Se agudiza pugna legal por referendo en Bolivia

Por Carlos Alberto Quiroga

LA PAZ (Reuters) - El Gobierno izquierdista de Bolivia rechazó el martes una decisión de la máxima autoridad electoral del país de bloquear un referendo constitucional convocado para diciembre, agregando una disputa jurídica al largo conflicto político que golpea al empobrecido país.

El referendo del 7 de diciembre fue convocado la semana pasada mediante decreto por el presidente Evo Morales, pero la Corte Electoral (CNE) dijo el lunes en una carta al mandatario que no dirigirá ese proceso por existir "impedimentos legales," planteando en cambio que la consulta sea convocada por ley.

"Esta simple misiva (de la CNE) carece de fundamento legal, no tiene ningún efecto vinculante; mediante una nota no se puede sugerir ni pretender suspender un acto electoral convocado legal y constitucionalmente por el Presidente," dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce.

Su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró en la misma conferencia que el Gobierno "va a seguir insistiendo en la legitimidad y legalidad del decreto supremo (de convocatoria al referendo) y por la vía legal y legítima en cualquier otro recurso" para realizar la consulta en diciembre."

Quintana anunció que el Gobierno "seguirá trabajando sin tregua para finalmente llegar a ese momento que todos los bolivianos deseamos: que el pueblo defina con su voto si está de acuerdo o no con la nueva Constitución."

El choque entre el Gobierno y la CNE ocurre mientras la oposición, fuerte en las regiones más ricas del país, anunciaba protestas contra el referendo por el cual Morales aspira a refrendar una nueva carta magna de corte indigenista-socialista.

Arce ratificó una declaración previa en sentido de que el mandatario indígena sólo fijó la fecha de un referendo que, según el Gobierno, ya estaba convocado por una ley de marzo pasado.

Junto con la consulta sobre la nueva Constitución, que es resistida por la oposición por considerar que busca convertir a Bolivia en una nueva Cuba, Morales también convocó a elecciones para reemplazar a dos autoridades regionales destituidas en un referendo revocatorio del 10 de agosto, ganado por el Gobierno.

La CNE también prohibió, por considerarlos ilegales, procesos electorales recién convocados por los prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.

La oposición, parapetada en Santa Cruz -el motor económico del país-, ha iniciado procesos de autonomías de los cuatro distritos que controla en un abierto desafío a Morales, un líder cocalero de fuerte discurso "anti imperialista" y aliado del presidente izquierdista venezolano Hugo Chávez.

DISPUTA LEGAL

En marzo, la CNE prohibió un referendo convocado por el Congreso para poner en vigencia la nueva Constitución aprobada en diciembre del 2007 por una Asamblea Constituyente, la cual fue boicoteada por la oposición.

La CNE desautorizó también entonces cuatro referendos regionales de autonomía, pero los prefectos opositores siguieron esas consultas y aprobaron sendos estatutos de autogobierno.

"Siendo coherentes con nuestra decisión de marzo, en apego a la ley, hoy volvemos a decir que el referendo constitucional sólo puede ser convocado mediante una ley, no por decreto," dijo el presidente de la CNE, José Luis Exeni, en la noche del lunes.

El ministro Arce replicó que la CNE "no es órgano de control constitucional" y remarcó que "mientras no haya una sentencia del Tribunal Constitucional de presume la constitucionalidad del decreto de convocatoria al referendo."

Quintana señaló que, además de las razones legales, el Gobierno estaba respaldado por "una voluntad mayoritaria, un pronunciamiento ciudadano sólido en el referendo de agosto (que ratificó a Morales con más de 67 por ciento de votos), que está pidiendo que se concluya el proceso constituyente."

Los llamados "movimientos sociales" que apoyan a Morales exigieron la convocatoria al referendo mediante decreto para romper el bloqueo de la oposición derechista al proyecto de "refundación" constitucional de Bolivia, con más poder para los indígenas y un modelo económico controlado por el Estado.

El gobernante firmó la convocatoria menos de tres semanas después de obtener una abrumadora victoria en un referendo de mandato y tras fracasar en un diálogo con la oposición, en el que dijo que quería compatibilizar las demandas regionales de autonomía con el cambio constitucional.