Amnistía encubierta: Abusando de la Constitución y de la autoridad presidencial

Hans von Spakovsky

Cuando el presidente Obama ascendió a su cargo, hizo el juramento de “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”. El Artículo II, Sección 3 da instrucciones al presidente: “Cuidará de que las leyes se ejecuten fielmente”. Desafortunadamente, en lo que se ha convertido en un fenómeno muy común en esta administración, Obama vuelve a retorcer ese juramento hasta el punto de ruptura, por no cuidar específicamente de que las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso se ejecuten fielmente.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció el jueves que detendrá todos los procesos de deportación de inmigrantes ilegales que asistan a la escuela, tengan familiares en el ejército o sean los principales responsables del cuidado de otros familiares y les permitirá solicitar permisos de trabajo. Al parecer, los únicos extranjeros ilegales que la Obamacare va a detener y deportar son aquellos que han cometido otros delitos graves en Estados Unidos – el que se cometiera un delito bajo la ley federal por entrar ilegalmente a Estados Unidos (8 U.S.C. § 1325) al parecer no preocupa a esta administración.

No es casualidad que los factores que el DHS ahora dice que va a tener en cuenta son las mismas disposiciones que estaban en la ley DREAM (Ley para el Desarrollo, Alivio y Educación de los Menores Extranjeros) que fue propuesta por el senador Dick Durbin. Este proyecto de ley no pudo ser aprobado por el Congreso debido a la oposición de principios de senadores como Jeff Sessions, quien señaló que este proyecto de ley estaba tan lleno de lagunas legales que se enviaría a los inmigrantes ilegales el mensaje de que Estados Unidos “ha renunciado a la aplicación de nuestras leyes de inmigración”. Lo que la ley DREAM en realidad hace es reemplazar sinuosamente por la amnistía el cumplimiento de la ley y esa es la política llevada a cabo por el presidente Obama y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.

Pero esto es también otro ejemplo del desprecio que el presidente tiene por la separación de poderes dentro de la Constitución. Obama está aplicando en la práctica y por decreto ejecutivo disposiciones de la ley DREAM a pesar de que esta ley nunca fue aprobada por el Congreso y que no tiene el respaldo del pueblo americano. La tarea asignada al presidente por la Constitución es hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso – no actuar como superlegislador que implementa sus propias leyes cuando él apoya un proyecto de ley particular que no se aprueba en el Congreso. Más que un abuso flagrante de la doctrina de “discreción procesal”, esto equivale al desgobierno.

Tampoco es un incidente aislado. Por ejemplo, hace unos meses se reveló que la Casa Blanca está considerando emitir una orden ejecutiva que implementaría las mismas disposiciones sobre la divulgación de la financiación de campañas electorales contra contratistas del gobierno contenidas en la ley DISCLOSE, otro proyecto de ley que fracasó en el Senado. Con esta Casa Blanca parece que la respuesta es siempre: cara, gano yo; sello, pierdes tú.

Lo que es más sorprendente de esta acción es que cuando el presidente habló ante el Consejo Nacional de La Raza, en julio, dijo que no podía saltarse al Congreso y poner en práctica de “reforma” inmigratoria o conceder una amnistía, porque “así no es cómo funciona nuestra democracia”. Sin embargo, tres semanas más tarde eso es esencialmente lo que ha hecho.

El presidente tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso. Él no tiene la autoridad para ignorar una ley federal integral que él sabe bien que es constitucional. De hecho, esta nueva política no solo hace caso omiso de la ley sino que pone al gobierno federal en la posición de ayudar a las personas violan la ley federal y escapa a las sanciones que el Congreso impone. El presidente no tiene autoridad para ofrecer una amnistía general – sin embargo, él (y su administración) actúan como si ellos fueran la ley.

Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación: el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.