Corrupción en México: sin novedad

Las mediciones de la corrupción cumplen ya una década en México, pero el problema persiste: sólo en 2010 las familias mexicanas destinaron 32 mil millones de pesos al pago de “mordidas”.

Hasta hace poco era la causa de todos los males de México. Siempre presente en los discursos de los políticos, funcionarios de todos los colores solían manifestar su intención de erradicarla e incluso presumían de ideas claras sobre cómo hacerlo. Pero llegó la violencia del crimen organizado a inundar los espacios del debate público y la corrupción fue relegada a un segundo plano. Pero sigue ahí y, según revela el más reciente informe de Transparencia Mexicana (TM), en un nivel igual o peor aún que cuando el fenómeno comenzó a ser cuantificado allá por el año 2001.

Este organismo publicó la primera medición de su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) en 2001, poco después del inicio de la alternancia en el Poder Ejecutivo. Ese índice pretende medir las experiencias y percepciones de ciudadanos de las 32 entidades sobre la corrupción registrada en 35 trámites y/o servicios públicos; en esta edición aplicó una encuesta en más de 15 mil hogares de todo el país.

Si TM dedica un esfuerzo tal a seguirle la pista al indicador es porque está convencido de que “al establecer la magnitud de un fenómeno nocivo, los esfuerzos (contra él) se concentran y sus resultados positivos se amplían”. En otras palabras: creen que medir un problema es un paso previo indispensable para poder corregirlo, y para ello INCBG “tiene una escala de 0 a 100 puntos, siendo menor el nivel de corrupción a menor valor del índice”. La primera vez que esta encuesta fue aplicada en 2001 registró un promedio nacional de 10.6 puntos. Para el segundo levantamiento, en 2003, el índice había bajado a 8.5 puntos, pero esa tendencia positiva hacia una baja en los niveles de corrupción no se mantuvo, ya que en la edición 2005 se registró un repunte que llegó a 10.1, cifra que prácticamente se mantuvo en 2007 (10.0) y que volvió a elevarse en el levantamiento de 2010, cuando el INCBG llegó a una media nacional de 10.3 puntos, apenas tres décimas por debajo de la primera medición hace más de una década. En pocas palabras, de cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a uno de los servicios públicos estudiados, en 10.3 ocasiones los ciudadanos pagaron una “mordida”.

Y si el México de la transición democrática está donde empezó en lo que se refiere a los niveles generales de corrupción, respecto a la cantidad de recursos financieros destinados a ella el país está en su peor momento. Aunque la encuesta de 2010 muestra 14 millones de actos de corrupción (pago de “mordidas”) menos respecto a los 214 millones que registró el levantamiento de 2001, en éste “la mordida promedio” fue de sólo 109 pesos, con lo que a los hogares mexicanos les costó 23 mil 400 millones de pesos. En cambio, en la medición de 2010 “la mordida promedio” llegó hasta 165 pesos, con lo que las familias mexicanas destinaron a la corrupción 32 mil millones de pesos, lo que representó 14 por ciento de sus ingresos. Si se observa la trayectoria de los recursos canalizados por las familias a este mal, puede verse que hubo una gran disminución en 2003, cuando sólo fueron pagados 10 mil 656 millones de pesos a esta acticvidad, pero en las dos mediciones realizadas en este sexenio la encuesta ha ido rompiendo estos récords (ver Tabla 1).

