Los
generales
Pablo Hiriart
La detención y arraigo de tres generales del
Ejército por supuestos vínculos con el narcotráfico confirma que es necesario
crear con premura las condiciones para sacar a las Fuerzas Armadas de esa
lucha.
Desde luego en este momento sería imposible.
Pero tampoco la espera puede ser eterna.
Los candidatos presidenciales tienen que poner
un plazo perentorio y comprometerse a su cumplimiento. Una institución vital
para la república ha sido tocada, en sus más altas esferas, por el poder
millonario del narcotráfico.
Falta saber si en realidad los generales
Ángeles, Dawe y Escorcia, y el teniente coronel Hernández Soto en realidad
están vinculados a organizaciones criminales.
Conozco personalmente a uno de ellos, al general
Ángeles, y su
austeridad, forma de vida e interés por los asuntos del país no checan con la
gravedad de la acusación.
Habrá que esperar la investigación y sus
resultados.
Lo que sea es malo. Y si realmente están
inmiscuidos en delitos de narco, peor.
Hipótesis aparte, hay que sacarlos de esa tarea porque
es altamente corruptora.
El Ejército debió entrar a la lucha frontal y
total contra las pandillas criminales por
una necesidad inevitable, y no fue por capricho del Presidente.
La investigación de un delito consensual, en que
dos están de acuerdo (el que vende y el que compra), debe regresar a la esfera
de las autoridades civiles.
En lo que va del sexenio se han invertido 232
mil millones de pesos al presupuesto de seguridad.
Con esos recursos sólo se han formado 35 mil
policías federales. Tal cantidad de dinero es para que hubiera 200 mil, y no se
ha hecho. En lo gobiernos estatales tampoco se ha avanzado.
Ya llegó la hora de poner plazos. Así lo indican
las luces rojas que nos lanzan las detenciones de generales del Ejército.
Si el narco corrompe al comandante Pérez se le
sustituye por el comandante González.
Pero formar a un coronel en el Ejército toma 20
años. Y un general cuesta 25 o 30 años formarlo.
Mientras más tiempo se quede el Ejército en las
calles y en tareas de investigación y persecución del narco, peores serán los
resultados para la institución y para el país.
Los problemas a los cuales se va a seguir
exponiendo a nuestro instituto armado si no hay un pronto relevo en esa tarea,
son dos: vínculos con
el narco y derechos humanos.
Lo primero ya está a la vista, según las
acusaciones que se les formulan a altos mandos del Ejército.
Y el tema de derechos humanos los va a dañar
dentro de poco, pues su
formación no es la de policías civiles sino la de soldados para
actuar en tiempos de guerra.
Las investigaciones que hay en la CNDH son para
dejar helado a cualquiera. El problema es grave, y la respuesta no puede ser
ignorarlo.
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