Impunidad se consolida con nueva ley de Transparencia

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Impunidad se consolida con nueva ley de Transparencia
Honduras

Tegucigalpa.- Las organizaciones integrantes de la Alianza 72 y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunciaron este martes que el nuevo proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, introducido a la cámara legislativa hace una semana, constituye un escudo más contra la impunidad al negar a la población el conocimiento de información vital que le permita saber en qué y cómo se gastan sus impuestos, entre otros aspectos.

En una rueda de prensa, las organizaciones convocantes manifestaron que el nuevo proyecto de ley de transparencia, aprobado en primer debate en el congreso, no sólo viola los procedimientos internos al suplantar un proyecto existente y ampliamente consensuado por más de tres años con diversos sectores sociales, sino que también es un fuerte golpe para la auditoria social y la gobernabilidad democrática del país.

Vilma Rosales, integrante de la Alianza 72, dijo que la introducción del nuevo proyecto de ley, que cuenta con el visto bueno de la Presidencia de la República, "no solo nos tomó por sorpresa, sino que burló todos los procedimientos internos legislativos y hoy se está a punto de aprobar una ley que lejos de generar transparencia, lo que hará será fortalecer los escudos contra la impunidad".

Tanto la Alianza 72 como el CNA, distribuyeron un comunicado en el que plantean las principales preocupaciones en torno al nuevo proyecto de ley de transparencia. Las mismas se centran en el sentido de que la nueva propuesta no sólo impide el acceso a la información pública cuando se trata de altos funcionarios del Estado, sino que también excluye a las empresas del sector privado que manejan fondos públicos, es decir, aquellas que licitan, que ejecutan fondos y proyectos públicos y que tienen contratos de publicidad, por ejemplo.

La nueva ley de transparencia, deja también a discreción de las empresas e instituciones del sector privado, especialmente a la prensa, la entrega de información que consideren sensible, cuando ésta potestad, en cualquier Estado de Derecho, corresponde exclusivamente al Poder Judicial, salvo un estado de excepción.

Este cerrojo al acceso a la información, impedirá no sólo a la prensa sino a los sectores académicos y de investigación, por citar otro ejemplo, ejercer un trabajo de investigación a fondo; al tiempo que, paradójicamente, le concede a los medios de comunicación y las empresas privadas el "secreto" de que se conozca cuánto les paga el Estado por contratos de publicidad o bajo que mecanismos de transparencia se otorgan las licitaciones, particularmente en aquellos temas sensibles de la economía nacional.

Rigoberto Cuellar, de la Alianza 72, manifestó que las modificaciones que contiene el nuevo dictamen de ley son tan sustanciales, "que lo único que se hará publico, en el caso del Congreso, son las mociones que se presentan en el hemiciclo, algo que resulta irrisorio pues es de todos conocido. Además, se excluye de la acción de la transparencia a las alcaldías, evitando así la participación ciudadana, la descentralización, la rendición de cuentas y la transparencia".

Este mecanismo de salvaguarda a favor de las alcaldías sería un duro golpe al monitoreo y ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y del cumplimiento de las metas de los objetivos del milenio que habla de "abrir" el Estado para fortalecer la participación social y el buen gobierno.

"Así como esta la propuesta, a la Ley de Transparencia lo único que le quedaría es el título", agregó la activista de derechos humanos, Reina Rivera Joya, quien informó que han solicitado una cita al presidente Roberto Micheletti y la bancada de los cinco partidos políticos para hacer sus observaciones a la ley y lograr que las mismas sean incluidas para que el documento final no se tan opaco de lo que actualmente luce.

Un aspecto delicado que contiene el nuevo proyecto de ley es la indefensión de la ciudadana cuando un funcionario público pida información y se la nieguen. Los legisladores que avalaron el nuevo dictamen fueron del consenso pleno de que las autoridades no están obligadas a decirle a nadie el porqué le deniegan una solicitud de información de acceso público.

En este sentido, los integrantes de la Alianza 72 anunciaron una serie de reuniones con la cooperación internacional, que iniciaron este martes con la llamada Mesa de Transparencia del G-16 y concluyen el próximo viernes con una importante delegación del Banco Mundial.

Fuente:
Esta alerta es responsabilidad del Comité por la Libre Expresión (C- Libre), una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras y es distribuida a través de Probidad. Para mayor información comunicarse con Noé Leiva ó Thelma Mejía.