Obama impulsa la reforma migratoria

El presidente de EE UU propone regularizar a más de 11 millones de 'sin papeles' - La nueva ley tiene detractores tanto en las filas demócratas como republicanas

ANTONIO CAÑO - Washington -

Mientras Barack Obama defendía ayer en Washington la necesidad de una ley de inmigración, la madre de un marine muerto en Irak pedía permiso para enterrar a su hijo en Arizona y un aplazamiento de su deportación a México para poder acudir al sepelio. Esa es la realidad cotidiana de esta nación de inmigrantes. Y esa es la realidad que el presidente ha propuesto encarar con una reforma que, sin premiar a los indocumentados, "marque un camino para su legalización", en respeto de sus derechos humanos y en aras de la prosperidad, la grandeza y la preservación de las señas de identidad de Estados Unidos.

La expulsión de los indocumentados, como reconoció Obama, es inviable

Los inmigrantes tendrán que cumplir duras exigencias para legalizar su situación

Expulsar inmigrantes de este país, por muy ilegales que sean, es tan paradójico e inútil como prohibir la esperanza. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia del mundo gracias al irresistible magnetismo de su sociedad, resumido en el eslogan del sueño americano. "Los inmigrantes han ayudado siempre a construir y defender este país", recordó ayer Obama. "Ser americano no es un asunto de sangre o de nacimiento; es un asunto de fe, de una fidelidad compartida a las ideas y los valores que son tan queridos para nosotros".

En el caso de los ilegales, que se calculan entre 11 y 12 millones, su delito es el de precipitarse a ese sueño sin pararse en burocracias. Ahora, una vez aquí, su contribución económica, y hasta cultural, resulta ya imprescindible, y tratar de deportarlos, como dijo el presidente, es simplemente inviable. Muchos tienen hijos nacidos aquí, otros llevan años ocupando sus puestos de trabajo y la mayoría respetan las leyes, están integrados en sus comunidades y hasta pagan impuestos.

La única solución es la aprobación de una nueva ley que señale las reglas para su legalización, de forma que esta se produzca de un modo adecuado y en condiciones que permitan reordenar para un largo periodo la entrada de más personas en el país. La legalización "significa también", manifestó Obama, "que dispondremos de una fuerza de trabajo más joven y, en un mundo crecientemente interconectado, la diversidad de nuestro país es una ventaja muy grande en la competencia mundial".

La apuesta por un país abierto y hospitalario no significa, explicó el presidente, la renuncia a proteger las fronteras y aplicar las leyes. "Nuestra nación, como todas, tiene derecho a imponer sus propias leyes de residencia y ciudadanía. Aceptar sin más a los que vinieron ilegalmente podría estimular más inmigración ilegal y perjudicar a los millones de personas en todo el mundo que están esperando en fila para entrar legalmente".

Es preciso crear unas condiciones exigentes para la legalización. "Hay que pedir responsabilidades a las personas que entraron ilegalmente", dijo Obama, "tienen que admitir que quebrantaron la ley, tienen que registrarse, pagar impuestos, pagar una multa y aprender inglés". Hay que pedir responsabilidades también, añadió, "a los empresarios que violan la ley contratando y explotando trabajadores indocumentados".

Ese es el camino para la racionalización de un problema descomunal y ese será el corazón de la ley que debe aprobar el Congreso. ¿Cuándo? Obama, que antes se había comprometido a hacerlo este año, no puso ayer plazos. ¿Cómo? Con un acuerdo de los dos partidos. No hay otro modo. "Esa es la realidad política y matemática", admitió el presidente.

Los demócratas carecen de la mayoría suficiente para aprobar la ley en el Senado y ni siquiera están unidos en el respaldo a esa iniciativa. A diferencia de lo ocurrido con las reformas sanitaria o financiera, en materia migratoria no es previsible un corte limpio entre los dos bandos del Congreso; puede haber muchos demócratas en contra y algunos republicanos a favor.

La posición política respecto a la reforma migratoria depende de algunas variantes, como el número de votos hispanos, la situación geográfica del distrito electoral o el grado de presión del sector conservador, que la hacen más fluida e imprevisible que otras. Pero el principal de todos ellos es el de la influencia creciente del electorado de origen latino, al que Obama intenta ahora realinear a su favor.

Tal como ha reconocido la Casa Blanca, el presidente decidió pronunciar ahora este importante discurso atendiendo a la intensificación del debate público provocada por la reciente ley aprobada por el Estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes ilegales. Obama no despejó ayer la incógnita sobre cuándo piensa el Gobierno reclamar ante los tribunales la inconstitucionalidad de esa ley, pero se refirió a ella en términos indiscutiblemente descalificadores. "Esa ley", manifestó, "tiene el potencial de violar los derechos de ciudadanos norteamericanos y residentes legales inocentes al convertirlos en sujetos de posibles detenciones o interrogatorios simplemente por su aspecto o por su acento".

