29 marzo, 2016

¿Puede la democracia brasileña sobrevivir la caída de Dilma Rousseff?

Diogo Costa se graduó en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia y es candidato a un doctorado en economía política de King's College London. 
Magno Karl es un candidato a doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Erfurt. 
El escándalo de corrupción más grande en la democracia moderna de Brasil amenaza con derribar su gobierno. Cuando se analiza el proceso de destitución de Dilma Rousseff, los comentaristas se preocupan de que la democracia brasileña de 28 años puede que no sobreviva el conflicto entre el Estado de Derecho y el gobierno de la politiquería.
Para algunos, Brasil en 2016 se parece al Brasil de 1964, cuando un presidente civil fue destituido y reemplazado por un régimen militar. Comentando la manifestación más multitudinaria que alguna vez se dio en las ciudades brasileñas, el editorial de The Observer del 20 de marzo dijo que “las protestas [en Brasil], si no se controlan, podrían degenerarse hasta convertirse en una violencia generalizada, arriesgando una intervención de las fuerzas armadas”.



Las intervenciones militares usualmente son una causa de preocupación durante tiempos de turbulencia política en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las comparaciones con el golpe de 1964 ignoran los cambios económicos, institucionales y políticos que se dieron durante la última mitad de siglo. Las condiciones suficientes para que se diera el golpe de 1964 ya no se aplican al Brasil de hoy.
Antes que nada, las fuerzas armadas brasileñas son mucho menos relevantes hoy que hace algunas décadas. En 1964, las fuerzas armadas llegaron al poder con el respaldo público de líderes democráticos. Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda, posiblemente los políticos con mayores posibilidades electorales en ese entonces, respaldaron a las fuerzas armadas creyendo que los generales convocarían a nuevas elecciones. Es difícil imaginar a Marina Silva y a Aécio Neves, los dos candidatos más populares en las últimas encuestas, aceptando tal arreglo.
La alianza bizarra de 1964 entre los generales y los demócratas se dio luego de alegaciones de que las instituciones brasileñas eran incapaces de prevenir adecuadamente abusos de poder por parte del ejecutivo. Hoy, el hecho sorprendente es que qué tan bien las instituciones como la policía federal y el ministerio público están desempeñando sus funciones. Por primera vez en la historia democrática de Brasil, los políticos en funciones están siendo exitosamente procesados por acusaciones de corrupción.
El país ha desarrollado los mecanismos auto-correctores que no tenía hace cinco décadas, cuando cayó en un estado de excepción.
Si vamos a establecer paralelos históricos con la crisis actual de Brasil, es más preciso considerar el año 1992, antes que 1964. Siete años luego de la caída de la dictadura, y cuatro años antes de la introducción de la constitución federal de 1988, el nuevo Brasil democrático tuvo que destituir a su primer presidente.
La destitución de Fernando Collor de Mello puso a prueba las recientemente formadas limitaciones al poder, requiriendo que Brasil desarrolle una resistencia a la turbulencia política desde una edad muy temprana. Si a la presidente Rousseff, se le requiere que salga de la presidencia antes de que termine su segundo periodo, esta transición se daría en una república cuyas instituciones puede que no sean ideales, pero han madurado considerablemente.
Una mirada breve al caso legal a favor de la destitución de la señora Rousseff también muestra mayores similitudes con los cargos de corrupción en contra de Collor en 1992, que con la oposición ideológica a Goulart durante 1964.
La señora Rousseff se enfrenta a tres acusaciones principales:
  • Maquillar las cuentas fiscales;
  • Recibir financiamiento para su campaña presidencial a través del esquema de corrupción en Petrobras
  • Utilizar maniobras políticas para proteger a su antecesor Lula da Silva de una acusación criminal
Nadie niega la motivación política detrás de la destitución de Rousseff. No obstante, es difícil descartar el caso legal en contra de ella como un golpe de estado fabricado en el poder judicial.
Finalmente, los actuales partidos políticos han cultivado un ambiente en el que el poder es más equilibrado que durante la década de 1960. Si la señora Rousseff es destituida, el poder será desplazado hacia el PMDB, un partido centrista que ha trabajado durante las últimas décadas como el principal estabilizador del gobierno.
Según fuentes en la prensa brasileña, Michel Temer, el vicepresidente de la señora Rousseff, trataría de emular a Itamar Franco, el reemplazo de Collor en 1992. Como sucedió con Franco, Temer tendrá que negociar con los partidos políticos para que el gobierno funcione y para designar un equipo técnico en el frente económico, de tal manera que se restaure la confianza en la economía.
Un gobierno del PMDB no soluciona la crisis ideológica de largo plazo que sufre la élite política de Brasil. Los movimientos anti-corrupción de Brasil han repudiado a los políticos del establishment en todas partes, y el PMDB muy bien podría ser la personificación del establishment político.
Aún así, cuando se trata del proceso de destitución, hay muy poca evidencia de que un outsider no político podría tomar el gobierno de la señora Rousseff a la fuerza.
El fantasma militar de 1964 no tiene oportunidad de ser revivido.

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