Fernández deroga el impuesto de la discordia

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Cristina Fernández

La presidenta Cristina Fernández derogó ayer un polémico impuesto móvil a las exportaciones de granos que desató múltiples protestas y puso en crisis a su gobierno, un día después de que fuera rechazado por el Senado.

El anuncio fue formulado por el jefe de gabinete, Alberto Fernández, quien en conferencia de prensa en la casa de gobierno leyó el decreto firmado por la mandataria. En el documento oficial, la Presidenta ordena al ministro de Economía dar marcha atrás con la resolución ministerial del 11 de marzo que había establecido las nuevas retenciones (gravámenes).

''Ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia'', anunció el jefe de gabinete.

En marzo, el gobierno había fijado por resolución ministerial un esquema móvil de retenciones que ataba la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que para el caso de la soja, de la que Argentina es tercer productor mundial, implicaba un aumento de más del 10 por ciento.

Ahora que el nuevo esquema ha sido derogado, las retenciones volverán al 35 por ciento vigente hasta marzo.

''Con la derogación[...] creo que termina el conflicto y empieza una nueva etapa de negociaciones entre el campo y el gobierno'', declaró el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, al canal de noticias por cable C5N.

''Es lo que esperábamos, cumple con la voluntad del Congreso'', sostuvo al canal Todo Noticias (TN) Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, se manifestó ''gratamente sorprendido'' por la medida. ''Es lo que merecemos después de tantos meses de angustia e irracionalidad'', dijo a la prensa.

Desde su anuncio, el nuevo esquema desató la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos. Al reclamo del campo se sumaron varias protestas urbanas y ''cacerolazos'' en rechazo al gobierno.

El prolongado conflicto desató la primera crisis para el gobierno de Fernández, que asumió en diciembre, y provocó un fuerte descenso en su popularidad. Según un sondeo realizado en junio por la consultora privada Poliarquía, la imagen positiva de Fernández cayó 36 puntos en lo que va del año y se ubica en el 20 por ciento.

Para intentar destrabar el conflicto, la mandataria envió en junio al Congreso --donde el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras-- un proyecto solicitando la ratificación de las nuevas retenciones.

El jueves, el Senado rechazó el proyecto --que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados-- con el inesperado y decisivo voto del vicepresidente de la república, Julio Cobos.

La votación de la iniciativa había quedado empatada en 36 votos y Cobos --que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado-- definió la suerte del proyecto con su voto en contra.

El debate legislativo dejó en evidencia la crisis interna en el Partido Justicialista (peronista) --liderado por el ex presidente Néstor Kirchner, esposo de la mandataria-- y el Frente para la Victoria, una concertación de partidos impulsada por el matrimonio. Varios de sus congresistas votaron contra el proyecto oficial, lo que reveló las primeras fisuras en un frente que poco tiempo atrás parecía monolítico.

Pero fue la decisión de Cobos de rechazar el proyecto lo que terminó de dejar a Fernández expuesta a una crisis en el gobierno.

Según el argumento de la mandataria, las retenciones permiten una mejor redistribución de la riqueza porque impiden que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos.