YANA MARULL
AFP
BRASILIA -- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha dado muestras de que podrá aplicar mano dura contra la corrupción tras una sucesión de escándalos en su gobierno, pero para ello tendrá que enfrentar las viejas prácticas de la política de las que depende su gobernabilidad.
En dos meses, escándalos y denuncias pasaron de un ministerio a otro. Esta semana la policía entró en el de Turismo y detuvo a 36 personas, incluído el número dos, por presunto desvío de dinero público. A inicio de julio tuvieron que dimitir el ministro de Transportes y casi 30 altos cargos bajo sospecha de corrupción, y otras denuncias planean sobre Agricultura.
“Creo que la presidenta está siendo menos tolerante con la corrupción, está actuando con más rigor. Pero de la manera como la política brasileña está estructurada, corre el riesgo de perder el apoyo de los aliados”, estimó Gil Castello Branco, secretario de Contas Abertas, una ONG creada en EL 2005 para supervisar las cuentas públicas.
“Hay una estructura de la corrupción, que está presente en casi todos esos escándalos: de un lado hay parlamentarios y políticos —en cargos de poder de la administración— (…) y del otro otro empresas o ONG deshonestas”, añadió.
Las denuncias han puesto en evidencia una práctica arraigada en la política brasileña por la que los gobernantes se ven obligados a repartir altos cargos del gobierno y empresas estatales “entre los partidos aliados a cambio de apoyo parlamentario. Eso es generador de corrupción”, afirmó por su parte el director de la ONG Transparencia Brasil Claudio Abramo.
Según Abramo, el gobierno brasileño tiene 60,000 cargos de confianza, contra 9,000 en Estados Unidos, y las mismas prácticas se reproducen en los gobiernos de los 27 estados y más de 5,000 municipios del país.
La rapidez con la que la presidenta —una ex guerrillera de 63 años, heredera política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que asumió el primero de enero— depuró el ministerio de Transportes levantó la cuestión sobre si mostrará más mano dura con esas prácticas.
Según Abramo, Rousseff ha hecho repartición de cargos entre los aliados como lo hicieron sus antecesores. Pero recuerda que “cuando ganó las elecciones el año pasado advirtió que verificará lo que hacen”.
“La limpieza tendría que empezar dentro de los partidos, que tendrían que expulsar a los políticos corruptos”, expresó el responsable de Contas Abertas.
Las consecuencias se extienden a la gobernabilidad. “Las denuncias han generado una situación incómoda entre los aliados y el gobierno, eso tiene un costo político considerable”, expresó Carlos Lopes, del Instituto Analise.
Rousseff cuenta con una alianza de diez partidos y mayoría en el Congreso, pero los ministerios donde hubo denuncias y la mano dura de gobierno y policía están ahora comandados por políticos de partidos aliados. Agricultura y Turismo del poderosísimo y gigante Partido de Movimiento Democrático (PMDB) y Transportes del menor Partido República (PR).
“No quiere decir que la presidenta va a perder los apoyos, pero sí se le pone más difícil”, estimó Lopes. “es un pulso, porque los aliados seguirán pidiendo más cargos”, concluyó.
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