Evo Morales demandado por genocidio

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El Fiscal General solicitó una audiencia con el presidente de Bolivia para comunicarle una demanda por "genocidio" presentada en su contra por las víctimas de Sucre.

El Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, pidió una audiencia con el presidente Evo Morales para comunicarle que ha sido demandado por "genocidio", por las tres muertes ocurridas en los disturbios de noviembre contra la Asamblea Constituyente.

Una portavoz de la Fiscalía confirmó hoy a Efe que Uribe envió una carta al mandatario para que lo reciba en audiencia y así poder informarle de los detalles de la proposición acusatoria en su contra.

En enero pasado, el Colegio de Abogados de la región de Chuquisaca, que representa a los familiares de las víctimas de Sucre, presentó una demanda de juicio de responsabilidades contra Morales ante la Fiscalía General.

El presidente está sindicado por el delito de "genocidio", dado que los demandantes argumentaron que la legislación penal boliviana permite una acusación de ese tipo cuando hay una "masacre sangrienta", que es lo que a su juicio ocurrió en Sucre a fines de noviembre pasado.

Las tres víctimas se produjeron durante las violentas protestas contra la Asamblea Constituyente que a puertas cerradas aprobó en primera instancia el proyecto de nueva Carta Magna que impulsa el gobierno de Morales, en un recinto militar y sin la oposición.

Los manifestantes protestaban además por la decisión de la Asamblea de no debatir la petición de Sucre de capitalidad plena. Es decir, el pedido de que la sede del Legislativo y el Ejecutivo vuelvan a Sucre, donde ya reside el poder Judicial (el Parlamento y el Gobierno están en La Paz desde la guerra civil de 1899).

Por estos sucesos, a Morales también se le acusa de presunta violación de los derechos y garantías constitucionales y de resoluciones contrarias a la ley.

La demanda alcanza también al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, por presunta violación de los derechos y garantías constitucionales, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y abandono de cargo.

De los mismos delitos son acusados el comandante de la Policía, general Miguel Vázquez, y otros dos jefes de esa institución.