El precio del consumo: Los estadounidenses financian los asesinatos de la policía mexicana

Por Mary Anastasia O'Grady
The Wall Street Journal

Las historias de consumo de drogas en universidades en Estados Unidos son tan comunes que el arresto de 75 supuestos traficantes la semana pasada en la Universidad Estatal de San Diego fue escandaloso sólo por el número. Aparte de esta ocasional redada, la guerra contra las drogas se ha convertido casi en un ruido lejano. Al menos en este país.

La indiferencia estadounidense respecto del uso de drogas contrasta con lo que ocurre en la frontera mexicana. Los procuradores de justicia en México han sufrido grandes bajas en un enfrentamiento con grupos criminales organizados que dirigen el narcotráfico. La semana pasada un jefe de la policía federal mexicana, Edgar Millán Gómez (coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía Federal Preventiva) fue asesinado por un sicario esperándolo cuando llegaba a casa, convirtiéndose así en la víctima más reciente y de mayor prominencia de la mafia.

Lo que demuestran las actividades de los estudiantes de San Diego es que aquí en la tierra de la demanda, la "guerra" no se toma tan en serio como en la tierra del abastecimiento. La agencia de noticias Associated Press reportó que cuando los agentes encubiertos decidieron investigar el narcotráfico en la universidad de San Diego, se sorprendieron lo sencillo que fue "infiltrarse" en las organizaciones criminales. Todo lo que tuvieron que hacer es mostrarse interesados en una sustancia cualquiera y aparecieron los proveedores.

Las transacciones en la universidad se realizaban "frente a los dormitorios, en estacionamientos o detrás de las casas de las fraternidades, a veces a plena luz del día y delante de cámaras de vigilancia", reportó la AP.

No es un secreto que el tráfico de narcóticos es como una infestación de cucarachas. Si uno ve un cargamento o un vendedor, puede estar seguro de que hay muchos más que no ha visto. Ese es el motivo por el que tal descaro en la universidad debería estar preocupando a quienes combaten el tráfico de drogas en EE.UU. Los signos de una infestación están por todos lados, burlándose de la afirmación de que en cualquier momento lograrán erradicar el uso de narcóticos en EE.UU., una frase que llevan 40 años repitiendo.

Pero si aquellos que combaten el consumo son perturbados por la falta de resultados, imagine ahora cómo lo debe ver México. Ese país ni siquiera produce cocaína, pero se convirtió en una ruta de tránsito hacia EE.UU. cuando las autoridades tuvieron cierto éxito al cortar el abastecimiento que venía del Caribe a finales de los 90.

Ese éxito no cambió el apetito de EE.UU. por las sustancias psicoactivas. En su lugar, las drogas comenzaron a fluir sobre tierra mexicana y los carteles locales se hicieron cargo. Ahora se cree que controlan la mayoría del tráfico desde los Andes hacia el norte. También son proveedores de marihuana y drogas sintéticas. La prohibición le da valor a su producto, porque los clientes en lugares como San Diego están dispuestos a pagar los costos extra que la ilegalidad genera. Un cálculo conjunto entre México y EE.UU. estima que más de US$10.000 en efectivo provenientes de la venta de droga fluyen entre ambos países cada año.

El resultado es que los estadounidenses financian los grupos de crimen organizado en México. Los gringos consiguen sus drogas y la mafia mexicana consigue sus armas, tecnología y los medios para comprar o intimidar a cualquiera que se quiera meter en su camino. Atrapado en medio de todo esto hay un país pobre esforzándose por desarrollar instituciones sólidas de orden público.

El problema para México es que incluso si entiende que la demanda estadounidense no va a desaparecer, no puede permitirse simplemente ceder una franja del país a los carteles de droga. Por lo tanto, Felipe Calderón, el presidente de México, le ha dado prioridad a la tarea de enfrentar al crimen organizado desde que asumió el poder en diciembre de 2006. El procurador general, Eduardo Medina Mora, me dijo en febrero que el objetivo es reconquistar la autoridad estatal donde se ha perdido frente a las mafias.

Pero luego de 17 meses de pelea, y mientras los estudiantes de San Diego están de fiesta, la victoria sigue lejana y el número de muertes en México sigue al alza. La mayoría de los asesinatos relacionados con las drogas desde que Calderón llegó a la presidencia parecen ser resultado de batallas entre carteles rivales. Sin embargo, la escalada de violencia es un problema. El número oficial de muertos atribuidos al crimen organizado desde que entraron en vigor las medidas de Calderón llega a 3.995. De ese número, 1.170 personas murieron este año.

Lo que es más alarmante es la tasa de asesinatos entre oficiales militares y de las policías federal, estatal y municipal. Ese número es de 439 durante los 17 meses desde la llegada de Calderón y tan solo este año van 109. Muchas de esas víctimas han sido policías ordinarios que se rehúsan a ser comprados o a hacerse a un lado y que les cuesta la vida.

Pero la muerte de Millán deja claro que los oficiales de alto rango no están a salvo. Sólo dos semanas antes de que fuera acribillado, Roberto Velasco, jefe de la división de crimen organizado de la policía federal recibió un disparo en la cabeza. Los asaltantes se llevaron su auto, lo que deja abierta la posibilidad de que haya sido un ataque fortuito, pero la mayoría de los mexicanos no cree esa teoría. Once agentes de la policía federal han sido asesinados en emboscadas y ejecuciones tan solo en las pasadas cuatro semanas.

Si las agencias policíacas de EE.UU. perdieran a sus mejores elementos a esa velocidad, podría apostar que los estadounidenses le dedicarían más tiempo a la violencia generada por la elevada demanda y la prohibición. Nuestros amigos en México merecen la misma consideración.