Las elecciones municipales en España

Las elecciones municipales en España amenazan con destapar una deuda oculta

Por Jonathan House y Sara Schaefer Muñoz

MADRID (EFE Dow Jones)--Las elecciones del domingo en España, que amenazan con desbancar al gobernante Partido Socialista de varios gobiernos regionales y municipales, también prometen una desagradable sorpresa: la puesta de relieve de grandes cantidades de deuda no declarada por parte de gobiernos municipales, lo que podría afectar a los esfuerzos del país por evitar un rescate internacional.

Hace cinco meses, el cambio del Gobierno en la comunidad autónoma de Cataluña destapó un déficit presupuestal de más del doble de lo anunciado anteriormente. Ahora, un creciente número de economistas, políticos locales y líderes empresariales dicen que los nuevos gobiernos que se formen probablemente descubrirán, como ocurrió en el caso de Cataluña, que hay deuda escondida contraída con clínicas sanitarias y otros proveedores.

Economistas, analistas y comentarios derivados de su experiencia de las empresas que proveen a los gobiernos municipales sugieren que hay una amplia deuda sin contabilizar entre los otrora derrochadores ayuntamientos. Algunas empresas se quejan de que las administraciones que tienen una frágil situación fiscal les están pidiendo que desarrollen sus trabajos sin ser contabilizados y que no hagan inmediatamente facturas de los bienes y servicios suministrados, dijo Fernando Eguidazu, vicepresidente del grupo de presión empresarial Círculo de Empresarios.

Esas facturas podrían sumar decenas de miles de millones de euros a los datos oficiales de deuda publicados por los gobiernos municipales y regionales. Si esa deuda sale del armario en las próximas semanas, el costo de financiación de España podría seguir aumentando, lo que pondría al país de nuevo bajo la lupa después de haber intentado demostrar que no necesita un rescate similar al de Grecia, Irlanda y Portugal.

"A los inversionistas les preocupan las comunidades autónomas, dado que ha habido precedentes en España y en otros países de deuda que no se contabilizaba adecuadamente", según Luigi Speranza, economista de BNP Paribas.

Las elecciones del domingo, que tendrán lugar en 13 de la 17 comunidades autónomas existentes y en sus más de 8.000 municipios, amenazan con ser duras para los socialistas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los sondeos muestran que los socialistas podrían perder los gobiernos de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Extremadura. Lastrados por una tasa de desempleo del 21% y la percepción entre la ciudadanía de que los socialistas reaccionaron tarde a la crisis económica, este partido podría también perder el control de los ayuntamientos de Barcelona y Sevilla, la segunda y tercera mayores ciudades del país, respectivamente.

El descontento social debido a las malas condiciones económicas es evidente en España esta semana, cuando se ha extendido una ola de protestas por el país. Una multitud de jóvenes se han concentrado en plazas principales de Madrid, Barcelona y Valencia para protestar por el desempleo juvenil, que en algunas zonas ha superado el 50%, y por las medidas de austeridad del Gobierno. Estos jóvenes que protestan esperan que su número aumente durante el fin de semana.

Algo menos de un año antes de las elecciones generales de marzo de 2012, un sondeo publicado la semana pasada por el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas, o CIS, pronosticaba que el conservador Partido Popular, el principal partido de la oposición, lograría un 43,8% de los votos, frente al 33,4% de los socialistas.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, ha dicho a la prensa que no hay deuda escondida en las cuentas de las comunidades autónomas. España últimamente ha contenido --si no eliminado por completo-- los temores sobre sus finanzas al reducir su déficit público hasta el 9,3% del Producto Interior Bruto en 2010 desde el 11% del PIB en 2009.

Pero la mayor parte de la reducción se debió a recortes del Gobierno central. Los gobiernos regionales y locales, que acumularon deuda durante los años de boom económico tras la adopción del euro por parte de España en 1999, controlan parte del gasto público en el país, y hasta el momento han hecho pocos avances al respecto.

Los gobiernos regionales y locales también se acostumbraron a pagar a sus proveedores con retraso para tener dinero disponible para otros gastos. Según los datos del banco central, los gobiernos autonómicos y municipales tenía en sus cuentas de 2010 unos 21.000 millones de euros en facturas sin pagar, un importe equivalente al 13% de la actual deuda viva y casi el doble que la cifra de 2003.

