Editorial -
El Tiempo, Bogotá
El pasado 12 de septiembre, Guatemala celebró sus elecciones generales con una participación del 65 por ciento de los siete millones de ciudadanos habilitados. Este nivel de votación, que no se registraba desde el regreso a la democracia en 1985, confirma la preocupación colectiva por la situación económica y social en esa nación centroamericana.
Los resultados de la masiva jornada confirmaron la necesidad de una segunda vuelta, a celebrarse el próximo 6 de noviembre. El ex general Otto Pérez Molina, con el 36 por ciento de los sufragios, y el millonario empresario Manuel Baldizón, con el 23 por ciento, buscarán en estas semanas las alianzas y el apoyo necesarios para convertirse en el sucesor del presidente Álvaro Colom. La semana pasada, Pérez, del partido Patriota, aseguró el apoyo de otros cuatro partidos y ratificó su favoritismo.
La campaña electoral no ha estado exenta de sorpresas. Hace un mes, el tribunal constitucional descalificó la aspiración de la oficialista Sandra Torres, ex esposa de Colom y cuya separación del actual mandatario fue considerada como una burla al régimen de inhabilidades. Sin una candidatura gobiernista, las preferencias de los guatemaltecos giraron hacia las propuestas de Pérez y Baldizón.
Con una de las tasas de homicidio más altas de América Latina y convertido en el patio trasero de los carteles mexicanos del narcotráfico, este país centroamericano ha venido manifestándose a favor de un tratamiento más severo contra la criminalidad. En este aspecto, ambos candidatos ofrecen programas contra la inseguridad: mientras el general Pérez, ex jefe de la inteligencia militar en los años de la dictadura, promete 'mano dura', el empresario Baldizón ofrece restablecer la pena de muerte. La campaña de este último, además, ha desplegado promesas de corte populista, como un salario adicional para los trabajadores.
En noviembre próximo, los guatemaltecos irán de nuevo a las urnas a elegir entre un militar retirado y un millonario populista, con la esperanza de resolver la doble tenaza que los ahoga: la violencia de narcos y pandillas 'maras' y la pobreza. Sin embargo, dada la fragmentación del sistema político, el control de terratenientes, narcos y pandilleros y la debilidad del Estado, esta es una meta difícil de cumplir.
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