Bolivia: Deuda con Venezuela sube en más de 800% – La Razon

La deuda de Bolivia con Venezuela se multiplicó en más del 800% en los últimos cinco años, principalmente por el incremento en la importación de diesel para el mercado interno. Desde el 2006, la deuda subió de $us 32,6 millones a 315,2 millones.

Según el Estado de la Deuda Externa Pública de Corto, Mediano y Largo Plazo del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa de Bolivia al 28 de febrero del 2010 llegó a los $us 2.788,7 millones.

La deuda con Venezuela ha venido incrementándose desde el año 2006 ($us 32,6 millones) cuando el Gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empezó a importar diesel oil de ese país para garantizar el abastecimiento de carburantes en el mercado interno. Antes del 2006, Bolivia importaba el carburante desde la Argentina.

Actualmente, la deuda con Venezuela llegó a los $us 315,2 millones, es decir, el incremento de esta deuda bilateral desde el 2006 es de 866,9%. Venezuela, junto a la CAF, está entre los prestamistas que mayores tasas anuales de interés cobran al país (2,25%).

Los principales acreedores de Bolivia son la Corporación Andina de Fomento (CAF), $us 1.183,2 millones; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 628,5 millones; el Banco Mundial (BM), $us 365,1 millones; Venezuela, $us 315,2 millones; y Brasil, $us 95,4 millones, señala la información publicada en la página web del Banco Central de Bolivia.

Según un análisis de la Fundación Jubileo, la deuda bilateral de mediano y largo plazo con Venezuela es la que más creció entre el 2006 y el 2010. En el mismo período, la deuda con China creció de $us 38,6 a 82 millones; con Brasil bajó de $us 133 a 95,4 millones; y con Alemania tuvo un ligero incremento de $us 45,8 a 54,7 millones, añade esa organización.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela también otorgó donaciones y créditos para el programa “Bolivia cambia Evo cumple”, pero los montos y condiciones no se divulgaron.

Construirán 11 estaciones de servicio

El presidente ejecutivo de YPFB, Carlos Villegas, anunció que este año se construirán 11 nuevas estaciones de servicio con una inversión aproximada de $us 8,5 millones. Actualmente, recordó, la petrolera estatal opera 25 estaciones de servicio, de las cuales 18 se construyeron el 2010.

Nuevas leyes de inmigración en EE.UU. enfurecen a los agricultores

Nuevas leyes de inmigración en EE.UU. enfurecen a los agricultores

Por Cameron McWhirter y Jennifer Levitz

ROBERTA, Georgia, EE.UU.— Varios estados de Estados Unidos están protestando por el avance de leyes inmigratorias al estilo de Arizona. Parte de la oposición más fuerte proviene de agricultores de duraznos y algodón aquí, en el centro de Georgia.

Agricultores en estados desde Florida a Indiana están presionando, y en algunos casos hasta persuadiendo, a políticos estatales para que vuelvan a evaluar las propuestas de ley que autorizarían agresivas medidas contra la inmigración ilegal. Su argumento es que estas leyes harían que los trabajadores mexicanos que residen en sus estados se marcharían, y no hay suficientes estadounidenses dispuestos a recoger las cosechas. Quieren trasladar la legislación a nivel federal, lo que no favorecería a un estado frente a otro.

Stephen Morton para The Wall Street Journal

Trabajadores inmigrantes plantaron semillas de pimientos en Tifton Georgia. Muchas granjas dependen de estos temporeros.

Por lo menos 25 estados consideran propuestas para combatir la inmigración ilegal y castigar a los empleadores que les dan trabajo, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. La ley de Arizona permite que la policía controle el estatus inmigratorio de las personas que detiene, y establece multas cuantiosas para empresas o individuos que contraten a inmigrantes ilegales.

"Nadie quiere inmigrantes ilegales, pero cuando se trata de la realidad de la situación, los granjeros deben tener empleados que hagan el trabajo", indicó Al Pearson, un agricultor de duraznos y nueces de Roberta. Indicó que contrata sólo a trabajadores temporales aprobados por el gobierno federal para trabajar en su granja de casi 15 kilómetros cuadrados; les paga US$9,11 la hora más beneficios.

Sin embargo, el actual sistema federal, que involucra aprobaciones de múltiples agencias, es lento y no puede procesar la cantidad suficiente de trabajadores federales para la gran industria agrícola del estado, sostuvo. Una falla burocrática dejó en suspenso las aprobaciones de 100 trabajadores mexicanos durante dos semanas en febrero, lo que retrasó la poda de árboles y otros preparativos para la temporada de cosecha de duraznos. "Me asusta porque no tenía un plan B. No tengo trabajadores estadounidenses", indicó.

"No hay granja en este país que pueda continuar sin mano de obra mexicana", indicó Robert Ray, un agricultor del condado de Crawford quien encabezó durante años el comité de agricultura en el Capitolio del estado de Georgia.

El senador de Indiana Mike Delph, republicano y auspiciante de legislación al estilo de Arizona, no cree en los argumentos de los agricultores. "Creo que el secreto que no quieren revelar en la agricultura es que los granjeros contratan a inmigrantes ilegales intencionalmente, y se esconden detrás del atasco de Washington como excusa para justificar que incumplen la ley", señaló.

Hasta ahora, ningún estado ha aprobado una ley tan amplia como la de Arizona. En algunos estados, legisladores republicanos han comenzado a debilitar propuestas sobre inmigración.

"La legislatura del estado de Utah, dominada por los republicanos, aprobó una ley este mes que permite que inmigrantes ilegales trabajen en granjas en ese estado si primero obtienen el estatus de trabajador temporario de manos del Estado. El gobernador republicano Gary Herbert elogió la ley como "la solución de Utah", mientras los detractores desecharon la propuesta y la consideraron una amnistía de facto.

En Carolina del Sur, Arthur Black, que cultiva duraznos y es presidente de la Oficina Agrícola del Condado York, indicó que contrató trabajadores indocumentados en algunas ocasiones, y ayudó a varios a atravesar el proceso para adquirir estatus legal. Black, que tiene 61 años y se dedica a la agricultura desde hace tres décadas, afirma que se opone a una ley al estilo de Arizona que ahora avanza en la Legislatura de Carolina del Sur.

"Los [legisladores] escuchan a su electorado que quiere que todos estos inmigrantes se vayan del país, pero cuando se despierten hambrientos uno de estos días, deberán preguntarse quién va a cosechar los cultivos", indicó Black.