Bolivia inicia la transición para controlar las empresas nacionalizadas

El gobierno de Bolivia inició una etapa de transición para tomar el control de cuatro petroleras y de una empresa de telecomunicaciones nacionalizadas el jueves, mientras las compañías extranjeras aún no se han pronunciado sobre las medidas.

Bajo la premisa de que la decisión era inevitable, "porque cierra el primer ciclo de la nacionalización de los hidrocarburos iniciada en mayo de 2006", el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, anunció un cronograma para consolidar el control estatal en las operaciones de las compañías gasíferas, en su nueva calidad de accionista mayoritario. "La decisión cierra un ciclo importante de la nacionalización que no sólo era recuperar los recursos naturales, sino las empresas", afirmó el ministro.

El presidente Evo Morales transfirió al Estado el jueves por decreto la mayoría accionaria de tres petroleras capitalizadas hace una década: Chaco (BP), Transredes (anglo-holandés Ashmore) y CLHB, de capitales alemanes y peruanos. También anunció la compra de acciones de la empresa Andina, filial de la española-argentina Repsol-YPF, para convertir a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en accionista mayoritaria.

Asimismo determinó la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), hasta ahora bajo control de la italiana Telecom a través de su filial Eurotelecom International (ETI).

Villegas precisó que desde ahora el Estado ejercerá la administración de las empresas petroleras y de Entel.

El ministro señaló que la transacción para la compra de acciones de Andina, filial de Repsol-YPF, se cerró en 6,3 millones de dólares y que en los próximos días se convocará a una junta de accionistas para conformar el nuevo directorio.

En el caso de Chaco (British Petroleum), Transredes (Ashmore) y CLHB, se pagará 4,8 millones de dólares, 12,6 millones de dólares y 20 millones de dólares, respectivamente, sin que hasta ahora las empresas estatizadas hayan expresado si aceptarán o no esas sumas.

El presidente de YPFB, Santos Ramírez, supervisó personalmente la toma de los campos petroleros y las instalaciones de las compañías, por orden expresa del presidente Morales, y el resguardo de sus oficinas por policías y militares. El titular de YPFB pidió a los ejecutivos de las empresas extranjeras aceptar la transferencia de sus acciones bajo las actuales circunstancias y los invitó a reanudar el diálogo para que participen en la administración.

En el caso de la empresa de telecomunicaciones, el gobierno nombró un interventor y ocupó las oficinas regionales en todos los departamentos del país. Según el decreto de nacionalización, se establece un plazo de 180 días para convertirla en una Sociedad Anónima Mixta.

En todos los casos, el gobierno anunció que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores.

Las compañías no se han pronunciado oficialmente sobre las medidas, pero según versiones de diarios locales, están evaluando el alcance de los decretos y no se descartan acciones legales y demandas ante tribunales internacionales.

En el marco del proceso de nacionalización de los hidrocarburos -iniciado en mayo de 2006- YPFB tomó el control consensuado en 2007 de dos refinerías que estaban en manos de la estatal brasileña Petrobras.

En la primera ola de nacionalizaciones, en mayo de 2006, Morales afectó a 10 multinacionales, entre ellas Petrobras (Brasil), Repsol (España), Total (Francia), British Gas (Gran Bretaña), Pluspetrol (Argentina) y Vintage (EEUU). Un año más tarde, el Estado boliviano legalizó 44 contratos de operación con las empresas concernidas.