Militares al servicio… pero del narcotráfico
La capacidad corruptora del narco es proporcional a la magnitud de los recursos económicos de que dispone. Mediante el ariete del dinero ha infiltrado las más altas esferas de la política y de los cuerpos de seguridad, incluidas las policías y el Ejército. Así lo documenta el reportero de Proceso Ricardo Ravelo en su libro El narco en México, que a partir de esta semana estará en circulación. Con autorización del sello Grijalbo presentamos fragmentos del capítulo IV: “El Ejército doblegado”.
La noche del 23 de abril de 1989, la cena estaba servida en una amplia mesa del restaurante San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México. Una decena de comensales se disponían a festejar el cumpleaños del general Jorge Maldonado Vega, personaje con una amplia trayectoria en las filas castrenses.
(…) En la mesa del agradecido festejado se chocaban las copas de vino. Amigos y familiares habían sido convocados por el coronel Alfonso Caiseiro Pérez para celebrar al hombre, ahí relajado y sonriente, que él respetaba y admiraba por su carrera militar (…) la amena plática del grupo se vio interrumpida por un individuo de 1.85 m de estatura, que bordeaba los 34 años de edad. Una voz amable apagó la conversación del grupo y la atención se centró en aquel personaje que vestía ropa informal.
–¿Es usted el general Maldonado? –preguntó el sujeto con un tono de amabilidad y fineza.
–A sus órdenes –respondió el militar.
El general Maldonado Vega no había visto antes al personaje, quien atrajo su atención cuando, en cascada, le empezó a enumerar pasajes de su vida castrense. Le dijo que admiraba su entereza porque no lo habían podido comprar ni con 5 millones de dólares, que sabía de su duelo de Chapultepec, que tenía datos acerca de las veleidades que estuvieron a punto de llevarlo a enrolarse con la guerrilla; que tenía conocimiento de su intachable comportamiento ante sus prisioneros, quienes nunca fueron torturados, ni víctimas de delitos inventados ni les robó droga. Aquel personaje también le mencionó que sabía que esas prácticas eran exclusivas de las corporaciones policiacas y del Ejército, que torturan y matan.
(…) Transcurridos 30 o 40 minutos, el viejo general vio despejadas sus dudas: su interlocutor le confesó que era Amado Carrillo Fuentes. La charla prosiguió en confianza. Derribada esa barrera, el festejado terminó por proporcionarle su nombre completo, su dirección y sus teléfonos. Carrillo Fuentes se retiró de la mesa y desapareció del lugar.
Pasaron tres meses, aproximadamente, sin que Maldonado Vega tuviera noticias de Carrillo Fuentes, hasta que una madrugada de julio de ese mismo año, en su departamento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica. Era la voz de una mujer desesperada: Luz Bertila Carrillo Fuentes, hermana del Señor de los Cielos. (…) le comunicó la urgencia: su hermano Amado había sido detenido por un grupo de militares y estaba preso en una ranchería del poblado de Huixiopa, Sinaloa. Le dijo que sabía que lo habían torturado y que corría peligro.
–(…) le pido, por favor, que lo ayude. Usted es el único que puede hacerlo –suplicaba la mujer del otro lado del auricular.
(…) A las 8:00 de la mañana del día siguiente, Joel Martínez, quien dijo ser ayudante de Amado Carrillo, se puso a las órdenes del general Maldonado y lo trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, el militar abordó rápidamente un avión Cessna 210, cuyo piloto en cuestión de minutos tomó pista y despegó con destino a Culiacán, Sinaloa.
A su llegada a esa entidad, el general fue llevado a Navolato, donde radica la familia Carrillo Fuentes. Allí se presentó Luz Bertila, quien le expuso más detalles de la aprehensión de su hermano: Amado Carrillo había asistido a una fiesta a Huixiopa con algunos familiares y amigos. Lo acompañaban, como ya era habitual, varios agentes del Ministerio Público Federal y de la extinta Policía Judicial Federal (PJF); sin embargo, un grupo de militares lo había detenido, sin motivo aparente, y ella sabía que, por los golpes que le propinaron, su hermano estaba inmóvil de medio cuerpo y la gente del pueblo decía que lo iban a linchar.
–Sálvelo, general, por favor. Sé que usted puede hacerlo…
(…) El general se dirigió a la base de operaciones que el Ejército tenía en ese sitio y se puso en contacto con el comandante para preguntarle si era verdad que tenían como prisionero a un tal Amado Carrillo.
