Guardería ABC: cuatro años sin justicia

Humberto Musacchio

Fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, el primer presidente panista del PRI, cuando se produjo un vuelco en la política del Seguro Social hacia el cuidado de los niños. Hasta entonces las guarderías eran administradas directamente por el IMSS, pero la pandilla neoliberal descubrió que ahí existía un negocio que, por supuesto, debía entregarse a particulares.
Así se inició la privatización de un servicio público indispensable. El Estado mexicano renunció a cuidar a los niños y pasó a considerarlos mercancía barata que puso en manos de quienes buscan la ganancia antes que otra cosa. Hoy, las guarderías del IMSS están en su inmensa mayoría en manos de particulares con el argumento absurdo y hasta criminal de que resulta más barato subrogar el servicio que prestarlo directamente.

En algún momento, Juan Molinar Horcasitas declaró que, con la subrogación, el Instituto que dirigió en el sexenio pasado se ahorraba 40% de los costos. Por supuesto, no resulta más barato entregar las guarderías a quienes hacen negocio con ellas, pero la corrupción enquistada en el Seguro Social ha llegado a tales niveles que los costos se elevan desproporcionada e injustificadamente en todas sus actividades mientras el servicio decae a niveles que llegan a extremos homicidas (y no sólo en las guarderías).
Hace cuatro años ocurrió el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, tragedia en la que murieron 49 niños y 76 más resultaron con lesiones, algunos de ellos con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. El siniestro se debió, dicen, a un corto circuito en una bodega contigua donde el gobierno del estado guardaba material inflamable.
Es inadmisible que la guardería no contara con el personal y las medidas preventivas necesarias para realizar una rápida evacuación o, mejor aún, para impedir que el fuego llegara hasta sus instalaciones. Si los concesionarios no lo previeron hay responsabilidad punible. Pero si el IMSS autorizó (y autoriza) que las guarderías subrogadas funcionen en tales condiciones, entonces la responsabilidad mayor, pero no única, hay que trasladarla al Instituto y a quienes lo dirigen y dirigieron, personajes para quienes es más importante dar a ganar dinero a particulares que preservar la seguridad de seres humanos que están en la mayor indefensión.
Eduardo Bours Castelo, el hombre que malgobernaba Sonora hace cuatro años, tiene responsabilidad en el asunto porque gente a sus órdenes embodegó material inflamable junto a la guardería ABC, hecho que los responsables de la guardería —entre otros una prima de la pareja presidencial de entonces— debieron denunciar ante el Ministerio Público, en la prensa y por todos los medios. Hay responsabilidad del citado Molinar Horcasitas porque él permitió el funcionamiento de las guarderías subrogadas en medio de las irregularidades señaladas y seguramente de otras igualmente peligrosas.
Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, en uno de sus fallos más absurdos, rechazó el dictamen del ministro Arturo Saldívar, para quien sí había responsables del múltiple infanticidio. Sólo los ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero se manifestaron en favor del dictamen, lo que mucho los honra, pero la mayoría optó por votar algo que se puede resumir en la fórmula “hay culpas, pero no culpables”.
De esta manera se tendió un manto de impunidad a favor de los responsables de la tragedia. Pero los padres de las víctimas siguen exigiendo justicia y con ellos muchos mexicanos. El nuevo gobierno federal no tiene por qué proteger criminales.