Juez Garzón abre primera investigación sobre la Guerra Civil española

EFE

El juez Baltasar Garzón anunció el jueves la apertura de la primera investigación judicial sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil española y, entre otras medidas, ordenó abrir 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la que supuestamente alberga los restos de Federico García Lorca.

En un auto de 68 páginas, Garzón responsabiliza a Franco y su régimen de ordenar "matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas contra sus opositores políticos", provocando la desaparición de miles de personas.

El magistrado de la Audiencia Nacional explica que durante la conflicto fratricida (1936-1939) y el periodo posterior de dictadura que llega hasta 1952, se produjo un delito catalogado en los crímenes contra la humanidad.

"El suplicio para los familiares de los desaparecidos ha sido permanente, porque no supieron si las víctimas fueron ejecutadas, desaparecidos o si estaban vivos o muertos", escribe Garzón.

A partir de esa fecha, y aunque Franco gobernó hasta su muerte en 1975, Garzón entiende que la represión fue menor o al menos no tan sistemática.

En concreto, durante estos 16 años, el juez contabiliza 114.266 personas desaparecidas y dispone que deben atenderse todas las peticiones de familiares para abrir las fosas comunes en las que descansen los restos de sus seres queridos.

Hasta la fecha, se ha solicitado la apertura de 19 tumbas. Una de ellas, situada en la localidad de Alfacar, en la provincia andaluza de Granada, es en la que se supone permanece enterrado el poeta García Lorca, fusilado por las tropas de Franco en 1936.

El texto de Garzón cierra para muchas víctimas una página negra de la historia de España. Para otros, simplemente, reabre la cicatriz de una herida todavía demasiado fresca. Más de 500.000 personas murieron durante una guerra en el que ambos bandos cometieron numerosas atrocidades.

De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que recurrirá el auto de Garzón, porque considera que los delitos perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977.

Aquella ley intentó abrir camino a una España de futuro sin rencores. Sin embargo, es cierto que las víctimas del general Franco, que se alzaron contra el gobierno republicano de la época, siempre obtuvieron un reconocimiento del que se vieron privados los perdedores del conflicto, muchos de los cuáles murieron, desaparecieron sin dejar rastro o se vieron forzados al exilio en Latinoamérica y Europa.

Garzón imputa al propio Franco y a otros 34 altos funcionarios y generales próximos al dictador la responsabilidad penal por estos crímenes contra la Humanidad y exige a los registros civiles los certificados de defunción que les eximan, por causa de muerte, de los cargos de los que se les acusa.

Con la mayoría de personas vinculadas con la dictadura muertas y relegadas a los capítulos más oscuros de los libros de historia, será muy difícil que finalmente alguien se siente en el banquillo de los acusados para responder por esta causa.

Por si acaso, el magistrado pide al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española, el partido político de ultra derecha en el que se apoyó Franco, para determinar si han fallecido o si todavía es posible procesarlos.

Garzón llevaba un mes recopilando datos para decidir sobre su jurisdicción en este caso y, precisamente, ha hecho coincidir su decisión de abrir la investigación con una fecha muy señalada. Este 16 de octubre se cumplen diez años desde que el juez ordenase la detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres.

Además, el auto culmina un proceso iniciado a finales de 2007, cuando el Parlamento aprobó la llamada Ley de la Memoria Histórica, un texto presentado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y rechazado por el conservador Partido Popular que pretendía restituir el honor y el nombre de los miles de represaliados por el franquismo.

Desde entonces, el trabajo incansable de decenas de asociaciones de víctimas con más de 20 denuncias presentadas ante el juez Garzón permitirá ahora la búsqueda y localización de forma inmediata de muchos de los centenares de miles de desparecidos.