El gobierno mexicano desplegó a miles de soldados y policías en Monterrey.
En México algunos creen que el incendio premeditado del Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas, marca una nueva etapa en la historia de violencia que vive el país desde 2007.
Y sin embargo, las autoridades reaccionaron igual que en otras tragedias, es decir, enviaron miles de policías y militares a Nuevo León, donde ocurrió el incidente.
Es una estrategia que no siempre ha dado los resultados que se esperaban, le dice a BBC Mundo el especialista Eduardo Guerrero Gutiérrez.
"Los criminales saben cómo lidiar mejor con la presencia federal, se han vuelto más elusivos, las células criminales cada vez son más pequeñas. El gobierno por otra parte está muy disperso en el territorio", asegura.
A las críticas, el gobierno mexicano responde que está dispuesto a revisar sus operaciones contra la delincuencia organizada.
"Siempre hemos estado abiertos a revisar y a cambiar lo que sea necesario de esta lucha por la seguridad", dijo el presidente Felipe Calderón.
Varias de las alternativas a la estrategia gubernamental contemplan acciones que ya aplican las autoridades, insiste Calderón.
La diferencia, responden los críticos, es la forma como se concentran los esfuerzos contra la delincuencia.
Propuesta universitaria
"Los criminales saben cómo lidiar mejor con la presencia federal, se han vuelto más elusivos, las células criminales cada vez son más pequeñas. El gobierno por otra parte está muy disperso en el territorio"
Eduardo Guerrero, especialista en seguridad
Pero si el despliegue de miles de soldados, marinos y policías federales no es lo indicado, ¿cuál debe ser entonces la estrategia para combatir a los carteles de la droga?
En las últimas semanas se han planteado varias alternativas, que coinciden en que por el nivel de violencia en el país no es conveniente retirar de inmediato a las tropas militares de las calles mexicanas, sino hacerlo gradualmente.
La más reciente propuesta es de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que plantean una estrategia integral que incluya opciones de empleo, salud y educación.
El programa de 36 puntos contempla, por ejemplo, crear un registro nacional de víctimas que rescate del anonimato a miles de personas que han muerto en la guerra contra el narcotráfico y también a sus familiares.
La UNAM también propone concentrar esfuerzos en la prevención del delito y reducir el índice de impunidad pues según organizaciones civiles, menos del 2% de los delitos que se cometen en el país son castigados.
El plan universitario pretende reducir el número de muertes en el país, que según cifras oficiales hasta enero eran cerca de 35.000.
"Requerimos prevención como parte integral, pero también aplicar el marco jurídico y la ley", dijo el rector de la UNAM José Narro.
Contra los más violentos
El especialista Eduardo Guerrero sostiene que la estrategia de desarticular a grandes carteles –como han hecho las autoridades mexicanas-, creó más grupos que disputan el control del mercado de drogas.
La consecuencia fueron efectos no deseados, como violencia en regiones que habían vivido en tranquilidad.
Guerrero propone, en cambio, concentrar las operaciones policíacas contra los grupos más violentos, y enviar así mensajes a la delincuencia organizada.
El incendio en el Casino Royale cambió la percepción de inseguridad en México.
"A lo que debemos aspirar, más que a desmantelar las organizaciones, es cambiar el comportamiento del crimen", explica.
"Comunicarles que vamos a agredir a las células más agresivas, homicidas o que cometen más secuestros, y ser muy contundentes en los golpes que se les den en términos de arrestos, acusarlos de delitos con los que se les encarcele un tiempo".
Se trata, insiste, de elevar el costo de cometer delitos, pues hasta ahora el nivel de impunidad parece decir a los delincuentes que es difícil un castigo por su comportamiento.
Respuesta oficial
Más allá de estas propuestas, el presidente Calderón insiste en que la estrategia de su gobierno seguirá adelante.
En Monterrey, como antes en Ciudad Juárez o Tijuana, la intervención militar y de policías federales fue necesaria porque las autoridades locales no pudieron contener la violencia por la disputa de carteles.
"Hay quienes de manera reprobable, queriéndose lavar las manos diciendo pues esto es culpa del gobierno", dijo en entrevista a medios locales.
"No señores, tenemos un grave problema de desmoronamiento o debilitamiento institucional de muchos cuerpos de seguridad pública, procuradurías y una gran descomposición social y corrupción en algunos lugares", insiste.
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