Alejandro Marcano
Soy testigo y sé cómo un gobierno dictatorial puede cerrar un canal o un periódico sin que sus ciudadanos o el mundo puedan hacer algo. Trabajé por 15 años en Globovisión, el canal opositor al gobierno de Hugo Chávez. Hablo de este caso porque lo viví en carne propia y sé que desde que la directiva del canal terminó su luna de miel con el gobierno de Chávez, ya este había puesto en marcha un plan lento pero efectivo para silenciarlo.
Chávez fue minando el canal en su interior. Primero colgó una espada de Damocles sobre la directiva y sus cuentas bancarias, castigándolos con cargas fiscales que saquearon los fondos de los propietarios. Luego fue contra los patrocinadores, que por miedo fueron quitando su pauta publicitaria del canal para que no les dejaran de suministrar los dólares con los que sus empresas soportan sus acreencias. Con esta acción mató dos pájaros de un tiro, porque le dio un golpe mortal a los trabajadores que vivíamos más que del salario, del aporte de ser imagen de los productos y servicios de esos empresarios.
Finalmente implosionó a la directiva al encontrarle su talón de Aquiles (sus familias y en particular sus hijos). Con amenazas de arremeter contra ellos, abriéndoles juicios, o amenazándolos con secuestrarlos, Guillermo Zuloaga, Nelson Mezerhane y Alberto Federico Ravell se desencontraron y uno a uno y con distintas circunstancias o salieron del país o de la directiva de la emisora.
Como trabajador de Globovisión fue duro ver cómo una empresa tan sólida se iba desmoronando y cómo la autocensura iba reinando. Desde obligatoriamente decirle señor al presidente hasta cuidar cada palabra o comentario por temor a una nueva sanción, lo que definitivamente en mi caso y el de otros compañeros nos llevó a salir también y dejar atrás lo que era nuestra fuente de sustento y nuestra segunda casa.
A RCTV, el otro canal opositor, el gobierno de Chávez lo cerró descaradamente en el 2007, al igual que hizo con 34 emisoras de radio y otros canales pequeños poco después. Hace unos días cerró arbitrariamente uno de los semanarios más críticos del gobierno, Sexto Poder, y mandó detener a su director, Leocenis García, quien de prestigioso editor se ha convertido en un prófugo de la justicia venezolana. Hoy García se encuentra en la clandestinidad.
García me dijo que lo que más le asombra –y comparto con él esa angustia– es la tolerancia de la sociedad democrática del país, que tristemente parece ya estar acostumbrada y parece indolente ante cada nuevo atropello del régimen. García ya probó en carne propia el mal sabor del poder judicial venezolano; estuvo preso por dos años por destrozar cual bravucón de barrio (hecho real), las oficinas del diario El Periódico, que en ese entonces dirigía el narcotraficante venezolano Walid Makled. Un hecho que quizás merecía un castigo pero no privarlo de la libertad por más de 2 años y sin ningún tipo de procedimiento ajustado a las leyes.
Por esta mala experiencia es que seguirá evadiendo volver a –como dice– “podrirse en la cárcel como un asesino o violador cualquiera”.
En el caso de Sexto Poder, el gobierno alega que García ofendió a las mujeres del gobierno de Chávez, que fueron satirizadas en una portada como cabareteras. Sin embargo, algunas de esas mujeres mandaron a detener también a la directora del semanario, Dinora Girón, a quien detuvieron en su casa, sin una orden legal, delante de su esposo, Vladimir, y su hijo adolescente de 17 años, a los que no les permitieron verla sino hasta el momento que la liberaron dos días después. Claro, no sin antes aplicarle una medida cautelar que le prohíbe hablar y declarar públicamente sobre el tema. De allí la gran lección que quiere dejar el mandatario venezolano al resto de editores y periodistas independientes: el que no calle o se autocensure terminará tras las rejas. Ha tardado 12 años, pero lenta y certeramente Chávez acalla a la prensa libre en su país.
Periodista venezolano, presentador de Mega TV y corresponsal de la Voz de las Américas.
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