12 septiembre, 2008

Evo Morales invita a diálogo y declara el estado de sitio en la región de Pando

El presidente de Bolivia, Evo Morales, saluda a simpatizantes el viernes 12 de septiembre, 2008, en la localidad central de Quillacollo, que celebra el aniversario de su fundación. Morales anunció que envió una carta a los prefectos (gobernadores) opositores para un diálogo y dos ya aceptaron la invitación luego de violentos disturbios esta semana en los que murieron ocho personas.
Str / AP Photo
El presidente de Bolivia, Evo Morales, saluda a simpatizantes el viernes 12 de septiembre, 2008, en la localidad central de Quillacollo, que celebra el aniversario de su fundación. Morales anunció que envió una carta a los prefectos (gobernadores) opositores para un diálogo y dos ya aceptaron la invitación luego de violentos disturbios esta semana en los que murieron ocho personas.

El gobierno del presidente Evo Morales declaró estado de sitio en el departamento de Pando, al norte de Bolivia, donde el jueves violentos choques provocaron al menos ocho muertos, informó el ministro de Defensa, Wálker San Miguel.

Minutos antes, soldados del ejército tomaron el control del aeropuerto de la ciudad de Cobija, capital de Pando y fronteriza con Brasil y realizaron disparos para dispersar a los manifestantes.

San Miguel hizo el anunció en rueda de prensa junto al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo.

El gobierno dio a conocer el decreto de estado de sitio casi al mismo tiempo en que Morales iniciaba un diálogo con una comisión de los líderes opositores que promovieron protestas en cuatro regiones rebeldes al mandatario.

Varios gobiernos latinoamericanos manifestaron su respaldo a Morales ante la crisis. Incluso, el presidente venezolano Hugo Chávez manifestó el jueves su disposición a defender militarmente a Morales ante un posible movimiento en su contra.

Pero el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Luis Trigo, replicó el viernes a Chávez. "No permitiremos que ningún militar de fuerza extranjera pise territorio nacional", dijo Trigo, que se ha manifestado leal a Morales.

Trigo y los otros comandantes castrenses comparten frecuentes actos públicos con el mandatario, y recientemente expresó su apoyo al orden "legalmente constituido".

Más tarde, el canciller David Choquehuanca informó en rueda de prensa que "el problema tenemos que resolvernos entre los bolivianos".

Tras la invitación pública de Morales a los prefectos, el gobernador opositor de Tarija, Mario Cossío, dijo que viajará a La Paz tras haber recibido la carta y aceptado el pedido de una reunión.

En Santa Cruz al oriente, el secretario de Autonomía de la prefectura, Carlos Dabdoub, declaró que "todos comulgamos en que hay que buscar un punto de encuentro".

En un discurso en la región central de Cochabamba, Morales dijo que los grupos opositores autonomistas "tienen todo el derecho a rechazar la nueva constitución pero con el voto y no con la violencia".

Morales dijo que en la carta a los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija los convocaba a una reunión "inmediata" en La Paz y aseguró que llevará adelante un diálogo no sólo con ellos, también con alcaldes y dirigentes sociales y sindicales.

"El primer paso será pacificar el país y en segundo lugar ponernos de acuerdo en una metodología", dijo Cossío antes de viajar a La Paz.

Morales declaró persona no grata al embajador estadounidense Philip Goldberg y pidió su salida del país el miércoles tras acusarlo de confabular con sus opositores. El diplomático aún continuaba en Bolivia.

El viernes, un centenar de personas marcharon en la embajada estadounidense en La Paz para exigir la salida de Goldberg y reclamaron la libertad de presos cubanos en Estados Unidos. La policía redobló la vigilancia en el sector.

Aunque las protestas se iniciaron por la devolución de los fondos que el gobierno descontó a las regiones para pagar un bono a los ancianos, la disputa es esencialmente el rechazo de regiones que impulsan su autonomía al proyecto constitucional que promueve Morales, la misma que debe ser aprobada en referendo.

Morales reiteró que está dispuesto a "compatibilizar" el proyecto constitucional con los estatutos de autonomía que las cuatro regiones aprobaron en consultas regionales desautorizadas por el gobierno.

La violencia se desbordó el martes en Santa Cruz reducto opositor en el oriente con la toma y saqueo de oficinas del gobierno y empresas estatales. Se extendió a Beni y Tarija donde se registraron tomas y saqueos.

El jueves, choques entre grupos leales a Morales y militantes opositores autonomistas dejó ocho muertos, la mayoría por bala, y 36 heridos en Cobija al norte de La Paz, fronteriza con Brasil y capital del departamento amazónico de Pando. Seis de los fallecidos son campesinos.

Pastora Gonzáles, una habitante del lugar donde se produjo el choque armado, dijo el viernes a radio Fides que un cadáver más apareció flotando en el río ante versiones de que los muertos serían más. El gobierno no confirmó la versión.

La representante a Naciones Unidas, Yoriko Yasukawa, anunció que una misión humanitaria viajará a la zona "para acompañar los esfuerzos de pacificación".

El gobierno perdió el control de las cuatro regiones donde las oficinas gubernamentales fueron intervenidas por opositores y el viernes había relativa calma, sin informes de choques.

En Santa Cruz, donde comenzaron los disturbios, el comercio estaba cerrado ante el temor a saqueos. En el resto del país la situación era de normalidad.

La escasez de combustible y de algunos alimentos básicos debido a los cortes de ruta hacían más complicada la situación en las zonas de conflicto.

Tanto el gobierno como líderes opositores regionales se culparon de la violencia y las muertes.

En Brasilia, marco Aurelio Garcia, asesor del presidente Luiz Inacio Lula da Silva para asuntos internacionales dijo que el grupo de países amigos de Bolivia, constituido por Argentina, Colombia y Brasil, intenta gestionar un diálogo entre el gobierno de Morales y la oposición.

La meta, según el asesor, es evitar que la crisis desencadene en una situación como la que provocó la caída de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003.

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