por Michael Tanner
Michael Tanner es Director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social.
El gobernador de Texas Rick Perry recientemente fue criticado por tildar al Seguro Social como un “esquema Ponzi”. Incluso Mitt Romney supuestamente está preparándose para atacarlo por sostener un punto de vista así de radical. Pero si algo es cierto es que Perry estaba siendo demasiado amable.
El esquema Ponzi original fue la idea de Carlos Ponzi. Empezando en 1916, el pobre pero emprendedor inmigrante italiano convenció a la gente de que le permitan invertir su dinero. Sin embargo, Ponzi en realidad nunca realizó inversión alguna. Simplemente tomó el dinero que le dieron los inversionistas posteriores y se lo dio a sus primeros inversionistas, proveyendo a aquellos primeros inversionistas con una ganancia atractiva. Luego usó a estos inversionistas satisfechos como publicidad para conseguir más inversionistas. Desafortunadamente, para seguir pagándole a los inversionistas anteriores, Ponzi tuvo que continuar encontrando más y más inversionistas. Eventualmente, no pudo aumentar el número de nuevos inversionistas lo suficientemente rápido y el esquema colapsó. Ponzi fue condenado por fraude y enviado a la cárcel.
La seguridad social, en cambio, obliga a las personas a invertir en ella mediante un impuesto obligatorio sobre el trabajo. Una pequeña porción de ese dinero es utilizado para comprar bonos de la Tesorería de EE.UU. de emisión especial, los cuales el gobierno eventualmente tendrá que cancelar, pero la gran mayoría del dinero que usted contribuye en la forma de impuestos por la seguridad social no es invertido en algo. En cambio, el dinero que usted contribuye al sistema es utilizado para pagar los beneficios de esos “primeros inversionistas” que están jubilados hoy. Cuando se jubile, tendrá que depender de la próxima generación de trabajadores para que estos paguen los impuestos que financiarán sus beneficios.
Como ocurrió con el esquema de Ponzi, este resulta ser un muy buen negocio para aquellos que invirtieron al principio. La primera recipiente del Seguro Social, Ida Mae Fuller de Vermont, pagó solamente $44 en impuestos por seguridad social, pero la longeva Sra. Fuller recibió $20.993 en beneficios. Retornos así de altos fueron posibles porque habían muchos trabajadores contribuyendo al sistema y pocos jubilados sacando beneficios de este. En 1950, por ejemplo, habían 16 trabajadores manteniendo a cada jubilado. Hoy, hay solamente poco más de tres trabajadores por cada jubilado. Para alrededor de 2030 habrán solamente dos.
Como ocurre con los esquemas Ponzi, cuando el número de nuevos contribuyentes se reduce, se volverá imposible continuar pagando los beneficios prometidos. Esos retornos atractivos del principio hace mucho que no se ven. Cuando los trabajadores jóvenes de hoy se jubilen, ellos recibirán retornos muy por debajo de lo que las inversiones privadas les podrían proveer. Muchos tendrán suerte de recuperar lo contribuido.
Eventualmente la pirámide colapsa.
Por supuesto que la seguridad social y los esquemas Ponzi no son perfectamente análogos. Ponzi, después de todo, dependía de lo que la gente estaba dispuesta a invertir con él voluntariamente. Una vez que él no pudo convencer a suficientes nuevos inversionistas de unirse a su esquema, este colapsó. El seguro social, en cambio, puede depender del poder del estado para cobrar impuestos. Conforme el decreciente número de trabajadores contribuyendo al sistema hace más difícil que se mantengan los beneficios, el estado puede simplemente forzar a las personas jóvenes a contribuir todavía más al sistema.
De hecho, los impuestos para la seguridad social han sido elevados alrededor de 40 veces desde que el programa empezó. El impuesto para la seguridad social inicial era de 2 por ciento (dividido entre el empleador y el empleado), con un máximo de $3.000 de las ganancias. Esto hizo que el impuesto máximo sea de $60. Hoy, el impuesto es de 12,4 por ciento, con un límite de $106.800 de las ganancias y un impuesto máximo de $13.234. Incluso si lo ajustamos para la inflación, esto representa un aumento de más de 800 por ciento.
Además, al menos hasta el colapso final de su esquema, Ponzi estuvo más o menos obligado a pagarle a sus inversionistas primeros lo que él les había prometido. Con el Seguro Social, en cambio, el congreso siempre puede cambiar o reducir esos beneficios para mantener en pie al esquema.
La seguridad social se enfrenta a más de $20 billones de promesas a futuro no financiadas. Elevar los impuestos y reducir los beneficios para mantener al programa a duras penas andando obviamente implicará un negocio cada vez más malo para los trabajadores más jóvenes. Ellos serán obligados a pagar más y recibir menos.
Rick Perry tenía razón esta vez.
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