EL ESTADO PEQUEÑO VIVE MEJOR

TM también presenta los datos de su índice de corrupción para cada estado de la República, y la constante es que las entidades peor evaluadas se ubican en el centro del país. De los cinco reportes publicados por el organismo, en tres de ellos el Distrito Federal se ha llevado el cetro de campeón de la corrupción: en 2001, 2005 y 2010. En 2003 ese puesto lo ocupó Puebla (no eran todavía los tiempos de Mario Marín, El gober precioso, sino de su predecesor Melquiades Morales), y en 2007 fue la entidad ya entonces gobernada por Enrique Peña Nieto la más corrupta. Así, los datos recientes parecen evidenciar que no hay una estrecha correlación entre la popularidad de los gobernantes entre sus electores y la eficiencia que sus gobiernos muestran para combatir la corrupción en los servicios públicos más demandados por los ciudadanos. También, los datos parecen indicar que el nivel de marginación económica y el tamaño de la población tienen una correlación positiva con la corrupción, pues en el informe de 2010 las entidades más pobladas (Estado de México y Distrito Federal) se sitúan en los primeros dos lugares de corrupción, mientras que Guerrero y Oaxaca, estados que también registran altos niveles de pobreza —según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Guerrero 70.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza patrimonial, proporción que en Oaxaca es de 68 por ciento—, en el reporte se sitúan, respectivamente, como el tercero y el cuarto más corruptos. Pero esta alta correlación entre pobreza y corrupción no es una regla, puesto que el estado más pobre, Chiapas, que tiene 75.7 por ciento de su población en pobreza patrimonial, en los cinco reportes de TM se ha ubicado de forma consistente a mitad de la tabla (en 2010 fue el lugar 17 de menor corrupción), e incluso llegó en 2005 a ser el segundo estado menos corrupto del país.

En el otro extremo, dicha correlación también puede ser observada, pues son los estados menos poblados los que menores niveles registran en el referido índice de corrupción. En dos de las cinco mediciones del INCBG, Baja California Sur, la entidad con menor población (sólo 637 mil habitantes) y la segunda con menor pobreza patrimonial (sólo 23.5 por ciento de su población), fue la que mostró la menor cantidad de “mordidas” pagadas por sus ciudadanos. Este estado fue el menos corrupto tanto en 2003 como en 2010, año en el que registró el récord de menor corrupción con un INCBG de sólo 1.8 puntos. De manera similar, en dos de los reportes (2001 y 2007), Colima, el segundo estado menos poblado, fue el campeón de la honestidad. Querétaro es el otro estado que ha ostentado esta condición, cuando en 2005 obtuvo un INCBG de sólo 2.0.

“LAS MORDIDAS” DE SIEMPRE

En cuanto a los trámites y/o servicios en los que TM evalúa el nivel de corrupción, a lo largo de los años se ha presentado una gran consistencia sobre en cuáles se registran más y menos “mordidas”. En las cinco ediciones del estudio, el pago del impuesto predial ha sido el trámite con el menor índice de corrupción; en 2010 tuvo un INCBG de sólo 0.69, lo que quiere decir que de cada 100 veces que se cubrió este tributo, en menos de una ocasión los ciudadanos tuvieron que pagar una “mordida”. Otros trámites que también han contado con un consistente bajo nivel de corrupción son la solicitud de becas de estudios, la obtención de la cartilla militar, la incorporación a programas sociales como Oportunidades y Procampo, la conexión del servicio telefónico y obtener una ficha de inscripción para una escuela oficial. En el otro extremo, los trámites que registran mayores niveles de corrupción son los relacionados con incidentes de tránsito vehicular. En los tres primeros levantamientos de la encuesta (2001, 2003 y 2005), los trámites con más pago de “mordidas” fueron los viales, como cuando se busca evitar que un agente de tránsito se lleve un automóvil al “corralón” o para sacarlo de ahí. En 2007 se pagaron más “cuotas” en lo referido a estacionarse en un lugar público copado por personas que se lo apropian (“franeleros”) y, en 2010, se pagaron más “mordidas” para evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito.

Otros servicios en los que se registran altos niveles de corrupción tienen que ver con poder trabajar o vender en la vía pública, con evitar la detención o facilitar la presentación de una denuncia ante un Ministerio Público, con la recuperación de un auto robado y con pasar alguna mercancía por las aduanas o puestos fronterizos. En estos rubros los mexicanos suelen pagar mordidas entre 20 y 30 por ciento de los casos. Sin embargo, en los incidentes de tránsito vehicular, en 2010 se pagaron “mordidas” entre 59 y 68 por ciento de los casos. Ante esto, los expertos coinciden en las medidas que podrían servir para disminuir la corrupción: bajar el monto de las multas o hacer más sencillo su pago. Eso, o reformar las corporaciones policiacas, lo que se antoja menos probable.