A los pocos minutos del ataque —y gracias a la rapidez mediática— se construyó la imagen social de lo indecible, intolerable e inaceptable
Ricardo Alemán
El terror colectivo que desató el ataque criminal a un casino —las imágenes de sicarios que, como si nada, prenden fuego al lugar repleto de personas— y el saldo de 52 víctimas, sacudieron como pocas ocasiones a la sociedad mexicana, toda.
A los pocos minutos del ataque —y gracias a la rapidez mediática— se construyó la imagen social de lo indecible, intolerable e inaceptable. Por eso apareció el infaltable “¡ya basta!”, seguido de un reclamo social que nadie pudo ignorar. En el otro extremo, el de los distintos órdenes de gobierno, la respuesta también fue inmediata, pero pareció cargada de la misma emotividad social, más que de la responsabilidad y la eficacia que todos esperan.
Y acaso por esa razón aparecieron el decreto de duelo nacional de tres días, el decreto de duelo anual en Monterrey, la prisa por presentar ante los medios los retratos hablados de los sicarios incendiarios, una batida contra casinos en Monterrey y, por si no fuera suficiente, de inmediato arrancó la movilización de tres mil efectivos militares y policiacos que llevan la consigna de localizar y detener a los responsables del crimen en el casino de Monterrey.
Más aún, como si se tratara de la cereza del pastel, la PGR ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos “a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve efectiva y oportunamente para la identificación, localización, detención y /o aprehensión de los responsables que planearon y ejecutaron el ataque al establecimiento ‘Casino Royal’, en Monterrey, Nuevo León”.
Pero lo cierto es que, más allá de las expresiones de solidaridad con los deudos de las víctimas y con la sociedad agraviada —como el duelo oficial—, parecen menores, ridículas y hasta una gran simulación, las respuestas de los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué? Porque otra vez queda claro que los gobiernos estatal y municipales de la entidad más próspera y avanzada del país son incapaces de la eficacia que reclama el momento y la crisis que viven.
Y es que, por ridículo que parezca, ahora resulta que, durante meses y años, el gobierno municipal de Monterrey, y el estatal de Nuevo León, no habían sido capaces de poner orden en una docena de casinos que operaban de manera ilegal en la capital regia. Resulta que, a cuatro días del crimen colectivo, nadie sabe —bien a bien— quién o quiénes son los dueños del Casino Royale; quién o quiénes son culpables de que el establecimiento no contara con los mínimos de seguridad y cuál es la responsabilidad de los concesionarios del juego.
Resulta que nadie conoce la razón por la que grupos criminales lanzaron un ataque macabro al Casino Royale; nadie sabe cuál grupo criminal es el autor intelectual del crimen colectivo; nadie sabe si el casino fue atacado por no pagar la cuota de piso, si era un lavadero de dinero; si la tragedia criminal se produjo por la disputa entre propietarios de casinos, si…
Resulta que nadie sabe por qué razón nunca aparecieron policías municipales o estatales, no sólo en la escena del crimen, sino a lo largo de la ruta de un convoy de cinco vehículos, con personas fuertemente armadas, que a lo largo de un trayecto por las principales avenidas de Monterrey no fue molestado por policía alguno. Y resulta ridículo que, a pesar de las evidencias de que jueces y magistrados corruptos están detrás de los amparos que mantenían funcionando los casinos, ninguna autoridad del Poder Judicial federal haya sido capaz de decir “esta boca es mía”.
Resulta que, a pesar del terror colectivo que ocasionó el ataque al Casino Royale, a pesar de que todos o casi todos aceptaron que se trató de un acto terrorista; a pesar de que los regios y todo el país dijeron no estar dispuestos a permitir un acto terrorista más, lo cierto es que poco o nada han hecho los gobiernos municipal de Monterrey y estatal de Nuevo León.
En rigor, la única autoridad que ha reaccionado —con investigadores, militares y policías federales, además de una recompensa de 30 millones por datos que conduzcan a los criminales— es la federal. Y la reacción ha sido la única de la que es capaz: el uso de la fuerza del Estado. ¿Pero, dónde están las autoridades municipales y estatales de Monterrey y Nuevo León? Simple y sencillamente no están, no existen: dejaron crecer el cochinero y, una vez que han sido rebasadas, gritan por la ayuda federal.
¿Cuántos gobernadores, alcaldes, legisladores, policías, empresarios y hasta medios han contribuido a la simulación que tiene a Nuevo León en la peor crisis de su historia?
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