Gobierno argentino confirma gravámenes a exportaciones
La presidenta Cristina Fernández sorprendió el lunes a los productores rurales, con quienes está en conflicto, al anunciar que mantendrá las controversiales retenciones o gravámenes móviles a las exportaciones de soja y otros productos a fin de crear un fondo destinado a combatir la pobreza.
El anuncio se dio en momentos en que los dirigentes rurales esperaban una invitación formal a reiniciar el diálogo con el gobierno. En cambio, escucharon la ratificación de la vigencia del sistema de retenciones, motivo central de los tres paros rurales, el último de los cuales había concluido este lunes.
"Convoco a todos los argentinos a comprometernos, más allá de los discursos, al combate contra la pobreza y por la distribución del ingreso'', afirmó la mandataria en un mensaje por cadena nacional desde la Casa de Gobierno, rodeada de funcionarios y legisladores.
"No se puede solucionar el problema de la pobreza sin tocar la renta extraordinaria de los más beneficiados'', enfatizó Fernández, quien consideró a los productores rurales como el sector social que ha percibido los mayores ingresos en los últimos años, gracias a los altos precios internacionales de la soja y los granos.
El programa de redistribución social se formará con el producto de los gravámenes a las exportaciones, que será administrado por tres ministerios en forma descentralizada mediante convenios con las provincias.
En una de las primeras reacciones, el dirigente ruralista Mario Llambías dijo que "compartimos el criterio anunciado por la presidenta para darle destino a las retenciones'', aunque consideró que quedaron numerosos problemas pendientes.
El dirigente Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, sostuvo en cambio que "recibimos mensajes de nuestros afiliados de que hay mucho malestar'' tras el mensaje presidencial.
Horas antes, unos 100.000 camiones que estaban bloqueados en las carreteras de todo el país volvieron lentamente a circular el lunes por las rutas argentinas después que las organizaciones de productores rurales levantaron el tercer paro en los últimos 90 días contra gravámenes del gobierno a las exportaciones de soja y girasol.
El conflicto se convirtió en el más serio problema político enfrentado por la mandataria desde que asumió el poder el 10 de diciembre.
Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las organizaciones en paro, declaró el lunes a la prensa que "de los 300 piquetes (bloqueos), el 90% despejó las rutas a partir de la medianoche''.
Otro dirigente agrario, Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, expresó que, al levantar el paro, "cumplimos con lo que creímos nuestra responsabilidad con la sociedad''.
Sin embargo, el paro fue levantado a regañadientes en algunas rutas clave por sectores intransigentes de los productores, que amenazaron con reanudar los cortes si a la brevedad el gobierno no ofrece soluciones satisfactorias.
El ministro de seguridad y justicia, Aníbal Fernández, declaró el lunes que "todavía hay cortes de rutas en varios lados'' y añadió que grupos de productores "siguen impidiendo el paso de camiones con cereales y ganado'' en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, aunque admitió que en el resto del país la situación se normalizó.
El levantamiento de la medida de fuerza, que consistió en impedir la comercialización de granos destinados a la exportación mediante el bloqueo de los camiones que los trasladan, era una condición puesta por el gobierno para retomar negociaciones, que se interrumpieron en tres ocasiones desde el 11 de marzo.
El paro, además de enrarecer el clima político nacional, comenzaba a provocar desabastecimiento de alimentos y aumentos de los precios de artículos de primera necesidad.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se ofreció como mediador y convocó a una reunión negociadora al gobierno y a los productores rurales en la tarde del lunes. Los dirigentes del campo aceptaron de inmediato, pero el gobierno no concurriría al encuentro, por considerar que las medidas fiscales cuestionadas fueron dictadas dentro de sus facultades legales, por lo que una mediación estaba fuera de lugar.
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