(…) Minutos después llegó el sargento Heriberto Baltasar Pantaleón, quien de inmediato increpó a Maldonado Vega, preguntándole para qué quería verlo. El general le respondió que sabía de la detención de Amado Carrillo, que la familia desconocía la razón y que estaba preocupada porque entre la gente corría la versión de que lo iban a ejecutar.
Baltasar Pantaleón expuso que el señor había sido detenido porque les pareció sospechoso, debido a que iba armado: portaba una pistola calibre .45 con empuñadura de oro y andaba enjoyado. “Nos parece que puede ser un capo grande” y estamos esperando a que nos den instrucciones sobre qué hacer con él.
–Golpear a una persona tan severamente y retenerlo tanto tiempo no se les ha enseñado en el Colegio Militar y es un error grave. Para eso está la PGR, es la instancia a donde lo deben enviar con todas las pruebas que tengan en su contra –expuso Maldonado Vega al sargento.
(…) El diálogo entre Maldonado Vega y Baltasar Pantaleón se cortó. Éste dio por terminada la plática, pidiéndole al general que se retirara del lugar y que no siguiera insistiendo. Para ese momento, el titular de la Sedena estaba enterado de la detención de Amado Carrillo y de las gestiones que en su favor realizaba Maldonado Vega.
(…) Luego, se retiró del sitio y abordó la avioneta de regreso a Culiacán, donde volvió a encontrar a la hermana de Amado. Ambos se dirigieron a la casa de la madre del detenido. En una charla, en la finca La Aurora, municipio de Navolato, el general fue claro y directo:
–El problema de Amado es mayor a mi capacidad para hablar por él. Se le detuvo con un arma y es probable que sea consignado. De todo este asunto, y hasta de mi presencia aquí, ya está enterado el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Yo les sugiero que acudan ante las autoridades civiles o militares para arreglar este asunto.
La señora Aurora Fuentes, una mujer bragada y de fuerte carácter, entendió la posición del general Maldonado, a quien agradeció el gesto y la atención de acudir en apoyo de la familia y su hijo.
–Preparen el avión para que lleven al general a la Ciudad de México –ordenó la madre de Carrillo Fuentes.
El general solicitó que mejor lo trasladaran por carretera a la ciudad de Guadalajara, desde donde voló en línea comercial a la Ciudad de México.
El reencuentro
La siguiente ocasión en que el general Jorge Maldonado Vega tuvo contacto con el Señor de los Cielos fue en la cárcel. Dos meses después de la detención, y en agradecimiento por haber atendido el llamado de su familia, el capo pidió a su hombre de confianza, Joel Martínez, localizarlo, para invitarlo a que lo visitara en el Reclusorio Sur, donde estaba preso por portación de arma prohibida. El general aceptó gustoso la invitación y acudió al día siguiente. Pasó todas las aduanas sin ser revisado, nadie le preguntó a quién iba a ver ni le exigieron identificación.
(…) Al llegar al sitio donde estaba Amado Carrillo con un grupo de internos, éste llevó al general a un espacio libre para dialogar a solas. Sentados en una banca, le confesó:
–General, me da mucho gusto verlo. Deseaba agradecerle lo que hizo por mí y por mi familia. Afortunadamente, sólo fui consignado por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pero cuento con amigos dentro de la PGR para que el problema se resuelva en un año. Yo le pido, por favor, que no pierda contacto conmigo. Si usted cambia de domicilio, hágaselo saber al ingeniero Joel Martínez.
(…) A finales de 1990 y principios de 1991, el asistente del capo le telefoneó para comunicarle que muy pronto se resolvería el problema del jefe, que toda la gestión para liberarlo estaba en manos de la PGR, que sólo era cosa de esperar un tiempo. Meses después, el general recibió un nuevo telefonema. Era el enviado de su amigo, quien le comunicó que “el jefe” quería verlo, pues había sido liberado y estaba de regreso a la actividad.
El general tomó el primer vuelo hacia la Ciudad de México. Al llegar al aeropuerto lo recogió Martínez, quien lo instaló en el hotel Real del Sur (…)
(…) Después del protocolo, Amado se reunió con él en privado, volvió a agradecerle su intervención y le ofreció una disculpa por haberlo afectado. Le dijo que estaba enterado de que los altos mandos militares habían sabido de su intervención en aquella ocasión y después le anunció que le iba a regalar 5 millones de dólares.
(…) Le dijo que con ese dinero se podía comprar 50 camiones Kenworth, le propuso otorgarle 5 millones de dólares más para que adquiriera una cantidad de tractocamiones similar para él y le pidió que se los administrara.