Nada de eso es compatible con la esencia de Estados Unidos. Este país, como recordó Obama, es reconocido universalmente por una estatua que da la bienvenida en nombre de la libertad a quien se aproxima a la isla de Manhattan. Décadas atrás, algunos eran judíos huyendo de las persecuciones. Su lugar lo ocupan hoy, por razones diferentes, los espaldas mojadas.

Obama defiende un nuevo sistema migratorio

Obama defiende un nuevo sistema migratorio en la frontera con México

"La reforma del sistema de inmigración está vinculada a la recuperación de Estados Unidos", defiende un miembro del Gobierno

CRISTINA F. PEREDA | Washington a acude hoy a la frontera con México para pedir nuevamente una reforma del sistema de inmigración estadounidense. Según declararon altos miembros del Gobierno, Obama argumentará que el aumento de la seguridad en la frontera, junto con un proyecto que permita conseguir la ciudadanía a inmigrantes indocumentados mejorará tanto la seguridad como la economía del país.

El discurso que se celebrará esta tarde en El Paso, Texas, llega en un momento de poca esperanza para una reforma que Obama no pudo sacar adelante cuando el partido demócrata controlaba la Cámara de Representantes. Ahora que los republicanos disponen de mayoría, el consenso necesario para crear un nuevo sistema de inmigración queda todavía más lejos. Pero el presidente no quiere prescindir del apoyo de los hispanos, un grupo de población que jugará un papel clave en las próximas elecciones de 2012. En 2008, Obama logró el apoyo de dos de cada tres votantes hispanos.

"Hemos duplicado la extensión del muro fronterizo con México y quintuplicado el número de agentes de seguridad desde 2004", defendía ayer un miembro de la administración durante una conferencia con periodistas. Según el Gobierno, que alega haber realizado el esfuerzo más intenso y continuado de los últimos años, las entradas ilegales en territorio estadounidense se han reducido en un 36% en los últimos dos años. Al mismo tiempo se deportaron400.000 indocumentados en 2010. Los niveles de inmigración ilegal son ahora un tercio que hace diez años.

Es la economía

"No se puede hacer política a golpe de anécdotas", declaró uno de los miembros de la administración que pidió mantener el anonimato. "Tenemos la obligación moral de arreglar el sistema migratorio, pero también tenemos una obligación económica".

Obama apostará hoy precisamente por el argumento económico en su defensa de un nuevo sistema. "Sería un beneficio, no un obstáculo para el presupuesto federal", alegó ayer un funcionario. A pesar de que la administración estima la reforma del sistema en 54.000 millones de dólares, considera que la legalización de inmigrantes indocumentados aportaría 66.000 millones de dólares en recaudación de impuestos.

Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de origen latinoamericano. En un discurso el pasado mes de agosto, el presidente ya alegó que Estados Unidos sólo podrá beneficiarse en el futuro de las aportaciones de los inmigrantes, tanto económicas como culturales e intelectuales. Era su primer gran discurso en defensa de una reforma migratoria que ya prometió acometer durante su primer año en la Casa Blanca, pero acabó quedando relegada por otras prioridades como la reforma sanitaria o la recuperación económica.

"Queremos volver a crear esa sensación de urgencia y pedir que toda la maquinaria se ponga en marcha", declaró un miembro del Gobierno. "Nuestro argumento es económico, la reforma del sistema de inmigración está vinculada a la recuperación de Estados Unidos".

El respaldo de las encuestas

Un año después, Obama sí tiene de su lado a las encuestas. Según un informe publicado ayer por el Centro Pew de Investigación, el 72% de la población estadounidense se muestra favorable a la creación de un sistema que permita obtener la ciudadanía a los indocumentados. El partido republicano acusa a los demócratas de intentar crear una "amnistía" y se opone a cualquier proyecto de ley que incluya esta opción. Pero la población no parece tener posturas tan drásticas: los conservadores están divididos, con un 49%, a favor y en contra de la ciudadanía.

El Gobierno se ha reunido en las últimas semanas con diferentes líderes religiosos, empresarios y miembros de la cultura hispana en el país para reiterar su apoyo al proyecto y pedirles ayuda a la hora de convencer al partido republicano. Obama insistirá esta tarde que líderes republicanos como John McCain, candidato a la presidencia en 2008, y el expresidente George W. Bush ya defendieron la necesidad de crear un nuevo sistema migratorio.

Sin embargo, el partido republicano ha dado un vuelco a estos argumentos liderando iniciativas como la ley de inmigración de Arizona, bloqueada en los tribunales desde el año pasado. Diversos estados -entre ellos, Florida- han copiado la controvertida ley SB 1070 para resolver a su manera los retos de la inmigración ilegal a pesar de que solo el gobierno federal tiene competencias para ello. Obama se ha mostrado en contra de estos "parches" en el sistema, pero no ha logrado aún poner a todas las partes de acuerdo en la necesidad de una reforma completa.