Jorge Fernández Menéndez
En la madrugada fue desalojada por sus ocupantes
la Torre de Rectoría de la UNAM, unos 50 jóvenes (y algunos no tan
jóvenes) la tenían ocupada desde hacía 12 días. Provocaron con la toma
daños patrimoniales a las oficinas y durante el desalojo era evidente
que se estaban llevando objetos de todo tipo a otro recinto que tienen
ocupado pero éste desde hace años: el que llaman auditorio Che Guevara
en la Facultad de Filosofía y Letras que se ha convertido en una suerte
de cuartel general, centro de reuniones y hotel de paso de los grupos
que devinieron de aquel CGH que tuvo tomada la universidad durante un
año entre 1999 y 2000.
Qué bueno que hayan desalojado la Torre de Rectoría. Lo malo es que una vez más a estos grupos les concedieron todo lo que pidieron. Antes de que desalojaran, las autoridades universitarias que habían dicho que no habría diálogo hasta que no se desocuparan las instalaciones, negociaron con los ocupantes y les hicieron una oferta que no podían rechazar… porque incluía todo lo que habían demandado. En el primer punto la oferta de la Rectoría ofrece una mesa de diálogo; en el segundo dice que la Rectoría no tiene la intención de “profundizar” en el problema, lo que traducido al español quiere decir que no fincarán demandas ni universitarias ni penales; en el tercero se insiste en que los estudiantes que habían sido expulsados tienen derecho a que sus casos sean revisados; y en el cuarto se reivindica la unidad e integridad de la comunidad universitaria, incluyendo a quienes evidentemente la dañan en forma consciente.
El tema es que los delitos cometidos por los ocupantes quedaron, nuevamente, en la impunidad: ha ocurrido así con los desmanes del 1 de diciembre, con las tomas del CCH, con la toma de la dirección de los mismos, ahora con la Rectoría. Y lo mismo sucede en Guerrero y en Michoacán. No es una historia nueva, se viene repitiendo desde hace años y en realidad esa impunidad no genera más que un desafío cada día mayor a las autoridades y a la gente que sufre la consecuencia de sus desmanes. Los miles de estudiantes, profesores y trabajadores que sufrieron y sufren las agresiones de estos grupos simplemente tienen que ver cómo pueden ser agredidos, directa o indirectamente, y una y otra vez las autoridades doblan las manos ante la presión.
Con la reforma educativa pasa algo similar: ha habido un intento legislativo de contrarreforma en Guerrero, impuesta por la violencia; en Michoacán, el gobierno parece paralizado ante los ataques abiertos de los narcos en la Tierra Caliente y la violencia de los maestros en Morelia y otros puntos del estado; en Oaxaca, las cosas están más tranquilas porque el gobierno estatal envió una iniciativa de reforma educativa al Congreso federal y porque hay elecciones locales en julio y allí el magisterio disidente juega también sus cartas (aunque ese inestable equilibrio se puede romper en cualquier momento, como sucede también en Chiapas).
El problema es que el ejemplo cunde y no será difícil que en otros estados comiencen a surgir grupos que apuesten a defender sus propios intereses con la coartada de la reforma educativa o laboral, o la que sea más oportuna, como acaba de ocurrir en la UNAM.
La impunidad siempre es una mala consejera: para las autoridades que se debilitan cada vez que ella se pone de manifiesto y para sus beneficiarios que sienten que, gracias a ella, los argumentos esgrimidos desde la base de la fuerza se pueden imponer sobre la razón, la justicia y la ley.
Telecomunicaciones y abusos
Ya la reforma en telecomunicaciones está en manos de los Congresos estatales, pasará en la mitad de ellos y en unas semanas se hará realidad. Es en general una muy buena reforma, pero habrá que poner mucha atención sobre cómo se aplica y con qué criterios en muchos ámbitos. Por ejemplo, dice en su artículo 6 que “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. No tiene sentido: ¿quién puede determinar la intención de alguien? ¿Cómo puede saber un organismo público, en este caso el nuevo IFT, si, por ejemplo, una entrevista a un político cualquiera, es realizada como información o como publicidad encubierta? ¿Cómo discernir si una opinión es simplemente eso, una opinión o un intento publicitario? ¿Cuando un comunicador opine a favor o en contra de un político o un funcionario se le podrá considerar publicidad o propaganda? Es una barbaridad que puede llevar a cualquier tipo de abusos de la autoridad y que se encubre bajo el manto de la objetividad y lo políticamente correcto. En realidad es y será un arma de coerción.
