Autoridades delincuentes

GABRIEL SAID

Hay un subsecretario de Seguridad Pública responsable del Sistema Penitenciario Federal. Además, preside la Conferencia Nacional de sistemas estatales. Le corresponde:

1. Proponer la política penitenciaria y las medidas que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema.
2. Coordinar la adopción de esos lineamientos en las cárceles estatales, así como el intercambio de información y la homologación de estadísticas.
3. Profesionalizar al personal penitenciario.
4. Verificar el cumplimiento de los programas de readaptación social y el respeto a los derechos humanos.
5. Coordinarse con la Policía Federal para la seguridad de los centros de reclusión y el traslado de internos.

El subsecretario no sale mucho en los periódicos. Lo que sale constantemente es el desastre de lo que está a su cargo:

1. Fuga de reos, con la complicidad de las autoridades. ¿De qué sirve el combate al crimen (que no es para matar, sino para encarcelar) y el horrendo sacrificio de vidas y recursos si, después de que se logra encarcelar a un delincuente, se fuga y hay que perseguirlo de nuevo? El poder disuasivo de la fuerza pública se vuelve ridículo si la cárcel no es en serio. Y hay dos fugas por semana, según la propia secretaría (El Universal, 12 de agosto 2008). Que, según el recuento hemerográfico de El Universal (12 de junio 2011), aumentaron de una por semana en 2006 a cuatro por semana en 2010.

2. Industria de extorsiones telefónicas desde la cárcel, con la complicidad de las autoridades. Es monstruoso que la readaptación social consista en aprender un nuevo oficio criminal: el telemarketing de servicios de protección. Esta "readaptación" daña a los reclusos, no sólo a sus víctimas. Los talleres de carpintería no pueden competir con la escuela del crimen. Las cárceles, piadosamente llamadas ceresos (centros de readaptación social), deberían llamarse cerecris (centros de reciclamiento criminal). Según el Vocero de Seguridad, en 2010 se recibieron 43,356 denuncias de extorsión telefónica en el teléfono 088 (Blog de la Presidencia, 3 de mayo 2011). El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos supone que el total anda por los dos millones anuales (El Universal, 9 de mayo 2011), o sea que sólo se denuncia el 2% de las llamadas de extorsión.

3. Inseguridad en las cárceles: asesinatos, suicidios, motines, golpizas, violaciones y despojos, con la complicidad de las autoridades. Al clausurar un foro de justicia penal en la Suprema Corte, el entonces Secretario de Gobernación declaró que "las cárceles son un factor criminógeno que multiplica la violencia", "un microcosmos donde la violencia se recrudece de manera gravísima y donde la vida es un infierno" (Reforma, 23 de abril 2010). Según El Universal (12 de junio 2011), hubo un homicidio cada tercer día en las cárceles mexicanas en 2010. Pero si el Estado no puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en esa millonésima parte del territorio nacional, ¿cómo va a lograrlo en todo el país?

La delincuencia libre pega y corre a esconderse. No es tan fácil localizarla en dos millones de kilómetros cuadrados. En cambio, el tráfico de drogas y de armas dentro de las cárceles (y todo lo que se comete ahí) está localizado, rodeado de muros y a cargo de autoridades armadas. Los internos están fichados, inermes y divididos. Que en las cárceles prevalezca la delincuencia sólo puede explicarse como negocio de las autoridades.

Frente a tamaña realidad, leer la lista de funciones del subsecretario es un paseo por la irrealidad. Lo realista sería reducirlas a dos:

1. Ver que las cárceles empeoran.
2. Lamentarlo.

Se sabe de custodios maltratados, cuando no asesinados, porque denuncian a superiores. En el otro extremo, la tradición del Estado mexicano es considerar que los altos funcionarios no pueden ser responsables de lo que sucede allá abajo. Combinación perfecta para que nadie sea responsable de nada: ni arriba, ni abajo.

Hay 429 cárceles en el país, con 223 mil internos (aunque el cupo es de 183 mil), de los cuales 95 mil no han sido sentenciados y están detenidos para lo que se ofrezca mientras decide el juez (cifras a febrero de 2011 en www.ssp.gob.mx). Estos números eran semejantes en 2006 (220 mil internos), cuando empezó la persecución en gran escala de bandas criminales. O sea que la persecución no previó dónde meterlos, y todavía no tiene, cinco años después.

Peor aún (como señaló Miguel Carbonell en El Universal, 4 de noviembre 2010): si sólo hay tres mil internos más, ¿dónde están los numerosos detenidos por delitos contra la salud en el sexenio? Según la Procuraduría General de la República (Cuarto Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, p. 80) de enero de 2007 a julio de 2010 hubo 96,538 detenidos por esos delitos. ¿De entrada por salida?

Acabar con el crimen dentro del sistema penitenciario puede parecer poca cosa, pero no lo es. En primer lugar, porque cientos de miles, si no millones, de mexicanos padecen los delitos cometidos desde las cárceles y en las cárceles. Además, porque esa limpia tendría efectos multiplicadores. Demostraría que la victoria contra la delincuencia organizada es posible, y mostraría un buen comienzo: un territorio liberado con éxito visible.

Liberaría, además, a una multitud de personas que reciben llamadas de extorsión. Privaría a los capos encarcelados de sus oficinas ejecutivas, servidumbre y recursos de operación desde la cárcel. Sacaría del infierno a decenas de miles de inocentes que están ahí por error o mala fe, porque no saben español, porque no pueden pagar la fianza o porque el defensor de oficio no sirve para nada. Sacaría también a sus familiares y amigos visitantes. Que vuelvan a su casa y su trabajo sería bueno, no sólo para ellos: haría menos infernales las cárceles sobrepobladas, ahorraría espacio y gastos al Estado, restaría pupilos a la escuela del crimen.

Se habla de cambiar la estrategia contra el crimen organizado, y todo parece reducirse a suspender o no la presencia militar, en vez de reconfigurarla. Por ejemplo: militarizando la frontera contra la invasión de armas norteamericanas. Por ejemplo: dando preferencia absoluta a imponer la violencia legítima y el Estado de derecho en las cárceles. Las autoridades delincuentes que están a cargo del sistema penitenciario deben ser el primer objetivo del combate a la delincuencia.