La crisis tributaria en Argentina
por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
La semana pasada se registraron episodios de violencia en Buenos Aires donde manifestantes que protestaban por la escasez de alimentos y la inflación fueron atacados por partidarios de la presidenta Cristina Kirchner armados con palos. Los atacantes eran liderados por un enemigo declarado del sector privado que trabajó con el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
"Lo único que me mueve", dijo Luis D'elía, después de que su ataque a un manifestante fue grabado por las cámaras y sus acciones fueron justificadas por el jefe de gabinete de Kirchner, "es odio contra la puta oligarquía". Luego anunció que él y sus hombres patrullarán las calles para defender su visión de que los productores del país son inmorales. La policía nacional, que responde a la presidenta, no hizo nada para detener la violencia.
Desde 2003, Argentina ha estado creciendo rápidamente, más de 8% al año. Pero esto ha sido principalmente el resultado de la combinación de un repunte natural después de su colapso y el auge global de los commodities. Mientras tanto, hirviendo justo por debajo de la superficie se mantiene la contradicción fundamental que provocó la crisis de 2001. Aunque un peso fuerte hizo que los argentinos prosperaran en los 90, este era incompatible con la economía rígida y cerrada del país. La situación es la misma hoy: O se abre la economía, se hacen flexibles los mercados laborales y mejora el clima financiero o el gobierno se aferra a una política de un peso débil como una forma de compensar por un modelo económico poco competitivo y permite que la inflación regrese.
Al escoger la segunda opción, los Kirchner han ganado el apoyo del segmento de la economía leal a los principios de Juan Perón, el fascista argentino del siglo pasado. Estos incluyen a los sindicalistas militantes, burócratas del gobierno, la máquina política peronista y gente como D'elía, cuyos matones actúan como la policía informal de Kirchner. Pero al generar inflación y provocar escasez, la economía de Kirchner está alimentando un descontento general.
Los problemas recientes no comenzaron en Buenos Aires, sino en las provincias, en donde la agricultura es la principal actividad económica. Los agricultores se rebelaron a principios de este mes, cuando el gobierno anunció un incremento en los impuestos a la exportación de productos agrícolas. Las denuncias de que las nuevas tasas de retención del gobierno, es decir impuestos a la exportación, son casi una expropiación no están alejadas de la realidad.
Tomemos por ejemplo el caso de la soya. El nuevo impuesto a las exportaciones será incrementado de 35% a 44%. Pero ya que los agricultores también tienen que pagar un impuesto de 35% sobre sus ganancias, la tasa impositiva efectiva es significativamente mayor. "El agricultor termina pagando esencialmente un impuesto de 63% sobre sus ingresos brutos", dice Pablo Guidotti, decano de la escuela de gobierno de la Universidad DiTella. Si el precio de la soya sube, agrega Guidotti, la "tasa de retención" se incrementa hasta que el gobierno pueda tomar hasta 95% de cualquier incremento marginal en los ingresos brutos de los agricultores.
En respuesta a los aumentos de impuestos, los agricultores bloquearon las carreteras en cerca de 300 lugares en todo el país, prometiendo que no permitirían que los bienes llegaran a los mercados. Los efectos de esta decisión se han sentido en la capital, en donde manifestantes se han tomado las calles para apoyar a los agricultores y en contra de lo que dicen que es la arrogancia del gobierno. La huelga ya entraba a su tercera semana.
Kirchner dice que el aumento de impuestos es un mecanismo de redistribución, sugiriendo que los cultivadores y rancheros tienen que ser forzados a compartir más de su buena fortuna con otros. Pero la principal motivación detrás de este aumento impositivo es la inflación.
Según parece, el gobierno hará cualquier cosa para reducir la inflación excepto aquello que resolvería el problema: permitir que el peso se fortalezca. Ha impuesto controles de precios a los negocios, congelado y luego subsidiado los precios de la energía y prohibido las exportaciones de carne. El año pasado, despidió a la directora de la agencia estatal de estadísticas de inflación porque se rehusó a manipular las cifras. Incluso así, los precios subieron aproximadamente 20% en 2007 y las expectativas para este año se mantienen altas. Eso podría explicar la nueva ronda de impuestos confiscatorios. Al desalentar a los agricultores a enviar alimentos al extranjero, el gobierno cree que puede aumentar el suministro interno y ponerle freno a los precios.
Además de enfurecer a los agricultores y reducir el incentivo a producir, esto no hace nada para enfrentarse a las causas de la inflación, las cuales son la expansión monetaria y el fracaso de la economía de atraer inversión y expandir la capacidad de producción. Un peso fuerte y un compromiso del gobierno para respetar la propiedad privada es lo que se necesita para confrontar el alza en los precios.
