No pocos delegados obtienen el cargo gracias a presiones, recomendaciones o sugerencias del gobernador en turno.
Ricardo AlemánEn los pasillos de la PGR la versión es generalizada. Se dice que para ocupar las plazas de los 21 delegados despedidos fueron convocados mandos militares. Sin embargo, hasta la tarde de ayer la versión no había sido confirmada.
En todo caso, no sería la primera vez que a la PGR llegan militares para ocupar los mandos superiores. En realidad durante el gobierno de Vicente Fox se habló de la militarización de la PGR, ya que el titular fue nada menos que el general Rafael Macedo de la Concha, de no grata memoria para la institución.
Sin embargo, la verdadera interrogante parece estar orientada a la poca credibilidad y confianza que se tiene a los civiles en cargos estratégicos y de profunda autonomía, como el de representante —delegado— de la institución en cada una de las entidades del país. ¿Por qué razón tendría sentido que el cargo de “delegado de la PGR” estuviera encomendado a militares de cierto rango? La respuesta ya la dio la Procuraduría.
Y es que, al llevar a cabo una “limpia” de dos tercios de los delgados de todo el país, el mensaje que se envía es de incapacidad, ineficiencia, improductividad y, en el extremo, de corrupción de los delegados despedidos, muchos de los cuales tenían años en el cargo, en distintas plazas, y en algunos casos no habían aprobado en todo ese tiempo los exámenes de confianza.
Porque es un secreto a voces que la “limpia” que emprendió la nueva titular de la PGR, la maestra Marisela Morales, se debió en buena medida a que los delegados despedidos no aprobaron uno o más de los reactivos aplicados en los exámenes de confianza. En no pocos casos el nivel de vida del delegado en cuestión no correspondía con los ingresos reportados por su actividad como servidores públicos y, en un caso extremo, uno de los despedidos de plano confesó ingresos poco claros.
Pero el asunto —y la crisis que vive la PGR— tiene mucho más de fondo. Resulta que pocos saben que el delegado de una dependencia federal, como la PGR, se mueve en su responsabilidad del día a día, literalmente, entre la lealtad a dos o tres jefes. Es decir, el delegado se debe, en primer lugar, a su responsabilidad con la dependencia de origen, en este caso la PGR.
Sin embargo, ya en el desempeño de su actividad, un delegado debe lidiar con el gobernador en turno, sea del PAN, del PRD o del PRI. De hecho, no pocos delegados obtienen el cargo gracias a presiones, recomendaciones o sugerencias del gobernador en turno. Y aquí vale la pena recordar que, luego de la caída del poder presidencial inaugurado por el priato, los gobernadores se convirtieron en señores feudales que hacen y deshacen a su antojo.
Y si es posible, mejor, que todo lo que tenga que ver con el gobierno federal se haga lejos del ojo —precisamente— federal. Así que los señores feudales que gobiernan en las 31 entidades del país imponen a sus delegados —cuando se puede, claro—, y en casos contrarios los cooptan, compran o, de plano, los corrompen. ¿Por qué creen que a la PGR le cuesta tanto trabajo hacer efectiva la atracción de un asunto escandaloso? Por eso, porque los gobiernos estatales prefieren echarle tierra a todo. Con la complicidad, claro, del delegado en cuestión.
Pero hay más. Resulta que, durante años, la PGR peleó por que fuera legal la utilización de las escuchas telefónicas. Una vez que se consiguió dar ese paso —que en democracias avanzadas es el corazón de las labores de inteligencia—, resulta que es un tema obsoleto en todos los estados del país. ¿Qué quiere decir eso? Casi nada, que ningún delegado de la PGR ha aceptado poner en práctica esa tecnología, capacitar a un grupo de élite y, por tanto, avanzar en las labores de inteligencia a partir de las escuchas telefónicas.
En rigor, los delegados de la PGR son empleados de los gobernadores, sirven a intereses locales, se han convertido en “tapaderas” de los escándalos regionales y de poco o nada le sirven a la PGR.
Pero tampoco ahí termina el asunto. Por increíble que parezca, no existe un manual, procedimiento, reglamento y menos el perfil que debe cumplir un delegado de la PGR en las distintas entidades del país, con la complejidad que cada una de ellas representa. Por lo pronto, se sabe que ya fueron designados los sustitutos de los 21 delegados despedidos. Pero no se confirma o desmiente si son militares, cuál es su perfil, si cumplen o no con los requerimientos de una institución a la que le urge un toque de modernidad. Al tiempo.
EN EL CAMINO
Ayer Sicilia mandó al diablo el diálogo. Hoy pide que se restablezca.
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