El Congreso de los EEUU aprueba más fondos para el Plan México

El proyecto de ley para los gastos de la guerra de Afganistán también incluye otros 175 millones de dólares para la guerra contra el narcotráfico en México

Por Erin Rosa y Fernando León

Una medida aprobada por el Congreso de los EEUU para proporcionar recursos de emergencia para la guerra en Afganistán está siendo utilizada por los legisladores estadunidenses para proveer 175 millones de dólares adicionales para apoyar la guerra contra las drogas este año en México. El martes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley presupuestaria referida como el acta de apropiación suplemental 2010, que además de proporcionar US$60 billones para la guerra en Afganistán también asigna más fondos al “control internacional de narcóticos y aplicación de la ley” en México.

El dinero será supervisado por el Departamento de Estado e irá destinado a “una reforma judicial, construcción de instituciones, actividades anticorrupción y a favor del Estado de Derecho” en México hasta el 30 de septiembre del 2012, de acuerdo con el texto del acta proporcionada por la Biblioteca del Congreso. Luego de que el Senado aprobó la ley de asignaciones, la medida irá ahora al presidente Barack Obama para su aprobación.

Generalmente, los proyectos de ley para asignaciones presupuestarias están hechas por los legisladores para añadir fondos al presupuesto actual para emergencias, fondos para la guerra, o desastres naturales. Pero la reciente medida también está siendo utilizad para impulsar la Iniciativa Mérida (Plan México) del Departamento de Estado, un pacto de seguridad de 2008 en el que los EEUU proporcionan capacitación y equipo para la policía y fuerzas armadas mexicanas para librar la guerra contra las drogas. Además de los US$175 millones, actualmente, el departamento está solicitando US$450 millones del dinero de los contribuyentes estadunidenses para financiar la Iniciativa Mérida este año.

Esta no es la primera vez que legisladores estadunidenses utilizan proyectos para asignaciones adicionales para la guerra contra las drogas en México. De acuerdo con registros gubernamentales, en 2009 el Congreso otorgó US$160 millones al Departamento de Estado por la misma razón que se argumenta en el proyecto de la semana pasada: para promover la “reforma judicial”, la “construcción de instituciones” y para “actividades anticorrupción”. En 2008 los fondos fueron US$73.5 millones, por las mismas razones.

Pero la iniciativa no solo ha fracasado en detener la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas, tampoco ha proporcionado rendición de cuentas sobre derechos humanos, especialmente en relación con las fuerzas armadas en el país. De hecho, esta misma semana se reveló que en el sexenio de Calderón ha habido más denuncias por violaciones a los derechos humanos en contra de militares que nunca antes. E incluso con las 4,035 quejas registradas desde 2006, sólo 56 miembros del ejército han sido reprendidos desde entonces, según admite el propio gobierno.

Además de eso, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el órgano de investigación del Congreso, encontró en un reporte la semana pasada que el Departamento de Estado no tiene siquiera una forma clara para medir el éxito de la Iniciativa Mérida en la lucha contra el tráfico de drogas. Y en México, desde que la iniciativa fue implementada en 2008, más y más personas siguen muriendo como consecuencia de esta guerra.

Sin embargo, a pesar de que México no ha cumplido con las disposiciones más básicas en materia de derechos humanos contenidas dentro del lenguaje legislativo de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado continúa defendiendo el programa—al mismo tiempo que se estima que 25,000 personas han muerto a consecuencia de la violencia de la guerra contra las drogas desde que Calderón le declaró la guerra a grupos narcotraficantes en 2007.