(…) –¿En cuánto tiempo tendrá usted una respuesta? –insistió Carrillo Fuentes.
–En seis meses. Déjeme pensarlo bien.
Transcurrido el plazo, el general se puso en contacto con Amado Carrillo, quien lo citó en la misma casa. Sin embargo, en contra de lo que pensaba, el capo se mostró desinteresado y se excusó arguyendo que en ese momento no disponía de efectivo. Agotado el asunto, el general se despidió y regresó a Guadalajara. (…)
Amado y el Ejército: la negociación
Al igual que el general Jorge Maldonado Vega, Adrián Carrera Fuentes, director general de la PJF en el sexenio de Carlos Salinas, se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Amado Carrillo Fuentes y, como muchos otros aliados del capo, no resistió los “cañonazos” de dinero que le ofrecía el jefe del cártel de Juárez.
(…) Con el tiempo, Carrera Fuentes se convirtió en uno de los hombres más cercanos al Señor de los Cielos, junto al general Maldonado Vega. Este último, por su parte, llegó a fungir como enlace para acercar a los hermanos Carrillo Fuentes con los presuntos mediadores de otras organizaciones criminales –sobre todo del cártel de Tijuana– para que negociaran ante la Sedena el fin del conflicto entre ellos y así terminar con la violencia que se vivía en el país. (…) Confiaba en los buenos contactos que tenía al interior de las Fuerzas Armadas.
Uno de esos contactos era Eduardo González Quirarte, quien primero logró que la propuesta del capo del cártel de Juárez se sometiera a un serio análisis, que llegó a manos del entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, un oscuro personaje envuelto en la sospecha. Además de su relación con el narcotráfico y de ser conocido como administrador de algunos bienes de Carrillo Fuentes, González Quirarte tenía acceso directo a las instalaciones de la Sedena, donde era atendido por altos jefes militares. Esa deferencia se debía a que el alto mando tenía interés en concretar la negociación que ya se había puesto en el escritorio de Cervantes Aguirre.
De acuerdo con un reporte fechado el 14 de enero de 1997, en poder del titular de la Sedena, las peticiones de Carrillo Fuentes eran claras y precisas: no deseaba entregarse, tenía interés en negociar y pactar con el gobierno; también pedía tranquilidad para su familia y que lo dejaran trabajar sin ser molestado. A cambio, otorgaría al Estado 50% de sus posesiones; colaboraría para acabar con el narcotráfico desorganizado; actuaría como empresario, no como criminal; no vendería droga en territorio nacional, sino en los Estados Unidos y en países de Europa; traería dólares para ayudar a la economía del país, y no actuaría violentamente ni en rebeldía.
En los dos encuentros que Cervantes Aguirre tuvo con González Quirarte, éste le explicó que si no se lograba la negociación, el cártel de Juárez y su líder llevarían su ofrecimiento, con sus beneficios, a otro país.
En septiembre de ese año, al ampliar su declaración ministerial, el general (Jesús) Gutiérrez Rebollo, quien conocía los detalles del plan trazado por el cártel de Juárez, confesó que González Quirarte tuvo tres acercamientos con el titular de la Sedena. Y precisó que dicho personaje acudió en dos ocasiones a las instalaciones centrales de esa Secretaría, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor, general Juan Salinas Altez, y otros seis generales. El general Rafael Macedo de la Concha también figura en la lista de militares que se entrevistaron con González Quirarte.
Gutiérrez Rebollo –cuya detención sigue siendo una incógnita, aunque se presume que fue víctima de una venganza del alto mando militar– dijo que González Quirarte comentó a los militares que uno de los puntos del arreglo era que los agentes del INCD “no efectuaran operativos, para lo cual se entregaría a unos licenciados, cuyos nombres no fueron revelados, 60 millones de dólares, de los cuales ya se les habían adelantado 6 millones”.
De forma paralela al planteamiento presentado por González Quirarte, otro grupo, presuntamente por encargo de Cervantes Aguirre, hacía gestiones con el Señor de los Cielos para lograr el acercamiento con los altos mandos militares y concretar la negociación. Esos sujetos serían los licenciados que Gutiérrez Rebollo mencionó en su testimonio, quienes buscaron entrevistarse con Carrillo Fuentes a través del general Maldonado Vega.
Pero, ¿quiénes eran esos licenciados y cómo surgieron en la trama de esta negociación del cártel de Juárez con la Sedena? ¿Quién les ordenó ponerse en contacto con los miembros del cártel de Juárez?