Qué bueno que hayan desalojado la Torre de Rectoría. Lo malo es que una vez más a estos grupos les concedieron todo lo que pidieron. Antes de que desalojaran, las autoridades universitarias que habían dicho que no habría diálogo hasta que no se desocuparan las instalaciones, negociaron con los ocupantes y les hicieron una oferta que no podían rechazar… porque incluía todo lo que habían demandado. En el primer punto la oferta de la Rectoría ofrece una mesa de diálogo; en el segundo dice que la Rectoría no tiene la intención de “profundizar” en el problema, lo que traducido al español quiere decir que no fincarán demandas ni universitarias ni penales; en el tercero se insiste en que los estudiantes que habían sido expulsados tienen derecho a que sus casos sean revisados; y en el cuarto se reivindica la unidad e integridad de la comunidad universitaria, incluyendo a quienes evidentemente la dañan en forma consciente.
El tema es que los delitos cometidos por los ocupantes quedaron, nuevamente, en la impunidad: ha ocurrido así con los desmanes del 1 de diciembre, con las tomas del CCH, con la toma de la dirección de los mismos, ahora con la Rectoría. Y lo mismo sucede en Guerrero y en Michoacán. No es una historia nueva, se viene repitiendo desde hace años y en realidad esa impunidad no genera más que un desafío cada día mayor a las autoridades y a la gente que sufre la consecuencia de sus desmanes. Los miles de estudiantes, profesores y trabajadores que sufrieron y sufren las agresiones de estos grupos simplemente tienen que ver cómo pueden ser agredidos, directa o indirectamente, y una y otra vez las autoridades doblan las manos ante la presión.
Con la reforma educativa pasa algo similar: ha habido un intento legislativo de contrarreforma en Guerrero, impuesta por la violencia; en Michoacán, el gobierno parece paralizado ante los ataques abiertos de los narcos en la Tierra Caliente y la violencia de los maestros en Morelia y otros puntos del estado; en Oaxaca, las cosas están más tranquilas porque el gobierno estatal envió una iniciativa de reforma educativa al Congreso federal y porque hay elecciones locales en julio y allí el magisterio disidente juega también sus cartas (aunque ese inestable equilibrio se puede romper en cualquier momento, como sucede también en Chiapas).
El problema es que el ejemplo cunde y no será difícil que en otros estados comiencen a surgir grupos que apuesten a defender sus propios intereses con la coartada de la reforma educativa o laboral, o la que sea más oportuna, como acaba de ocurrir en la UNAM.
La impunidad siempre es una mala consejera: para las autoridades que se debilitan cada vez que ella se pone de manifiesto y para sus beneficiarios que sienten que, gracias a ella, los argumentos esgrimidos desde la base de la fuerza se pueden imponer sobre la razón, la justicia y la ley.
Telecomunicaciones y abusos
Ya la reforma en telecomunicaciones está en manos de los Congresos estatales, pasará en la mitad de ellos y en unas semanas se hará realidad. Es en general una muy buena reforma, pero habrá que poner mucha atención sobre cómo se aplica y con qué criterios en muchos ámbitos. Por ejemplo, dice en su artículo 6 que “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. No tiene sentido: ¿quién puede determinar la intención de alguien? ¿Cómo puede saber un organismo público, en este caso el nuevo IFT, si, por ejemplo, una entrevista a un político cualquiera, es realizada como información o como publicidad encubierta? ¿Cómo discernir si una opinión es simplemente eso, una opinión o un intento publicitario? ¿Cuando un comunicador opine a favor o en contra de un político o un funcionario se le podrá considerar publicidad o propaganda? Es una barbaridad que puede llevar a cualquier tipo de abusos de la autoridad y que se encubre bajo el manto de la objetividad y lo políticamente correcto. En realidad es y será un arma de coerción.
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