Ecuador: Instituciones capturadas

La Eurozona en crisis

por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

Con una contumacia digna de encomio y de mejor causa, la corte de los milagros del socialismo reinante ha descalificado, como tremendistas, y los análisis de quienes afirmaban que existía un serio peligro primero de que España entrase en recesión, después de que se instalase en una fase de estancamiento y “ayer” elevada posibilidad de verse arrastrada por la crisis de deuda europea. Por desgracia, ese recorrido se ha realizado con una lógica implacable. Ahora, en medio del Armagedón europeo, la prima de riesgo española ha superado la barrera de los 300 puntos básicos respecto al bono alemán y hay quien piensa que ese es ya un camino sin retorno. En estos momentos, el contagio de la no resuelta tragedia griega se ha extendido a los dos grandes estados de la periferia, España e Italia. En consecuencia, el euro está en peligro de ruptura. Esta hipótesis “extrema” no es desdeñable. De hecho, los mercados comienzan a considerarla de probable materialización. Si creyesen en la fortaleza de la Eurozona no estarían comprando bonos alemanes a tipos de interés bajos en lugar de adquirir griegos, irlandeses o portugueses que ofrecen rentabilidades muy superiores.

La situación es tan delicada que los esfuerzos de los gobiernos nacionales para estabilizar/recortar su endeudamiento y relanzar la economía no logran mover un ápice el sentimiento de los mercados. El nuevo gabinete portugués ha puesto en marcha un plan de ajuste y de reformas estructurales radical sin que el diferencial de su bono con el alemán se haya movido a la baja y que no le ha servido para evitar la calificación de bono basura. Esto supone un agravamiento de la desconfianza de los inversores no sólo en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en España o en Italia, sino en la capacidad del marco institucional de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (UEM) de garantizar la estabilidad de la moneda única. En este escenario, la disposición de los estados con problemas a hacer los deberes es una condición necesaria pero quizá no sea ya suficiente.

Desde esta perspectiva, la opción de avanzar con rapidez hacia una integración de las políticas fiscales europeas podría ser la única capaz de evitar el desplome del euro. Ahora bien, ello supondría la aceptación por parte de los demás Estados que Alemania se convirtiese de facto en la “dictadora económica” de la UEM. Sólo de este modo y no es seguro, los alemanes podrían estar dispuestos a asumir la responsabilidad de ejercer como el núcleo, como la fuerza hegemónica de un gobierno federal económico para salvar el euro. De lo contrario es improbable que su opinión pública y, por ende, su gobierno asuman los costes del salvamento de la Eurozona. Sin embargo, esta posibilidad está severamente limitada por una serie de poderosas restricciones.

Por un lado, la experiencia griega y, en menor medida, la irlandesa demuestra que la oposición social hacia los planes de austeridad es muy fuerte, sobre todo, cuando no se ve luz al fondo del túnel. Al mismo tiempo, la aceptación por parte de los estados y de las poblaciones de la periferia de una Alemania imponiéndoles sus políticas, da igual la cobertura que se le de, resulta si no imposible cuanto menos improbable. Por otro, la propia Alemania se vería forzada a realizar una serie de reformas constitucionales para hacer frente a ese papel que, en el mejor de los casos, serían lentas y, en el peor, impracticables. Desde esta perspectiva, la combinación del euroescepticismo provocado por la fatiga de los ajustes y de las reformas en la periferia con el euroescepticismo de una Alemania que las considera con razón insuficientes es un cóctel explosivo. Es una situación clásica de dilema del prisionero en la cual dos jugadores, léase Alemania y los periféricos, pueden no cooperar aunque vaya en ello el interés de ambas.

Sin embargo existe una alternativa pragmática y diferente que no pasa necesariamente por centralizar la política fiscal ni por aumentar el tamaño del presupuesto comunitario, sino por reformar el actual sistema de transferencias financieras en el que las realizadas a la agricultura absorbe casi la mitad de los recursos comunitarios. Esta situación es irracional, carece de justificación económica y limita de manera extraordinaria la capacidad estabilizadora del presupuesto de la UE. Por ello, antes de pensar en la creación de nuevos mecanismos de transferencias habría que pensar en modificar los existentes. Esto es crítico en un escenario de crisis económico-financiera como el actual en el que la ampliación de las aportaciones de los contribuyentes netos es impopular, alimenta los movimientos extremistas anti-UE y crea tensiones muy graves.