En su declaración ministerial, Maldonado Vega cuenta todas las maniobras que se realizaron con la finalidad de que él fuera una de las vías para contactar a Amado Carrillo. La historia se remonta al momento en que el contador Edmundo Medrano presentó al militar con el licenciado y periodista Rafael Pérez Ayala, quien en abril de 1996 le pidió que hiciera contacto con el narcotraficante Carrillo Fuentes; posteriormente contactó también a Fermín Duarte, a quien contó el plan de Pérez Ayala.
Pérez Ayala se identificó ante el general Maldonado Vega como una persona de confianza del titular de la Sedena y presumió tener derecho de picaporte en la Presidencia de la República. Según el testimonio del militar, Pérez Ayala también le comentó que tenía el respaldo de un fuerte grupo político –aunque no mencionó los nombres de sus integrantes–, preocupado por la ola de violencia provocada por el crimen organizado e interesado en pactar con las organizaciones criminales, por lo que pensaron en él para llegar al Señor de los Cielos.
–Nadie más que usted es la persona ideal para contactar al señor Amado Carrillo. Confiamos en que, por su cercanía con él, usted podrá ayudarme –le dijo Pérez Ayala a Maldonado Vega.
(…) Cuatro meses después del fallecimiento de Carrillo Fuentes, el 22 de noviembre de 1997, Pérez Ayala, articulista del diario Excélsior, fue asesinado. Había desaparecido desde nueve días antes; su cuerpo fue encontrado oculto en la cajuela de su coche. Su hija Yanila se había comunicado con su padre unos días antes del desenlace, quien la tranquilizó diciéndole que estaba atendiendo a unos clientes.
Dicha reunión se habría llevado a cabo en el hotel Marriot, la cual concluyó a las 19:00 horas. Pérez Ayala, entonces de 61 años, se despidió de sus clientes y abordó su coche. Ya no se le volvió a ver, sino hasta que apareció muerto en Tlalnepantla, Estado de México.
La oscura fortuna del general
La oscura fortuna del general
Ricardo Ravelo
Un sexenio le bastó al general de división Nicéforo Luz Torres Fernández para acumular 2 mil millones de pesos, que heredó a sus tres hijas al morir. Hasta hoy se desconoce cómo obtuvo esa fortuna, pues en 1983, cuando se retiró del Ejército, su sueldo era de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. A esa incógnita se suma el pleito entre las herederas del militar con Raúl Gálvez Alcántar, a quien, mediante documentación apócrifa, pretenden desconocer como albacea. El litigio envuelve también a las autoridades de la PGJDF.
En sólo seis años, cuando se desempeñó como intendente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el general de división Nicéforo Luz Torres Fernández amasó una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos, entre propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.
Hoy, sus herederas se encuentran inmersas en un litigio legal con Raúl Gálvez Alcántar, sobrino político y albacea del militar, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal, e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.
Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.
De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.
Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –2% de los bienes y 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.
El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.
En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. De haber ahorrado su sueldo íntegro hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.
Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.
Un albacea cuestionado
Durante 30 años Raúl Gálvez Alcántar administró las empresas del militar, quien murió el 5 de diciembre de 2006. Y entonces comenzaron los problemas, pues el viejo general no sólo heredó sus bienes a sus hijas, sino un embrollo legal que implica al propio titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, y a otros funcionarios de esa dependencia.
Según Alejandro Sánchez, abogado de Gálvez Alcántar, el general heredó a sus hijas una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos. Tanto él como su representado afirman que el origen de esa riqueza es un misterio, y dejan entrever que el monto podría ser superior.
Ambos explican que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les entregó información según la cual Torres Fernández manejaba 12 cuentas bancarias en México. En una de ellas –la 60-50781722-1–, abierta en Banco Santander, el militar tenía un saldo de 55 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2006.
Además, en ese mismo banco el general manejaba otras cuentas: en una de ellas, registrada con el número 61-50781722-1, tenía 54 millones 762 mil pesos; en otra “cuenta personal”, la 60-500019328-4, sus fondos eran de 54 millones 830 mil 393 pesos, y en una “cuenta bursátil”, la número 13-00000521-7, el capital de Torres Fernández ascendía a 78 millones 821 mil pesos.
Gálvez Alcántar comenta que en 2007, poco después de la muerte de su tío político, se enteró de que sus primas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Torres Gálvez, asesoradas por los abogados Gustavo López Flores, Irma Miriam Vargas Rodríguez, Abraham Camacho Vargas y Fernando Javier Rocha, le revocaron el cargo de albacea.
