El changuito ahora lo carga el Estado

Critica Digital

Casi 1.400 millones de pesos en subsidios a un selecto grupo de empresas aliadas del Gobierno no frenaron los aumentos de precios en lácteos, aceites y harinas de hasta el 30% en el último año.

Repartidor. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, junto a Pascual Mastellone, principal beneficiario de los fondos que el Estado distribuye para contener precios.

Durante el último año, el Gobierno gastó más de 1.300 millones de pesos en subsidiar a un selecto grupo de empresas del sector alimentario, encabezadas por Sancor y La Serenísima. Los productos de los seis rubros industriales beneficiados figuran igual entre los que más aumentaron sus precios desde que aparecieron las compensaciones, incluso según las cuestionadas estadísticas del INDEC. El dinero entregado equivale al presupuesto anual para Ciencia y Técnica y a un tercio de lo destinado al pago de planes sociales.

Inmersa en una dura pelea por la apropiación de las ganancias entre sus distintos eslabones, la cadena láctea fue la principal receptora de esas compensaciones. La parte del león fue para Sancor (que se alzó con 95,2 millones de pesos) y La Serenísima (121,6 millones). Otras 42 usinas menores embolsaron 97,6 millones en total, a razón de dos millones cada una. Varios miles de tamberos cobraron otros 79 millones, pero sólo durante los primeros meses del sistema.

Para la cooperativa más grande del país y para la nave insignia de la familia Mastellone, los subsidios equivalen aproximadamente a las pérdidas que registraron en sus balances de 2006. Por cada peso que facturan, unos siete centavos provienen del Fisco. Gracias a ese apoyo, Sancor presentó en febrero último su primer balance con ganancias desde la crisis de 2001, correspondiente al segundo semestre del año pasado. La compensación ya se transformó así en indispensable para el giro del negocio, en un contexto de precios y exportaciones reguladas.

El problema es que, en el mismo período en que se entregaron esos 271 millones de pesos a las usinas, entidades como el Centro de Educación al Consumidor (CEC) detectaron subas promedio del 30% en los lácteos. El mismo INDEC admitió aumentos del 25,9% en quesos semiduros como el paté gras o del 23,2% en el cuartirolo. La escalada se agudizó en el primer bimestre de este año y el otoño promete nuevos sobresaltos por la reducción de las lluvias que afecta las pasturas.

Los tamberos acusan a la industria y a las cadenas de hipermercados por el alza de los valores al público. Denuncian que un queso duro insume un máximo de 12 litros de leche fluida por kilo, lo cual representa un costo de materia prima de unos 10 pesos. A eso hay que sumarle la mano de obra y la amortización de las máquinas, pero en la cuenca lechera niegan que esto justifique precios que no bajan de 30 pesos el kilo.

La cadena triguera/harinera recibió en conjunto 419,6 millones de pesos. También ahí la mayor porción fue para el segmento más concentrado: los molinos (333,5 millones). Sólo la empresa Molino Cañuelas se llevó 120,3 millones. En simultáneo, siempre según el INDEC, la harina común subió 24,5%; los ravioles 23,8% y la panificación en promedio un 16,1%, el doble que el promedio de los alimentos.

Los subsidios son entregados desde principios del 2007 por la Oficina Nacional de Control y Calidad Agroalimentaria (ONCCA), aunque siempre influyó en ella el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. También los cobran los aceiteros y los faenadores de pollo, cerdo y ganado vacuno. Entre los primeros, los más beneficiados fueron Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. Esta última pertenece a la familia del senador kirchnerista Roberto Urquía, íntimo de la presidenta Cristina Fernández desde cuando revistaba en la Cámara alta y miembro del más selecto patriciado cordobés.

El mecanismo fue saludado en sus albores por la heterodoxia como un regreso del Estado a su papel regulador de la economía; pero las primeras notas disonantes se oyeron con el portazo que dio en marzo de 2007 el anterior jefe de la ONCCA, Marcelo Rossi, amenazado y luego desplazado por Moreno por no haber entregado dinero a las empresas que él le enviaba.

Tampoco faltan las sospechas por la transparencia de las asignaciones. El mercado del trigo, por ejemplo, es uno de los más informales del país, lo que complicó la entrega del dinero en un principio y desató lobbies insistentes para que no se exigieran comprobantes.

Moreno reaccionó simplificando los pagos. En enero destrabó 148 millones en un solo día.

El esquema se financió con un aumento de las retenciones a la exportación de soja, algo que también fue presentado como una política para redistribuir ingresos a favor de los más pobres. Pero algunas de las multinacionales acopiadoras que pagan esas retenciones más caras cobran las compensaciones por otra ventanilla como productoras de alimentos para el mercado interno. Es el caso de la estadounidense Cargill, que lleva recibidos 74 millones de pesos por su actividad en la molienda.

Los productores, faenadores e industriales se defienden con el argumento de la "agflación" (inflación agrícola), el último grito de la moda entre los economistas del mundo desarrollado. El término no hace más que describir el encarecimiento incesante de las commodities alimenticias que acrecienta mes a mes la recaudación de la AFIP y la rentabilidad del complejo sojero, pero que tiene por contracara una permanente presión inflacionaria tanto en los países ricos como entre los exportadores primarios del sur.

A rezar para que no falte la leche en el invierno

El Gobierno decidió extender nuevamente las compensaciones a los tambos, el segmento más atomizado de la cadena láctea.

Ante el riesgo de un nuevo desabastecimiento, lanzó un mecanismo por el cual los productores más pequeños reciben 7 centavos por litro de leche y los mayores, un centavo. La medida fue bienvenida por la Unión General de Tamberos y también llevó alivio a las usinas más grandes y más subsidiadas, que llegaron a quedarse sin leche cruda para sus productos elaborados.

Pero los dueños de tambos insisten en que las cuentas no cierran y advierten que a fines de marzo, cuando empiezan a menguar las pasturas por las menores lluvias, pueden volver a faltar lácteos en las góndolas.