El apogeo del retroceso

El proyecto de estatización de las AFJP sienta jurisprudencia para que el Gobierno recurra al dinero de la gente según sus necesidades coyunturales.

No hay duda de que son días complicados, quizás mucho más de lo que se observa a simple vista, o posiblemente, de una problemática más seria que la que pretenden hacer creer a la ciudadanía. Aquel escenario que se adjetiva “negro” no pasa únicamente por la estampida del dólar la Bolsa de Comercio. Está claro que el tema con las AFJP divide las aguas en la ciudadanía. No se lo trata, lamentablemente, como una causa común: hay quienes no están satisfechos con la actitud del gobierno pero, simultáneamente, cuestionan la ineficacia de las administradoras privadas. Es decir, entienden que algo debe hacerse al respecto pero distan considerablemente de adherir a la metodología kirchnerista: o sea, “la legitimación del saqueo”. Por otra parte, están aquellos que no se detienen a analizar la conducta de las entidades administrativas, y ponen el énfasis de su reclamo en el avance oficial sobre fondos particulares y privados. Estos, seguramente, ven más allá de esta medida, un avance sin freno del kirchnerismo para llenar las arcas con las cuales hacer frente a los compromisos del 2009, entendiendo claro que la prioridad está en el advenimiento de los comicios. Otro sector se siente ajeno a todo aquello, y son pocas las voces que se alzan para mostrarles el error. O tal vez son muchos los medios que no se hacen eco de esa alocución. Ahora bien, si caemos en la polémica acerca de quién administra mejor los fondos previsionales, y no atendemos el marco y el modo con el cuál se está llevando a cabo la institucionalización del atraco, se corre el riesgo de perder, peligrosamente, el foco del conflicto por el que atravesamos. En consecuencia, el Gobierno obtendrá una supuesta “victoria”, y es allí donde se centra lo grave del tema. Pues, ese “triunfo” oficial no es sino una derrota de y para la sociedad. Con esta premisa, estamos diciendo que la puja que se está dando es, ni más ni menos, que entre el gobierno y los ciudadanos. Y aunque no sea la primera vez que suceda, plantearlo de esta manera puede resultar extremista cuando, en rigor, es la realidad en sí misma. Las AFJP – aún sin inocencia en su haber – son o debieran ser un intermediario a considerar y juzgar después de dilucidar cómo evitar el saqueo. Y es que los fondos que pretenden se queden a “resguardo” del Estado, son los depósitos que han hecho -con miras a su retiro laboral-, los ciudadanos. Es así aún cuando éstos no puedan hacerse de ellos en forma tangible y concreta. Es decir, el hecho de no poder retirar los billetes y guardarlos en el bolsillo o en la cartera, a lo mejor, torna difusa la comprensión de la propiedad que tiene el pueblo sobre aquello que está a punto de ser usurpado con aval parlamentario. Parece apenas un traspaso de dinero, de unas manos ineficientes a otras inoperantes, y sospechosas. Como sea, se trata de un manejo arbitrario y prepotente del poder político, inadmisible en el contexto democrático que hace apenas unos días se ha festejado. Pero la gravedad de la situación va más allá de la hegemonía del matrimonio presidencial, y su avance sobre el régimen constitucional. La maniobra en cuestión sienta jurisprudencia para que el Gobierno recurra al dinero de la gente según sus necesidades coyunturales. Hoy son las AFJP pero mañana pueden ser las cajas de ahorro, los depósitos, etc. Porque los argumentos que pretenden calmar los ánimos son demasiado abstractos: los bancos están fuertes hasta que dejan de estarlo, y las reservas se esfuman a diario. Sin ir más lejos, desde la asunción de Cristina, 4500 millones se han evaporado. La complejidad de esta situación lleva, a veces, a planteos que, paradójicamente son funcionales al oficialismo porque no se trata de ver en el horizonte al comunismo irrumpiendo en la Casa Rosada, ni de Marx o Lennin remplazando a