Las herederas del general Torres Fernández recurrieron también al contador público Armando Posadas Pacheco, quien, dice Gálvez Alcántar, elaboró un informe contable en el que lo acusa de malversación de bienes, según el juicio familiar 177/2007 que se instruye en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar.
Sin embargo, él detectó que se trataba de una “sucia maniobra”, pues, asegura, el reporte contable era apócrifo, por lo que presentó una denuncia de hechos por el delito de fraude procesal ante la Fiscalía Central en Investigación para Asuntos Especiales de la PGJDF, lo que motivó la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10.
A su vez, el contador Posadas Pacheco presentó una denuncia –averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/00816/07-06– en la que expone que fue presionado por las hijas del general Torres Fernández y por los abogados que ellas contrataron para elaborar el informe contable falso a fin de acusar de fraude a Gálvez Alcántar. Así lo cuenta Posadas Pacheco en su escrito:
El 16 de febrero de 2007, aproximadamente a las 12 horas, la señora Irma Olivia Mayela me dijo telefónicamente que de parte de las herederas me instruían para que preparara un informe contable fiscal y administrativo de las irregularidades en las que incurrió el Lic. Raúl Gálvez en el manejo de las empresas del general Nicéforo que tenía a su cargo. Yo le contesté que iba a tratar de hacerlo con la información que yo tenía porque desconocía muchas cosas.
Ella me dijo que yo lo hiciera como pudiera pero que lo presentara cuanto antes y que le llamara cuando lo tuviera. El 8 de marzo de 2007, como a las 6 de la tarde, le dejé en su escritorio a la Lic. Elvia Valerio un informe contable y administrativo de las empresas…
Después, Gustavo López Flores, abogado de las herederas, mandó llamar al contador Posadas. Continúa el contador:
…El Lic. López me llamó con una seña… y me entregó una versión modificada de mi comunicado del informe (contable). Al leerlo le mencioné que no lo firmaría con esa redacción. El Lic. López me dijo que lo más probable es que ni siquiera se tuvieran que utilizar estos documentos, porque ellos (el Lic. Rocha y el Lic. López) ya habían hablado personalmente con el Lic. Gálvez (el albacea) a finales de febrero y que le había causado pánico el saber que yo estaba realizando un informe de sus malos manejos. Ellos dijeron que si el Lic. Gálvez renunciaba a su cargo de albacea, entonces sus primas no iban a proceder legalmente contra él…
De acuerdo con la declaración del contador Posadas Pacheco, el documento contable que exhibieron las herederas en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar, “en complicidad con sus abogados”, es falso. El documento donde aparece su firma se elaboró con la finalidad de “espantar el licenciado Gálvez”, reitera el contador.
Investigación torcida
Gálvez Alcántar asegura que para documentar su querella contra las hijas del general Torres Fernández, a quienes acusa de amenazas y fraude procesal (averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10), solicitó informes al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal sobre 15 inmuebles ubicados en la Ciudad de México, todos ellos registrados a nombre del militar.
E insiste en que el titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, torció la investigación para favorecer a las coherederas. En una carta fechada el 23 de septiembre de 2008, enviada por él al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klib Gervitz, Gálvez Alcántar explica:
Conozco los recursos que puedo interponer contra la determinación arbitraria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero como se deduce… se me notificó el no ejercicio de la averiguación previa el 3 de septiembre de 2008; esto es, después de haber acudido a diversas instancias para expresar mi inconformidad por la actuación irregular de la PGJDF y específicamente, de su titular, el procurador Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Sé que la PGJDF cuenta con un órgano de revisión y vigilancia (la Visitaduría) para establecer si algún servidor público ha incurrido, con su actuación, en alguna irregularidad en la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10, al que no he acudido porque resultaría estéril, considerando que el que ha intervenido para determinar esa averiguación es el doctor Miguel Mancera Espinosa.
El albacea dice estar sorprendido por la celeridad con la que fue cerrada la averiguación sobre la denuncia por fraude procesal contra las hermanas Torres Gálvez, pues la decisión fue tomada –explica– a pesar de que faltaban por desahogarse cuatro diligencias: la presentación de Elvia María Socorro Varolio González por parte de la Policía Judicial, lo que no se logró; y solicitar al titular de la notaría en la que se tramita el juicio testamentario, a cuánto asciende económicamente la masa hereditaria del general Nicéforo Luz Torres Fernández.