Aquí y ahora, el problema no es si se resuelve o no la crisis griega sino la capacidad de la unión monetaria de hacer frente a un shock externo como el derivado de la crisis iniciada en 2007 en los EE.UU. De hecho, el marco institucional establecido para garantizar una protección permanente contra los indeseables desarrollos de las finanzas públicas nacionales se debilitó antes de la crisis, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ha terminado por volatilizarse con ella. Desde esta perspectiva, las posibilidades de afianzar la escena europea a través de más inyecciones de liquidez a Grecia o de una reestructuración de su deuda soberana es posible que no basten ya para conseguir ese objetivo. De facto, la sensación de que un riesgo de liquidez-solvencia que terminará por afectar a otros Estados de la UEM y la inexistencia de mecanismos efectivos para resolverlo es ya un dato incorporado al sentimiento de los mercados. Desde esta perspectiva, acciones que sí hubiesen servido hace un año o unos meses para restaurar la confianza, ahora ya no bastan.

Los críticos de la moneda única tenían razón. La instrumentación de una política monetaria común para economías con estructuras y posiciones cíclicas tan diferentes como las europeas y con una baja movilidad del factor trabajo se traduciría en la generación de serios desequilibrios en las fases altas del ciclo, por ejemplo burbujas de activos y pérdidas de competitividad, que sólo sería posible corregir en las etapas bajistas a un elevado coste social y económico. La falta de un sistema de transferencias fiscales intra-europeas imposibilitaba amortiguar los shocks asimétricos a los que se pudiesen enfrentar las economías integradas en una unión monetaria. Si la prueba de resistencia para mostrar la virtualidad de un entorno institucional son las crisis, la UEM la ha suspendido y hay que reinventarla.

Ecuador: Instituciones capturadas

Ecuador: Instituciones capturadas

por Gabriela Calderón de Burgos

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Guayaquil, Ecuador— La historia de la libertad ha sido la de una limitación progresiva del poder de unos hombres sobre el resto de hombres. Desde 1215 se expresó en la Carta Magna el principio de que nadie, ni siquiera los reyes, estaban por encima de la ley. Con ese propósito se escribían las constituciones. Una Constitución —al menos una que merezca la mayúscula— es un documento concebido con el propósito de limitar el poder de quienes nos gobiernan. En ciertos países de Latinoamérica, Ecuador incluido, se han establecido constituciones que han hecho todo lo contrario.

Así hemos llegado a tener un país gobernado por el presidente y sus amigos. Esto no es algo que este gobierno ha iniciado, pero definitivamente si lo ha acentuado a tal punto que ya ni siquiera se cuidan las formas. Consideremos algunos ejemplos:

La fiscalía general del Estado: El anterior fiscal, Washington Pesántez, dijo en 2010 que celebraba la decisión de que se archive el juicio en su contra “con la ayuda del Gobierno Nacional”.1 En varios de los casos pendientes en la fiscalía estaban involucrados funcionarios del gobierno (el caso Invermun en el que está implicado el Secretario de Administración Pública Vinicio Alvarado; el caso de irregularidades en la compra de ambulancias por parte de la entonces Ministra de Salud Caroline Chang; el caso de los helicópteros dhruv que implica al Ministro de Defensa, Javier Ponce; entre otros). En un caso incluso está involucrado el nuevo fiscal Galo Chiriboga, quien es otro amigo del presidente. Hasta hace poco también fue su abogado y hasta esta semana, embajador en España.2 ¿Y la independencia de la fiscalía?

El Consejo Nacional Electoral (CNE): El titular de este organismo, Omar Simon, según lo explicó José Hernandez de Diario Expreso, se ha dedicado a explicar lo que NO se le puede prohibir al presidente y no a limitar lo que el presidente puede hacer en campaña.3 Y como son amigos, los vimos cantando canciones del Che en el colegio de sus hijos durante la campaña de la consulta popular.4 ¿CNE independiente?

