12 septiembre, 2008

EEUU acusa a altos funcionarios venezolanos de apoyar a las FARC

El ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín habla con la prensa.  (foto de archivo del 30 de diciembre del 2007).
AFP/Getty Images
El ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín habla con la prensa. (foto de archivo del 30 de diciembre del 2007).

Estados Unidos acusó el viernes a dos funcionarios y al ex ministro del Interior venezolanos de apoyar las actividades narcotraficantes de las FARC y dijo que congelará sus bienes.

El Departamento del Tesoro denunció en un comunicado a Hugo Armando Carvajal Barrios, director de la Dirección General de Inteligencia Militar; Henry de Jesús Rangel Silva, director de la policía secreta venezolana DISIP; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien fue ministro de Interior y Justicia hasta hace una semana.

"Esta denuncia pone de relieve a dos altos funcionarios del gobierno venezolano y un ex funcionario que dieron armas, apoyo y fondos a las FARC, al tiempo que éstas sembraban el terror y secuestraban a personas inocentes", dijo Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extrangeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Añadió que "esta es la sexta medida en 10 meses contra las FARC".

Según el comunicado, Rodríguez Chacín es el "principal contacto del gobierno venezolano para las FARC en cuestiones de armamentos" y "ayudó a las FARC al tratar de facilitar un préstamo de 250 millones de dólares" del gobierno de Hugo Chávez a la guerrilla.

Aclara que "no podemos confirmar si el préstamo se materializó".

Carvajal Barrios, titular del Directorio de Inteligencia Militar (DGIM) protege los envíos de drogas (de las FARC) de ser incautados por las autoridades antidroga venezolanas y proporciona a los miembros de las FARC documentos de identidad venezolanos, dice el comunicado.

Rangel Silva, jefe del Directorio de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) "ha dado ayuda material a las actividades de narcotráfico de las FARC", añade.

Las acusaciones contra los tres conllevan multas millonarias y penas de entre 10 y 30 años de prisión, según el comunicado.

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