También faltó, dice, cotejar en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública si Gustavo López Flores, Irma Miriam Vargas, Abraham Camacho y Fernando Javier Rocha, quienes fueron contratados por las coherederas del militar, cuentan con su título de abogados.
Y, finalmente, esperar a que el director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal remitiera una copia certificada del folio real de los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria.
En la carta que dirigió a Klib Gervitz, Gálvez Alcántar afirma que en esa investigación la PGJDF incurrió “en un acto de corrupción económica o por amistad con los abogados de las inculpadas o con ellas mismas, pues faltando diligencias por practicar se declaró el ejercicio de la acción penal sin que el promovente ni mi asesor jurídico tuviéramos oportunidad de consultar el motivo por el cual se dictó dicha resolución”.
Alejandro Sánchez, defensor de Gálvez, señala que las autoridades de la procuraduría capitalina comenzaron a mostrar un comportamiento sospechoso para favorecer a las coherederas del general Torres Fernández. “Curiosamente –relata– a partir de noviembre de 2008, durante el juicio familiar 188/2008 apareció como defensor (de las coherederas) Francisco Fuentes Olvera”.
Fuentes Olvera es hijo del abogado Enrique Fuentes León, quien estuvo implicado en el secuestro y asesinato de la bailarina y coreógrafa Nellie Campobello; asimismo, lo implica en maniobras legales mediante las cuales la juez Celia Carmen Santos Olvera lo nombró albacea de la Colección Gelman de arte mexicano, y por cuya designación se le giró orden de aprehensión a la juzgadora, ya que incurrió en diversas violaciones legales.
Petición a Los Pinos
En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, recibida en la Presidencia de la República el 10 de diciembre último, Gálvez Alcántar insiste en que el titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, favorece a las coherederas del general Torres Fernández, a pesar de que ellas incurrieron en el delito de fraude procesal al introducir en el expediente del juicio familiar un informe contable falso para revocarlo como albacea de los bienes del militar.
Asimismo, expone que, tras interponer la denuncia por fraude procesal, se practicaron todas las diligencias, “pero todo cambió de forma drástica y contraria a la ley cuando entraron en funciones el procurador Miguel Mancera Espinosa y el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Javier Cerón Martínez (a quien se le relaciona estrechamente con el abogado Fuentes Olvera)”.
Fue él, dice el albacea, quien el 8 de agosto de 2008 decidió de manera abrupta el no ejercicio de acción penal contra las hermanas Torres Gálvez cuando aún faltaban varias diligencias por practicar. La semana pasada Cerón fue destituido de su cargo.
Gálvez presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se integró el expediente CDHDF/1/121/ CUAUH/D4882, que derivó en una recomendación contra la PGJDF en la que se le pide practicar las diligencias pendientes. Hasta la fecha el caso está congelado.
Por otra parte, de acuerdo con el defensor de Gálvez, la juez 15 de lo familiar solicitó a las hijas del general Torres Fernández que presenten el inventario de bienes, a fin de cuantificar la masa hereditaria “y el porcentaje que le corresponde a mi cliente”. Hasta el viernes 22 no habían atendido la solicitud.
–¿Por qué se niegan las coherederas a entregar el inventario de bienes? –se le pregunta al abogado.
–No lo sé. La juez ha sido muy condescendiente con ellas, ha dicho que si lo quieren presentar, bien, y si no, pues también. Yo creo que algo ocultan, no quieren que se conozca la enorme fortuna que amasó el general, pues resulta sospechoso que haya obtenido legalmente tanto dinero y propiedades.
–¿Cuál es el origen de esta fortuna?
–No lo sabemos. Hay muchas sospechas, pues tenemos conocimiento, más no pruebas, de que el general Nicéforo Luz Torres también tenía cuentas personales multimillonarias en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y Europa, así como residencias en todo el país.
–¿Por qué no han acreditado todas las propiedades y el resto de las cuentas bancarias que manejaba el general Torres Fernández?
–Porque la familia se niega a entregar a la autoridad judicial el inventario de bienes. Si toda esta fortuna es legal, entonces surgen muchas sospechas al negarse a entregar el inventario de bienes.
–¿Hay lavado de dinero en este caso?
–No tengo elementos para afirmarlo, pero la fortuna es muy sospechosa y, peor aún, que la haya amasado un militar que tuvo poder en el sexenio de Miguel de la Madrid. Todo esto es muy raro. Por eso no dudo que el caso pueda llegar al fuero federal.
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