La Argentina de Kirchner se la juega con el Irán de los ayatolás – por Jonathan Schanzer

La Argentina de Kirchner se la juega con el Irán de los ayatolás – por Jonathan Schanzer

Tras descalificar a varios candidatos a las elecciones presidenciales del día 14, el Consejo de Guardianes de Irán ha reducido la lista de aspirantes a ocho. Destaca el hecho de que dos de ellos, Mohsen Rezai y Alí Akbar Velayati, son sospechosos de estar implicados en el atentado de 1994 contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelí Argentina) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.
Hasta hace poco, esto podría haber resultado problemático para un candidato a presidente. Pero el hecho de que el Gobierno argentino creara el pasado 20 de mayo una comisión conjunta para volver a investigar el atentado hace prácticamente seguro que los dos sospechosos (y sus cómplices) serán exonerados.

No fue sorprendente que el anuncio provocara la indignación de los judíos argentinos y del Gobierno israelí, el cual expresó su “estupefacción”. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el contrario, se muestra impasible. Parece más interesada en la conveniencia política de tener unas mejores relaciones con Irán. De hecho, su política en este sentido se parece a la de sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem, cuyas relaciones con Teherán en la década de los 80 permitieron a los iraníes desplegar los recursos con los que luego perpetró el atentado contra la AMIA.
La historia comienza a principios de los 80, cuando Irán, aislado por las sanciones occidentales, se aproximó a países lejanos para encontrar aliados en su “lucha antiimperialista”. La guerra de las Malvinas (1982) proporcionó la oportunidad perfecta para que la República Islámica manifestara su solidaridad con la dictadura militar argentina.
Al margen de su común antipatía por el imperialismo, existían otras razones que convertían a esa Argentina en un socio importante. En primer lugar, existía una amplia población musulmana en el país, y el régimen trataba de “exportar la revolución” allá donde fuera posible, incluyendo a Sudamérica. En su libro Pas az Bohran (“Después de la crisis”), Akbar Hachemi Rafsanyani,  expresidente del Parlamento, expresidente de la República y frustrado candidato a las elecciones del día 14, señalaba que la máxima prioridad era establecer mezquitas chiíes en Argentina.
Además, Irán estaba interesado en determinadas exportaciones argentinas, especialmente en el ámbito de la pesca y de los productos agrícolas, tal y como revelan algunas actas parlamentarias. En 1986, según declaració al diario Ettela’at el viceministro de Exteriores, Argentina se había convertido en el principal proveedor de trigo de la República Islámica.
La verdadera recompensa para Irán durante la guerra contra Irak entre 1980 y 1988 fueron las armas argentinas. Según diarios recientemente publicados, pertenecientes a los archivos de Rafsanyani, Buenos Aires rompió el embargo de armamento impuesto por Naciones Unidas enviando armas a los iraníes, y además sirvió de intermediario en envíos de un tercer país (posiblemente sea una referencia a Israel y a lo que se conocería como el caso Irán-Contra). Una entrada en las memorias de Rafsanyani, con fecha 20 de noviembre de 1984, revela “progreso en la obtención de armas de Argentina”, que fueron enviadas a Irán a cambio de petróleo.
La República Islámica también trató de revitalizar su programa nuclear con ayuda argentina. El 4 de diciembre de 1985, el director de la Organización de Energía Atómica, Reza Amrolahi, informó a Rafsanyani de que estaba preparando un memorando de acuerdo con Argentina, con la aprobación de Alemania, respecto a la construcción de la central nuclear de Bushehr. Sin embargo, según los diarios de Rafsanyani, los avances iraníes se veían obstaculizados por la negativa alemana a entregar los componentes a la República Islámica. Buenos Aires había condicionado la cooperación en materia nuclear con Teherán a que Berlín estuviera dispuesta a proporcionar el material.
Puede que las sucesivas Administraciones de Alfonsín y Menem consideraran que el asunto estaba zanjado, pero no contaron con el establecimiento y expansión de células operativas iraníes en suelo argentino por parte de Mohsen Rabani, agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires.
El primer ataque iraní fue el atentado suicida contra la embajada israelí en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, en el que murieron 29 personas y unas 250 resultaron heridas. El ataque, patrocinado por Irán, se produjo después de que Israel asesinara al secretario general de Hezbolá, Abás al Musawi, en febrero de ese mismo año. El mensaje enviado por la República Islámica era doble: Buenos Aires estaba al alcance de Teherán y los objetivos israelíes podían ser atacados en cualquier lugar del mundo.
Por supuesto, el régimen iraní jamás se responsabilizó del atentado. El parlamentario Ahmad Habibian acusó a la “arrogancia global” de haber organizado “el reciente accidente en Argentina” para “contrarrestar” la “ola de islamismo” que se extendía por el mundo, según consta en actas parlamentarias. Y mientras las autoridades argentinas acusaban a Irán de complicidad en los ataques, el presidente del Parlamento iraní afirmaba que dichas acusaciones se debían a la presión “americana y sionista” sobre Buenos Aires.
El 18 de julio de 1994, agentes iraníes llevaban a cabo otro atentado en Argentina, esta vez contra el centro comunitario de la AMIA, que resultó destruido por una potente bomba.
De nuevo, la República Islámica negó cualquier responsabilidad, pese a que una investigación subsiguiente descubrió que Irán y Hezbolá eran culpables. En Argentina, algunas autoridades parecieron remisas a señalar a Teherán. Es conocido el hecho de que el 2 de febrero de 1995 el viceministro de Exteriores dijo: “Los responsables (…) fueron terroristas argentinos y no la República Islámica”. Cuando han tenido que responder posteriormente a esas acusaciones, los parlamentarios iraníes han citado esas mismas palabras como primera línea de defensa.
Pese a la intensa oposición iraní y a ciertas interferencias domésticas, las autoridades argentinas lograron que la Interpol emitiera seis órdenes de detención por el atentado de la AMIA. Una de ellas contra Ahmad Vahidi, entonces jefe de la rama de operaciones extraterritoriales de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa de Irán.
Seis años después, ninguno de los destinatarios de tales órdenes ha sido llevado ante la justicia. La reciente creación, por parte de los Gobiernos argentino e iraní, de una comisión conjunta para investigar los atentados es una señal de que, con toda probabilidad, los cargos serán retirados a cambio de unos vínculos más estrechos entre ambos regímenes.
La fuerza impulsora de este acercamiento es la presidenta Kirchner, que parece haber aprendido poco de los errores de sus antecesores en el cargo. Con la reciente muerte de Hugo Chávez, es posible que crea que puede sustituir al difunto hombre fuerte de Venezuela como principal aliado de Irán en América Latina. Además, puede pensar que, acercándose a Teherán, podrá impulsar la moribunda economía argentina.
Durante los mandatos de Alfonsín y Menem, Argentina también prosperó gracias a unos vínculos más estrechos con Irán, y la balanza comercial entre ambos países fue positiva para la República Austral en los años 80 y a principios de los 90. Pero esa riqueza tuvo un precio: la proliferación de operativos iraníes, lo que permitió a Teherán poner a Argentina en el punto de mira cuando las relaciones empeoraron.
La historia parece estar repitiéndose. Las relaciones entre Teherán y Buenos Aires son más cordiales. Pero ¿qué pasará si Argentina no satisface en el futuro las exigencias iraníes? La comisión conjunta para investigar el atentado de la AMIA y la normalización que resultará de ella pueden abrir el camino a nuevos ataques.
* Jonathan Schanzer es  Vicepresidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD).