuchos —Jesús Zambrano, presidente del PRD, y Jesús Ortega, operador y artífice del Pacto—, Aureoles ha tenido que lidiar con la resistencia interna hacia la interlocución con el presidente Enrique Peña.
Sin embargo, lo sucedido en la última sesión dejó en claro que el ala reticente que se aglutina en torno a René Bejarano y su corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), ya se sumó a las negociaciones con el gobierno.
Y es que a diferencia de lo ocurrido en las reformas en educación y telecomunicaciones, cuando arriba de 45% de la bancada del PRD votó en contra —deliberadamente o por la vía de la abstención o la ausencia— de los acuerdos que la dirigencia asumió en el Pacto, este 30 de abril el rechazo descendió a 29% durante la aprobación del acotamiento del arraigo.
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos describir el debate que puso en aprietos a los perredistas, quienes habían ofrecido la desaparición de esa medida penal, por considerarla violatoria a los derechos humanos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, 71 diputados le dieron el sí a la reforma, pese a las declaraciones en contra del PRD radical hacia la reducción del arraigo de 80 a 35 días, cuando se acrediten delitos vinculados a la delincuencia organizada, y de 40 a 20 en delitos graves.
Se trató de un giro atribuible al aprendizaje que a estas alturas del Pacto demuestran tanto Zambrano y Ortega como los hombres de Peña: la importancia de repartir el pastel.
De manera que la negociación del tema del arraigo, llevada desde la PGR por su titular Jesús Murillo Karam, se dejó en manos de la dilecta alumna de Bejarano, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz, quien llevaba el diálogo con las ONG.
Y esta vez la líder de IDN en la Cámara, quien votó en contra de las reformas educativa y en telecomunicaciones, incluso subió a tribuna para justificar el camino de la gradualidad. “Esto no es lo que queremos, pero es lo que logramos ante una iniciativa del PRI y el PAN”, alegó la perredista.
¡Eureka! La democracia reformista parlamentaria avanza.
En contraste, el PAN, tradicionalmente a favor de las aproximaciones sucesivas, enemigo del todo o nada —desde aquella LV Legislatura que Arroyo Vieyra recuerda como emblemática— sigue sin encontrar una salida a sus diferencias internas en torno al Pacto.
Y justo en el cierre del periodo, las rencillas blanquiazules se trasladaron al Congreso, cuando se aislaron del procesamiento de las reformas del IMSS y de la ley minera.
Simultáneamente, los afines al ex presidente Felipe Calderón —los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth y diputados como Max Cortázar y Fernando Rodríguez Doval— obligaron al presidente del partido, Gustavo Madero, a condicionar su permanencia en la mesa del Pacto.
Como hace 20 años lo hicieron Carlos Castillo Peraza, Fernández de Cevallos y Calderón, al pugnar por mejores condiciones para la competencia electoral, ahora los blanquiazules intentan reconciliarse entre sí con la exigencia al gobierno de darle prioridad a las reformas políticas.
Falta que Madero y los suyos —el coordinador Luis Alberto Villarreal García, el vicecoordinador Jorge Villalobos y operadores pactistas como Santiago Creel y Juan Molinar— suelten y compartan las canicas con sus críticos internos.
Ese es el juego que ya funcionó con los perredistas. Que haya incentivos para todos y que todos tengan algo que ganar. Sólo entonces habrá arraigo del Pacto en el Congreso.
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