Aprueban prisión vitalicia a secuestradores, en la Comisión de Seguridad Pública

El dictamen de los diputados reconoce que esta pena no resuelve por sí misma el problema de la criminalidad, pero garantiza condenas justas y proporcionales a delitos crueles e inhumanos

Roberto José Pacheco

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto.- La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dió luz verde al aprobar el dictamen que finca la pena de prisión vitalicia para quien prive de la libertad a una persona, o si la víctima es asesinada por los autores o partícipes del secuestro.

La sanción es una pena adecuada al fenómeno criminal y proporcional al daño causado, además de ser acorde con los derechos humanos de los inculpados, tal como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala el dictamen.

En la sesión, los integrantes de dicha instancia legislativa, que encabeza el diputado panista José Luis Ovando Patrón, aprobaron diversas reformas a los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.

"Debe reconocerse plenamente que la aplicación de la pena de prisión vitalicia no resuelve por sí misma el problema de la criminalidad; sin embargo, también es evidente que debe garantizarse a la víctima y a la sociedad condenas justas y proporcionales a los delitos tan crueles e inhumanos", se enfatiza en el documento.

Cabe señalar que datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, establecen que el delito del secuestro en México ha aumentado en un 317 por ciento en los últimos cinco años promediando 3.72 casos por día.

Morelos es la entidad con una mayor tasa de crecimiento junto a Coahuila, Oaxaca y Puebla. Además entre 2007 y hasta junio de 2010, la tasa promedio de crecimiento de las denuncias de secuestro en el país fue del 23 por ciento cada año, se abunda.

Se indica que el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, es uno de los crímenes que afectan a la sociedad de manera más profunda, ya que, además de que causa daños graves e irreparables a las víctimas y a sus familiares, crea un clima de inseguridad y temor en las comunidades.

Las características propias del secuestro, se añade, alientan a que los afectados no denuncien ni acudan a las autoridades.

Sobre el tema, el diputado priista Salvador Caro Cabrera, resaltó que su voto a favor se debe a que la medida persigue un fin disuasivo y su contenido para el momento actual es el idóneo.

A su vez el perredista Arturo Santana Alfaro puntualizó que el dictamen es correcto, pues la pena debe ser tan grande como la gravedad del hecho delictivo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT expresó que su voto en contra se debe a lo que se establece en el artículo 18 constitucional en el sentido de que la finalidad de la pena es la reinserción social o readaptación del delincuente, "yo me pregunto cómo lo vamos a hacer".

Víctor Hugo Cirigo Vásquez, del grupo parlamentario de Convergencia, destacó que el tema ya había sido analizado en el Senado de la República y fue desechada.