Se especula que los propietarios del casino no pagaron derecho de piso.
Francisco Garfias
El celular sonó a las 10:40 de la noche. En la pantalla del aparato apareció el nombre de Javier Aguirre Vizuet, hijo del ex alcalde capitalino, Ramón Aguirre.
La hora y la procedencia no dejaron de extrañarme. Lejos estaba de imaginar que estaba relacionada con el acto de terrorismo ocurrido en el Casino Royale de Monterrey, con saldo, hasta ayer, de 53 muertos.
Milenio Televisión acababa de difundir una nota en la que aseguraban que su hermano Rodrigo, ganadero, era el propietario del Royale. Javier sabe de mi amistad con Ciro Gómez Leyva. Me pidió que lo pusiera en contacto con él.
Quería aclarar que su hermano efectivamente había sido socio original de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que manejaba el casino de la muerte, pero “ya no tiene nada que ver”.
La sociedad desapareció hace cinco años, cuando entró el coahuilense Ramón Madero. “A mi hermano lo disolvieron”, aseguró Javier. A través de inversiones de capital y argucias, los socios impuestos bajaron la participación del ganadero de 42 al uno por ciento. “Desde entonces, no ha asistido a ninguna junta de accionistas, ni al Consejo de Administración; a ningún órgano de gobierno de la Sociedad. Mucho menos ha recibido un peso”, asegura Javier. Hay fe notarial de que a Rodrigo Aguirre le fueron revocados todos los poderes. Ya encarrerado, nos dijo que el permiso de operar los casinos fue otorgado a la citada empresa, en 1992, por la secretaria de Gobernación. La encabezada entonces el veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios.
“Inicialmente se trataba de abrir cuatro books en Jalisco, tres en Guadalajara y uno en Puerto Vallarta”, precisó. Sabemos que durante la gestión de Santiago Creel en Bucareli —2000-2006— , se pidió l a revocación del permiso, pero fue litigada con amparos. La familia Aguirre Vizuet, sin embargo, afirma que en 2004, la concesión se amplió de cuatro a 50 books. En el entorno del ahora senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial del PAN reconocen que se amplió el permiso a la empresa “pero fue en esta administración”.
En Google encontramos una columna publicada por Alberto Aguirre, del periódico El Economista, el 17 de noviembre de 2010. El texto da la razón a los colaboradores de Creel.
Dice el sagaz columnista: “Los Madero Dávila no fueron beneficiados con los permisos para la instalación de salas de sorteos que liberó el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, a finales de 2005. No obstante, encontraron una ruta alterna para que su empresa, Cymsa Corporation, pudiera utilizar las licencias otorgadas a otras compañías, entre ellas Atracciones y Vallarta, de Rodrigo Aguirre Vizuet. Así pues, han abierto una veintena de books por todo el país. Utilizan distintas denominaciones.”
El tema del permiso a la empresa que operaba el casino no es menor. Las especulaciones sobre los motivos de tan salvaje ataque están a la orden del día. La más repetida es que los propietarios del casino se rehusaban a pagar derecho de piso al crimen organizado. El asunto huele mal. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, incluso, ha multiplicado declaraciones en las que se pregunta si realmente fueron investigados los operadores del casino. ¿Sabrá algo?
“Hay que encontrar no sólo a los que cometieron este multihomicidio, sino a los responsables administrativos, autoridades que hayan otorgado esos permisos, que no hayan hecho su trabajo, y a los propietarios de este casino”, le dijo Medina a López Dóriga.
El director de Atracciones y Emociones Vallarta es Héctor Arturo Curzio López. Rodrigo Madero Covarrubias aparece como presidente. Ramón Madero Dávila, vicepresidente. José Luis Madero Covarrubias, secretario. Los vocales son Miguel Mornaz y Jorge Romero Ramírez, de acuerdo con el acta de la asamblea ordinaria de accionistas, celebrada en 2008.
Uno de los accionistas fuertes de la empresa, Ramón Madero, es primo del controvertido ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, conocido como Maderito.
Este empresario coahuilense ya ha dado de qué hablar. Apenas hace unos meses, la SCT le dio la concesión de Aviacsa.
- A los diputados se les acaba el plazo para procesar los acuerdos que permiten el relevo de los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. El límite es el 31 de agosto.
No hay señales de entendimiento. Todo apunta a que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín se quedará, por lo menos, hasta el 5 de septiembre próximo. ¿Y después? La incógnita.
En el PAN aseguran que José Ramón Martel, vicecoordinador del grupo priista, ha manifestado su oposición a que Beatriz Paredes regrese a la presidencia de la Mesa Directiva. Tampoco quiere que se quede el actual presidente, Ramírez Marín.
La ventana está abierta para que el PRD ocupe la presidencia de la mesa directiva, si no se aferra a presidir, simultáneamente, la Junta de Coordinación Política.
Un mismo partido al frente de los dos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados está prohibido por la Ley. Y eso, aunque Armando Ríos Piter, coordinador del amarillo, sostenga, con documentos, que había un compromiso de modificar la Ley. Pero no se hizo.
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