Seis meses

Roberto Gil Zuarth

Conforme el rito anual del Informe de Gobierno ha demostrado su inutilidad como ejercicio de rendición de cuentas, y en la medida en la que dicho ritual no se ha sustituido por rutinas de control sobre el desempeño del gobierno, se ha instalado en nuestro espacio público el hábito de hacer balances del curso de una administración en ciertas fechas aparentemente emblemáticas: los 100 días, los seis meses, el aniversario de la elección o de la toma de protesta, etcétera. En otras democracias, esos balances no requieren de cita o término especial: forman parte de la relación institucionalizada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de una cultura deliberativa que se toma en serio la fiscalización política y social del gobierno. Sin embargo, mientras la reforma política en ciernes resuelve esa anomalía de nuestro sistema político, es inevitable ceder a la inclinación de abonar al “corte de caja”. Más aún, cuando desde el propio gobierno se recurre al ceremonial celebratorio de la nueva meta temporal superada.

En estos seis meses, el gobierno del presidente Peña Nieto ha sembrado la percepción sobre su eficacia para resolver los problemas de la economía, de la seguridad y, también, de la política. El Pacto por México ha alentado la sensación de que el país está saliendo de una parálisis crónica y que, en consecuencia, avanzamos hacia condiciones de gobernabilidad reformista. Si bien el Pacto ha logrado dos reformas —la educativa y la de telecomunicaciones—, el imaginario colectivo asocia todo cambio a ese instrumento, incluso aquellas reformas que fueron aprobadas antes de que la idea siquiera existiera —la laboral o la de contabilidad gubernamental, por ejemplo—. La continuidad del Pacto, a pesar de las tensiones que provocó la evidencia de la intervención ilegal de gobiernos priistas en las elecciones en curso, es uno de los aciertos del gobierno peñista durante estos primeros seis meses, pues le ha permitido sostener esa imagen con la que se presentaron en campaña. Gracias a la esquizofrenia de la oposición, el presidente Peña puede ostentarse como un reformista con tan sólo un par de reformas.
La tan anunciada nueva estrategia en materia de seguridad no aparece por ningún lado. Sin reconocerlo públicamente, el gobierno apostó a que el velado repliegue de las fuerzas armadas trajera como resultado la disminución de la violencia en el país. Convirtieron en estrategia el argumento simplón de que a menor provocación del Estado, menos violencia. La realidad demostró el apetito expansivo de las bandas criminales y confirmó que la violencia está asociada a la disputa por territorios. Michoacán entró a una espiral de descomposición por el vacío de autoridad que han dejado tras de sí las vacilaciones del gobierno a enfrentar con determinación al crimen organizado. La violencia no ha disminuido por más esfuerzo que el gobierno hace por maquillar cifras. Eventos violentos de alto impacto empiezan a ocurrir en el centro del país, mientras el gobierno mantiene su política de no hablar de seguridad para que no sea tema. Seis meses de silencio y de una supuesta nueva estrategia no han logrado cambiar un ápice la situación de inseguridad. 
En seis meses ha quedado delineada la política exterior del nuevo gobierno. Se restablece la vieja política de las posiciones incoloras para no incomodar a nadie. El gobierno de Peña ha renunciado a tomar parte del impulso de la reforma migratoria en Estados Unidos, bajo el argumento de que se trata de una cuestión de política interna. Se resiste a establecer contacto con la disidencia cubana para no perder la anuencia del régimen castrista. Ha evadido fijar postura en la crisis postelectoral de Venezuela, como si el mundo no hubiese avanzado hacia la universalización de la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.
A la luz de los indicadores económicos del primer trimestre, la gestión económica del gobierno resulta sumamente preocupante. La magnitud y velocidad de los deslizamientos en el precio de las gasolinas muestran un claro propósito recaudatorio. El gasto total del sector público se redujo en 10.4% con respecto al primer trimestre de 2012, lo que significa que el gobierno inexplicablemente ha renunciado a promover el dinamismo de la economía a través de la inversión pública. Los ingresos petroleros disminuyeron en 9% y la recaudación del IVA en 4.8%, el mayor retroceso desde 2009. El crecimiento muestra el menor avance en más de tres años, desde que la economía empezó a crecer tras la crisis financiera mundial de 2008. El número de nuevos puestos de trabajo se redujo en 36.6% con respecto al mismo trimestre de 2012. La tasa de inflación anual aumentó 36%, también en relación con el mismo periodo. En suma, seis meses de menos inversión, menos empleo, más inflación y menor crecimiento.
Se ha ido el primer semestre de la administración. La eficacia del PRI sigue sin demostrarse. Pero no te preocupes, ciudadano, son sólo críticas.