La Corte Constitucional (CC): El organismo de mayor importancia para el Estado de Derecho del país sin duda es la CC y su titular es otro amigo del presidente, Patricio Pazmiño. El Sr. Pazmiño dio paso a las muy cuestionadas preguntas para la consulta popular. Sin su creatividad para explicar la constitucionalidad de dichas preguntas no hubiera sido posible la concentración de poder lograda el 7 de mayo en las urnas.5

Otro amigo del presidente está a cargo del IESS y otro dirige la Asamblea Nacional. La falta de independencia de poderes es evidente no porque existe el vínculo amistoso sino porque prácticamente todas las instituciones del Estado se han plegado al “proyecto”.

Esta lista de “instituciones capturadas” no es completa debido al espacio y está creciendo. Próximamente podremos agregar a esta lista al poder judicial. Así es como muere la libertad, poco a poco, conforme un grupo de personas acumula cada vez más poder sobre el resto y conforme este grupo está cada vez más por encima de la ley.

El Salvador: Un impuesto inconstitucional

El Salvador: Un impuesto inconstitucional

por Manuel Hinds

Manuel Hinds es ex Ministro de Finanzas de El Salvador y co-autor de Money, Markets and Sovereignty (Yale University Press, 2009).

El impuesto que el gobierno del presidente Funes quiere imponer sobre el capital es negativo para el país porque castiga lo que más necesita El Salvador para poder generar riqueza y empleo: el capital y la inversión.

Pero, además de esto, es claramente inconstitucional ya que es confiscatorio y la Constitución Política prohíbe la confiscación.

El impuesto es confiscatorio porque se genera por poseer algo, no por haber realizado ninguna acción que es lo que genera los demás impuestos, y su cobro naturalmente disminuye la propiedad del contribuyente. En el caso del impuesto sobre la renta, el acto generador es la obtención de un ingreso.

En el caso de los impuestos indirectos, el acto generador es el gasto. Así, se paga el impuesto sobre la renta cuando se tiene un ingreso, el de importación cuando se importa algo, y el IVA cuando se compra algo.

En todos estos casos el impuesto se paga porque el contribuyente gana o paga algo, y el impuesto sale de lo que gana o paga. En el caso del propuesto impuesto al capital, en cambio, el impuesto está orientado a quitarle una parte de lo que el ciudadano posee, independientemente de si él está ganando dinero o no, de si está gastando o no.

Eso es confiscación, definida por el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox de Larousse como la "acción de quitar...el gobierno de un estado una propiedad u otro bien a una persona o empresa y tomarla para la hacienda pública".

La confiscación es cristalinamente clara cuando se trata de un activo que no produce ningún ingreso en efectivo, pero existe en todos los casos, aún cuando el activo produce ingresos, ya que usted paga por el valor del activo, no por el ingreso que produce. Si existe, ese ingreso le ayuda a pagar el impuesto, pero el cobro no tiene nada con ver con él. Igual, usted tiene que pagar el impuesto si el activo no produce ningún ingreso, usando, por ejemplo, parte de su sueldo, o dinero prestado del banco, o dinero producido por otros activos.

Así, cada año, el fisco le confisca un porcentaje de su capital, y no le importa de dónde saca usted el dinero para pagar la confiscación. Si usted no tiene dinero para pagar el impuesto, tiene que venderlo para pagar.

Y sobre ese dinero también pagará, así que poco a poco el estado le quitará todo. Habrá gente que puede alegar que la cantidad que el fisco estaría confiscando sería pequeña —de medio a uno y medio por ciento del valor de su capital neto por año. Eso sólo lo puede decir alguien que no sepa del tema. Esa es una cantidad bien grande ya que la rentabilidad promedio del capital anda por siete por ciento anual.

Pero, aunque fuera pequeña, la Constitución es clara. En su artículo 106 dice así en este respecto: "Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido". Es decir, la Constitución prohíbe la confiscación independientemente de su tamaño.