Ecuador explica que no está en contra de inversión extranjera
GERARDO REYES
El Nuevo Herald
Un alud de demandas de multinacionales petroleras contra el Ecuador que ascienden a más de $13,000 millones en tribunales de Estados Unidos, ha puesto al gobierno de ese país a la defensiva para explicar que no se trata de una campaña de persecución de inversionistas extranjeros.
La advertencia en ese sentido la hizo recientemente en Miami el procuador general de Ecuador, Diego García Carrión, quien viajó a Estados Unidos para para coordinar la defensa con abogados que representan al gobierno ecuatoriano.
"No se pretende que los inversionistas salgan del Ecuador, no hay ningún interés de evitar que lleguen más inversiones, por el contrario'', afirmó el funcionario quien tiene entre sus responsabilidades la defensa de la nación en litigios legales.
Según García, el gobierno ecuatoriano figura como demandado en 12 casos radicados en cortes de Estados Unidos y en el tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
En uno de los casos, el gobierno aceptó pagar $100 millones como devolución de impuestos a fin de solucionar una disputa tributaria con la petrolera estadounidense Occidental Petroleum, según anunció en abril el Ministerio de Minas y Petróleos.
También han presentado reclamaciones, Chevron Texaco, City Oriente, Emelec, M.C.I. Power Group, Machala Power, Vatadur y Talleres Durán, Duke Energy Electroquil, Murphy Exploration, Perenco, Burlington Resources y Repsol YPF.
Si Murphy, Perenco, Repsol y Burlington, exigieran cada una un pago promedio de $400 millones, que es factible, la indemnización sería de $15,769 millones, una suma no muy distante de la deuda externa del país sudamericano, de $17,000 millones.
Algunas de los demandados argumentan que Ecuador les ha denegado justicia y además cambió las reglas del juego que regulan los contratos de concesión y explotación, gravando con impuestos hasta de un 99 por ciento a las ganancias extraordinarias de las empresas.
Occidental Petroleum radicó una demanda millonaria ante el CIADI por la anulación del contrato con Ecuador en el 2006, tras ser acusada de venta ilegal de acciones a otra empresa.
A la pregunta de si el discurso antiestadounidense del presidente Rafael Correa contribuye a la imagen de inseguridad jurídica en esta avalancha de pleitos legales, García explicó:
"No hay discurso inamistoso contra Estados Unidos, esto no es culpa del inversionista extranjero sino de la manera como se han manejado los procesos de contratación y de concesión de inversiones de parte de quienes han administrado el Ecuador'', señaló García.
Según García, quien fue nombrado procurador hace tres meses por la Asamblea Constituyente, el presidente Correa sólo "pretende poner el orden a la inversión para que haya un trato justo al Ecuador''.
A principios del año, el gobierno ecuatoriano invitó a las compañías petroleras a conversar sobre nuevas modalidades de asociación que podría llevar al cambio de los contratos de participación por unos de prestación de servicios.
García explicó que la mayoría de los casos empezaron antes del gobierno de Correa y otros, que se han radicado durante su mandato, tienen que ver con decisiones tomadas anteriormente como el caso de City Oriente, Perenco y Murphy.
Estos procesos tienen su origen en una legislación del 2006 que reformó la ley de hidrocarburos en relación con la participación en el excedente que se genera entre lo pactado en los contratos y el precio actual del petróleo, agregó García.
La posición del gobierno de Quito es que la diferencia se produjo a raíz de la esca- lada del precio del petróleo, lo que generó un desequilibrio financiero entre las ganan- cias que tenían las empresas petroleras y las de Ecuador, indicó el funcionario.
Por GERARDO REYES
El Nuevo Herald
En lo que un experto considera que es sólo una pequeña muestra de un problema mucho más extendido, el gobierno de Estados Unidos decomisó más de $15,000 a un pasajero que se disponía a tomar un vuelo a Cuba desde Miami sin autorización para llevar esa suma, según documentos de la corte federal.
La orden de confiscación, radicada la semana pasada, afectó a Leonel González, quien al ser interrogado por el origen del dinero explicó que lo recibió de Magaly García, identificada por la fiscalía federal como agente de viajes.
La suma de $15,344 en euros y dólares, fue hallada en un sobre sellado que González llevaba en un equipaje de mano. Gonzáles declaró que tanto el sobre como el equipaje se lo entregó García para que se lo llevara a la madre de ésta en La Habana.
González ni García tienen autorización del Departamento del Tesoro para transportar dinero a Cuba desde Estados Unidos, según la orden de decomiso firmada por el fiscal asistente Alison W. Lehr.Tampoco llenaron formas de transacción con dinero (CTR) como lo ordena la ley, agrega el documento.
Los antecedentes de la incuatación federal no explican el procedimiento mediante el cual las autoridades descubrieron el dinero cuando González se preparaba para tomar un vuelo de la compañía Gulfstream a La Habana en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 9 de marzo.
De acuerdo con registros de corporaciones de la Florida, García está vinculada a la agencia Havanatur & Travel Service, con sede en la calle 8 y la avenida 57.
El lunes El Nuevo Herald intentó comunicarse con la agencia pero respondía una grabación.
En el expediente federal no hay ninguna constancia de que González o García hayan presentado recursos para reclamar la devolución del dinero.
Gonzalez tenía en su poder un permiso para viajar a Cuba en el que, según la fiscalía, se prohíbe expresamente la transacción que intentaba hacer.
Un experto en viajes a Cuba dijo a El Nuevo Herald que, sin conocer el caso, y hablando en forma general, no le sorprende por cuanto hay muchas personas que están llevando miles de dólares a Cuba sin tener licencia para hacerlo, atraídos por las altas ganancias de la comisión que cobran por la entrega del efectivo en la isla.
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