En cambio, como buenos secuaces sin cerebro, desesperados por abrir hoyos a un dique que gotea, el equipo económico de Kirchner está moviéndose rápidamente, tratando de compensar por los múltiples errores de política de Kirchner sin liberar a la economía. La crisis de inflación es tan sólo el fiasco más reciente. Los subsidios para compensar a los nuevos impuestos a las exportaciones no deben tardar en aparecer.
Pero no importa. El poder de Kirchner no yace en un modelo económico racional. La idea de los Kirchner de dirigir una economía es imponer impuestos, prohibir, regular y subsidiar, si no es micro gestionar cada aspecto de la vida argentina para que ninguna decisión sea tomada sin consultarlo primero con ellos. Ellos son, en el fondo, autoritarios recalcitrantes al estilo de los que hubieron en los años 70.
Si le queda alguna duda, considere el hecho de que Néstor Kirchner invirtió los últimos cinco años desmantelando el sistema institucional de pesos y contrapesos para que cuando llegara este momento, todo el poder estuviera en el palacio presidencial. Él y su esposa ahora controlan al sistema judicial, la legislatura, el banco central, la policía nacional y los gastos discrecionales en las provincias. El único camino que queda para expresar descontento es la desobediencia civil.
Como vimos la semana pasada, ese camino puede estar cerrándose ahora que los Kirchner tienen su propio ejército en las calles de Buenos Aires, liderado por D'elía. La ira y la envidia detrás de la furia de esta multitud es lo que el kirchnerismo ha sembrado desde 2002. Aquellos que se atrevan a discrepar probablemente serán tratados con más salvajismo.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece haber llegado a una encrucijada. El desgaste político derivado de su polémica con el sector agropecuario en particular y, con la oposición en general, ha quedando en evidencia.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece haber llegado a una encrucijada. El desgaste político derivado de su polémica con el sector agropecuario en particular y, con la oposición en general, ha quedando en evidencia. La última manifestación convocada en la capital el martes 15 de julio, así lo demostró. La derrota oficialista en el senado terminó de confirmarlo. El voto del propio vicepresidente, Julio Cobos, inclinó la balanza evitando convertir en ley un decreto presidencial a contra pelo del sentido común. Con su actitud, el representante revalorizó el concepto de lealtad, marcando un hito en la historia.
Luego de una seguidilla de convocatorias que movilizaron a decenas de miles de simpatizantes por varias zonas del país, la confrontación final en Buenos Aires, un día antes de la votación, sirvió para resaltar las debilidades del aparato dirigido por Néstor Kirchner. Unas cien mil personas asistieron al acto que organizó frente al Congreso. El ex presidente, se dedicó a reiterar una vez más las demagógicas acusaciones de su discurso.
Simultáneamente, a seis kilómetros de allí, en Palermo, se reunió una multitud de más de doscientas treinta mil personas. Clamaban por la derogación de las detracciones aplicadas a la producción agropecuaria y al mismo tiempo, por un cambio de criterios en la conducción de la nación. Es la primera vez en la historia que el campo “invade” la capital. Y es la primera vez que la ciudadanía le brinda su respaldo de manera espontánea y fraternal.
No hubo enfrentamientos y ambas manifestaciones se desarrollaron con total normalidad. Argentina parece haber comenzado a reconocerse.
Es interesante observar la evolución de la organización ruralista, que en apenas cuatro meses logró un poder de convocatoria pocas veces visto. La existencia de un ideal común y el poder de las nuevas tecnologías, han contribuido a acortar las distancias y los tiempos. Internet y la telefonía celular, sumadas a las ganas de mucha gente, parecen haber sorprendido a los estrategas peronistas. Es que llevaban muchas décadas aplicando las mismas tácticas de bombo, prepotencia y hostigamiento que hoy, han quedado obsoletas y en evidencia.
Movilizadas por el kirchnerismo, unas cincuenta mil personas se habían congregado el 18 de junio, en Plaza de Mayo, para respaldar al gobierno. Un ejercicio de rutina para sus organizadores y hasta ese momento, un capítulo más en el largo enfrentamiento con el campo.
En esa ocasión, la presidenta habló unos veinte minutos. Lo más destacado de su discurso quedó plasmado en la frase: "En nombre de la Constitución y de las leyes, liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar". Hacía referencia a los cortes que los productores de todo el país sostuvieron durante algún tiempo, como medida de protesta contra los impuestos confiscatorios decretados por el gobierno.
Curiosamente, hace alrededor de dos años que piqueteros argentinos impiden el paso vehicular por los puentes internacionales que unen a ese país con Uruguay. La excusa alegada para mantener el bloqueo, en algún caso permanente, es la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo. Así protestan por el supuesto efecto contaminante que esa industria podría llegar a tener. Bajo la misma Constitución y las mismas leyes aludidas en su discurso, el gobierno de Cristina Fernández, al igual que el de su antecesor, su marido, Néstor Kirchner, tolera y de hecho respalda, la insólita medida. Es difícil encontrar un ejemplo más cínico de “doble discurso”.
El venezolano Carlos Rangel, en su libro “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, comenta en referencia al peronismo desarrollado en los años cincuenta, lo siguiente: “Juan Domingo Perón asumió el control de la Argentina en un momento cuando ese país había acumulado un excedente de recursos y de reservas monetarias, por exportaciones en brusco ascenso (…) En lo esencial, Perón se dedicó a liquidar ese excedente, y además creó en un tiempo asombrosamente corto un déficit (…) Los sectores recreadores de riqueza de esa economía, que seguían (y siguen) siendo básicamente las actividades agropecuarias, fueron castigados con severos gravámenes (en la peor tradición mercantilista hispánica) para financiar el aumento en los salarios reales de los trabajadores industriales y a la vez un descabellado proyecto de autarquía industrial. En general toda la estructura costos-precios de la economía fue trastornada artificialmente para dar satisfacciones inmediatas, psicológicas y materiales, a los ‘descamisados’…”
Como si el tiempo no hubiera transcurrido, el análisis anterior podría aplicarse para definir, a grandes rasgos, la idea política que orienta en la actualidad al matrimonio Kirchner- Fernández, más de medio siglo después.
Latinoamérica, en plena era democrática, avanza inexorablemente hacia la realidad. Formada desde un principio en las prácticas mercantilistas coloniales, dos siglos de independencia no alcanzaron para cambiar la forma de razonar de muchos representantes y representados. La mentira está instalada y la promesa fácil, alimentada por una ambición de poder sin límites, ha degradado la región hasta niveles de asombro. Una maraña legal de molde positivista y ambigua interpretación, hace imprescindible el visto bueno estatal para el desarrollo de cualquier actividad privada. En general, la libertad económica brilla por su ausencia. Con mayorías obtenidas a fuerza de populismo, se hace muy difícil cumplir con los ofrecimientos. En la práctica, los objetivos se vuelven confusos y las expectativas populares irracionales.
Basta con recordar que en setiembre de 1955, un golpe de estado terminó con el gobierno peronista de la época. Las movilizaciones, que habían sido habituales, continuaron a su manera. Comenta Rangel que “…los ‘descamisados’ hicieron algunas débiles manifestaciones a favor del dictador derrocado. Su consigna era lamentable: ‘Ladrón o no ladrón, queremos a Perón’ ”.
 La Liga Árabe criticó fuertemente la decisión de Moreno Ocampo. |
Los cancilleres de la Liga Árabe dijeron el sábado en una reunión de emergencia que acordaron un plan de acción para apaciguar la crisis entre Sudán y la Corte Penal Internacional (CPI), luego de criticar fuertemente la decisión del fiscal de solicitar el arresto del presidente del país africano.
Se reunieron en El Cairo, Egipto, después de que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, diera a conocer su decisión en contra de Omar al-Bashir por cargos de crímenes de guerra y genocidio en la región sudanesa de Darfur.
"El concilio opta por la solidaridad con la República de Sudán para afrontar esquemas que socavan su soberanía, unidad y estabilidad, y en la no aceptación de una posición que no es objetiva ni equilibrada del fiscal general de la Corte Penal Internacional", expresaron en una resolución al final del encuentro.
Los ministros de las 22 naciones que componen la Liga Árabe señalaron también que la determinación de la CPI deja un precedente peligroso.
El secretario general de la Liga, Amr Moussa, indicó que viajará a Sudán este domingo para discutir el plan, aunque se negó a develar los detalles al final de la reunión.
Moussa sugirió que los árabes trabajen de cerca con la Unión Africana (UA) y con Naciones Unidas (ONU) para proteger el proceso de paz en Sudán.
"Campaña genocida"
Anteriormente, Argelia había pedido a las otras naciones árabes que presionen al Consejo de Seguridad de la ONU para que detenga la orden de arresto contra el presidente de Sudán.