El problema de la deuda oculta se puso de relieve por primera vez en Cataluña tras las elecciones en otoño que resultaron en un ascenso al poder de los nacionalistas moderados, en detrimento de una coalición de gobierno liderada por los socialistas. En diciembre, el Ministerio de Economía español dijo que el ratio deuda/PIB de esta comunidad autónoma era del 1,7% en el tercer trimestre. El anterior Gobierno de Cataluña, en un informe al término de la legislatura, publicó después que el déficit del conjunto del ejercicio podría alcanzar el 3,3%.

El nuevo Gobierno catalán encontró que el déficit era realmente del 3,8%, debido a unos ingresos fiscales menores de lo esperado y a millones de euros en pagos retrasados a proveedores no contabilizados. Entre esos pagos sin contabilizar se encontraban 852 millones de euros en facturas sin pagar a proveedores sanitarios, como hospitales, según la portavoz del actual Gobierno catalán.

En respuesta a estos descubrimientos, el nuevo Gobierno catalán redactó un draconiano presupuesto para 2011 que prevé un recorte del 10% en el gasto y que incluye la reducción de las empresas públicas y el recorte de los servicios sanitarios.

Ahora se teme que el fenómeno de Cataluña se repita.

Tras las elecciones de Cataluña, la prensa española publicó que el Gobierno de la Comunidad Valenciana tenía 1.300 millones de euros en facturas sin pagar a proveedores sanitarios que "se metieron en el cajón" y no se contabilizaron en el déficit de 2010 de la región. Portavoces del gobierno de Valencia declinaron hacer comentarios sobre estas informaciones.

"Si [los nuevos gobiernos] quieren forzar cambios, van a tener que reconocer la deuda", dijo Luis Garicano, profesor de Economía y Estrategia de la London School of Economics.

Garicano, que en 2009 trabajó en un estudio de McKinsey & Co sobre el sistema sanitario español, calcula que los pagos sin contabilizar a proveedores de productos y equipos sanitarios podrían ser de algo menos de 10.000 millones de euros.

Aunque ese importe añadiría sólo alrededor de un 1% al ratio de deuda/PIB del país, esa amplia cifra de pagos pendientes, cuyo retraso Garicano dice que en muchos casos asciende a 600 días, "es un gran problema para un amplio abanico de empresas" y obstaculizaría el crecimiento económico que España necesita urgentemente, dijo Garicano.

Los gobiernos regionales y municipales se benefician de la normativa de la Unión Europea que les permite mantener gran parte de la deuda de las compañías públicas, como las de recursos básicos, fuera de sus cuentas. Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista en Madrid, calcula que no se están contabilizando unos 26.400 millones de euros de deuda.

El temor a la posible existencia de una deuda oculta está teniendo un papel fundamental en la campaña electoral de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, en la que los socialistas corren el riesgo de perder el poder tras 30 años. En un sondeo en abril, el CIS pronosticó que el PP obtendría en esta comunidad autónoma un 46,3% de los votos, frente a un 45% de los socialistas.

Según el PP y los líderes empresariales de la zona, la región no ha contabilizado 90.000 facturas por un importe total de unos 1.000 millones de euros. Un empresario local dijo que el largo proceso de pago permite a las autoridades regionales retrasar la contabilización de las facturas que reciben, que se contabilizan sólo cuando se está cerca del pago. Las autoridades del gobierno de Castilla-La Mancha no comentaron estas informaciones.

En una entrevista, María Dolores de Cospedal, la candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, pronosticó que un nuevo gobierno se encontraría con deuda oculta, y se comprometió a eliminar esa deuda.

"Es momento de enfrentarse al problema", dijo. Añadió que, en caso de resultar vencedora, lo primero que hará será llevar a cabo una auditoría de las cuentas de Castilla-La Mancha.

También dijo que cerrará más de la mitad de las 95 empresas públicas de la región y privatizará la cadena pública de televisión de Castilla-La Mancha, de la que dijo que pierde 70 millones de euros al año.