Luis Armando Jerezano y su secretario serán investigados por haber invalidado la clausura del Casino Royale de Monterrey donde murieron 52 personas
Verónica Mondragón
El titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño, y el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Gerardo Tiscareño Mercado, fueron separados de sus cargos este martes.
El juez Jerezano amparó a Atracciones y Emociones Vallarta, con lo que decidió invalidar la decisión de la Secretaría de Gobernación que pidió que no operara la empresa.
Incluso entregó 41 permisos adicionales para abrir casas de apuestas.
Con la autorización del juez quedó sin efecto la clausura de diez establecimientos, entre ellos, presuntamente, el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas el pasado 25 de agosto.
“El pleno del Consejo resolvió suspenderlos temporalmente de su cargo a fin de facilitar las indagatorias que lleva a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, detalló el órgano de vigilancia y control de los jueces y magistrados federales del país vía un comunicado.
El CJF admitió que no es un caso aislado.
Asimismo, la dependencia aclaró que la separación de Jerezano Treviño no implica la culpabilidad de él. “Constituye una medida cautelar, que no prejuzga sobre ninguna conducta, que busca facilitar las labores de la autoridad investigadora y que se mantendrá vigente durante el tiempo que resulte necesario hasta agotar la investigación relativa”, sostuvo el CJF.
La dependencia afirmó que “llegará hasta las últimas consecuencias” en el caso, por lo que se comprometió a revelar los resultados de las investigaciones.
Sobre el tema de enriquecimiento ilícito, actualmente la Procuraduría General de la República mantiene una línea de investigación en torno a Esiquio Martínez Hernández, denunciado por el Consejo de la Judicatura y posteriormente consignado por el Ministerio Público federal.
No es el único
El asunto de Terezano está vinculado con la suspensión del juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, señalado como el protector jurídico de los casinos.
Este funcionario fue suspendido luego de intensos cabildeos del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, además de ser señalado de favorecer a la compañía de apuestas Sportzone.
El edil presentó también una denuncia ante el Ministerio Público federal por el mismo motivo, y lo acusó públicamente de corrupto.
Con lo que se defendió argumentando que el municipio violó un amparo a una empresa de juegos. Sin embargo, ese casino fue clausurado el pasado 13 de abril.
El Poder Judicial afirmó que “es consciente” de las exigencias de la sociedad para mejorar el acceso a la justicia.
“Nuestro compromiso es absoluto, no toleraremos la existencia de actos impropios en el Poder Judicial de la Federación”, subrayó el CJF.
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