Hegel, filósofo que, según su propia confesión, guía a Cristina. Se trata, más sencillamente, de una estructura de poder que ante el descalabro pretende fortalecerse, y en vez de buscar establecer políticas de Estado concretas y consensuadas, ejecuta una suerte de robo comando. Tal es la infraestructura que pone en juego para ello, que es difícil desenmarañarla y frenarla antes de consumado el asalto. El bloque oficialista copa los micrófonos y el aparato comunicacional, distrae. La ANSES aporta el vehículo, obra cual transportadora de caudales, y los Kirchner se lanzan a la oratoria desde atriles diferentes pero con la misma retórica: “No se trata de estatizar los fondos”. Casi a dúo sonó la excusa en Ecuador y en Florencio Varela. Justificación forzada por la medida tomada por el juez Griesa en Norteamérica. Medida que no entraremos a analizar pero que tiene una lectura implacable por demás: hasta los foráneos se han dado cuenta del modo cómo el gobierno pretende hacerse del dinero del pueblo. La imagen del país sigue, consecuentemente, en su apogeo. Es decir, en el apogeo del retroceso. Ante estas circunstancias, más otras cuantas que se suman a lo cotidiano, y que no admiten tanto maquillaje ni fogoneo: la inseguridad, el malentendido garantismo jurídico, la salud pública colapsada, la educación vilipendiada, la inflación de la cual ya casi ni se habla…, etc.; el país se va deshaciendo, y 25 años de democracia aparecen entonces como un motivo de festejo pero también de nostalgia. Nadie cuestiona los elogios que cosecha la siembra del líder radical contemporáneo por antonomasia, pero es extraño que nadie recordara aquella hiperinflación que fue devastadora para el doctor Raúl Alfonsín, aun cuando es digno rescatar su sinceridad frente a la crisis. En lugar de negarla interviniendo el INDEC, dio un paso al costado, y hoy, ese hecho, se destaca y merece reconocimiento. Lo cierto es que si Alfonsín, se convirtió en el icono democrático, habría que atender sus palabras, aunque deberían ser obvias o advertirse en su ejecución diaria. Porque, qué sorprenda y se destaque el pedido de diálogo al que aludió el ex Presidente en su último discurso, es revelador de una actualidad irreverente. ¿En qué país democrático, medianamente serio, la comunicación entre los diferentes sectores e incluso entre oficialismo y oposición no es una práctica fundacional de esa democracia? ¿Puede haberla si no existe el intercambio de ideas y posiciones? No se trata únicamente de que existan debates parlamentarios, en ocasiones, más parecidos a monólogos entre sordos, sino al entrecruzamiento de criterios objetivos y razonamientos precisos para enriquecer aquello que desea implementarse como ley en lo sucesivo. Esta actitud, lamentablemente se rescata en unos pocos. Por todo lo dicho, en estas circunstancias, lo que está en juego no son simplemente los fondos previsionales sino la continuidad, y el avance de un sistema que dista de ser aquel que se ha instaurado hace 25 años. Quizás eso explique la melancolía que generó el aniversario y sea, a su vez, lo que revele por qué Raúl Alfonsín y algunos de sus seguidores en el cargo, parecen hoy grandes próceres y estadistas intachables que no han cometido errores ni arbitrariedades pese a que han sido y son humanos. Y es que al lado de quienes han llegado a Balcarce 50 hace casi seis años, el hombre capaz de alzarse como el artífice del cambio hace un cuarto de siglo puede incluso ser comparado con cualquier prócer magno, sin que se recuerde cómo, cuándo y a quién legó la banda, el cetro y el mando. Todo está trastocado por un presente de escándalo. La democracia debe entenderse como un ejercicio cotidiano y no como una mera apertura de urnas cada cuatro años. De no ser así, el viaje de Guatemala a Guatepeor puede ser tan corto que no da tiempo siquiera a percibir cuántas estaciones han pasado desde la partida hasta el andén donde hoy estamos varados. © www.economiaparatodos.com.ar