 Moussa viajará a Sudán este domingo para discutir el plan. |
A su vez, Sudán pidió a China, Rusia, la Liga Árabe y la Unión Africana que la ayuden a conseguir una resolución del Consejo de Seguridad que suspenda la orden de arresto por 12 meses.
El fiscal de la CPI, Moreno Ocampo, había solicitado el arresto de Bashir bajo la sospecha de ser el autor intelectual de crímenes contra la humanidad en la atribulada región de Darfur.
El fiscal acusa a Bashir de llevar a cabo una campaña genocida que mató a 25.000 personas directamente, de matar a otras 100.000 a través de una "muerte lenta" y de forzar a 25 millones a abandonar sus hogares en Darfur.
 |  | Javier Farje BBC Mundo |
 Santa Cruz es un foco de conflicto que puede llegar a afectar la dinámica regional. |
Pero no sólo se trata de una consecuencia de carácter puntualmente gasógeno.
El referendo autonómico que llevará a cabo este fin de semana Santa Cruz y sus posibles ramificaciones puede convertirse en un elemento de desestabilización a nivel regional.
En términos comerciales, la industria brasileña y los hogares argentinos podrían convertirse en víctimas del desabastecimiento.
Más de la mitad del gas que importa Brasil viene de Bolivia.
En el caso de Argentina, aunque este país importa menos de 10% de su suministro de gas, la llegada del invierno podría obligarlo a usar sus propias reservas, algo que el gobierno de Cristina Fernández quiere evitar a toda costa, ya que se están agotando.
 La fatla de abastecimiento del gas boliviano podría afectar a Brasil y Argentina. |
Y la mayor parte del gas boliviano provienen de las regiones que reclaman al gobierno la instauración de un régimen de autonomías: Santa Cruz y Tarija.
Pero el tema no es sólo energético. Según dijo a BBC Mundo el analista boliviano Winston Moore, de la empresa consultora Moore Asociados, las consecuencias regionales también hay que medirlas en términos de la emigración creada por una posible crisis política que derive en violencia.
Es este escenario el que más temen los países vecinos. De hecho, hace varios meses la cancillería argentina comisionó un estudio para determinar el posible impacto de un eventual conflicto en Bolivia.
Según las conclusiones de dicho estudio, "un mínimo de 600 mil y un valor máximo prudente de 1 millón de potenciales refugiados" se desplazaría a Argentina, y "el costo de mantener estos refugiados va desde un mínimo de US$438 millones anuales a un máximo de US$730 millones".
En términos políticos, el referendo para validar un estatuto autonómico previsto para este fin de semana en Santa Cruz también podría tener sus consencuencias.
El proyecto ideológico del Presidente Hugo Chávez, un aliado firme del presidente Evo Morales, podría sufrir un temblor con proyecciones de terremoto.
 Evo Morales ha obtenido el apoyo de Hugo Chávez en su disputa con Santa Cruz. |
De ahí que la reunión del ALBA del fin de semana fue de alto nivel, con dimensiones de cumbre presidencial.
Y es que la solidez del plan de Chávez depende en gran parte de la estabilidad de los países que participan en él.
"El proyecto (ideológico) de Hugo Chávez se ha expandido en los últimos años. Si lo de Bolivia se desbarrancara, que es una posibilidad, la viabilidad de esa alternativa como proyecto regional está en cuestión", dijo a BBC Mundo el profesor Luis Pasará, del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
"Lo que puede servir como elemento ilustrativo, del cual hay que alejarse, es que esa extrema polarización que ha propiciado el gobierno de Evo Morales, más o menos bajo el patrón de Hugo Chávez, no lleva a ningún sitio" dice Pásara.
Al mismo tiempo, la polarización boliviana es vista con una preocupación silenciosa pero genuina en Ecuador. Según Pásara, a la clase gobernante ecuatoriana le está sirviendo la lección boliviana para evitar caer en la misma crisis.
Un poco más cerca, otros dos vecinos de Bolivia, Perú y Chile, también miran con atención la crisis.
En Chile, el recientemente acercamiento con el gobierno boliviano puede verse nuevamente frustrado si la crisis política se agudiza.
Tal vez como reflejo de la preocupación regional, la Organización de los Estados Americanos está buscando ayudar y emitió el padado fin de semana una firme muestra de solidaridad al gobierno de Evo Morales exigiendo a los gobernadores regionales que busquen el diálogo.
Sin embargo, todavía hay que ver si este esfuerzo logra su efecto, mientras la región mira ansiosa los acontecimientos en un país que, en más de una ocasión, ha producido ondas de shock en la región.
