Si Martí Batres no estaba de acuerdo con la línea de su gobierno, debía renunciar al cargo. Éste no sólo no lo hizo, sino que además se negó a aceptar el cese que ordenó su jefe.
Ya quedan pocas dudas de que las elecciones están marcando el curso de la política. El cese de Martí Batres del gobierno capitalino, el desconocimiento del Comité Ejecutivo del PAN de Fernando Larrazabal, las lecturas sobre el último Informe de Enrique Peña Nieto, la salida de Josefina Vázquez Mota claramente al ruedo electoral, los próximos (dicen que ahora sí) movimientos en el equipo presidencial, son todos síntomas de las definiciones que todos los jugadores deben tomar para posicionarse de cara a las elecciones de julio próximo.
La salida de Martí Batres de la Secretaría de Desarrollo Social del DF no tuvo nada de sorpresiva. Son ya varios meses en los que Martí no estaba trabajando ni para el gobierno capitalino ni mucho menos para su jefe, Marcelo Ebrard. En los hechos, Batres trabajaba para la candidatura de López Obrador, le llevaba gente a sus mítines y, si había dejado de utilizar en forma selectiva los recursos de la poderosa secretaría capitalina para apoyar claramente a esos sectores, fue porque, desde tiempo atrás, Ebrard había realizado los movimientos internos necesarios para quitarle a esa dependencia el manejo de buena parte (pero no todos) de esos recursos. Marcelo, a pesar de los desplantes de Martí, de la evidente deslealtad hacia su jefe, de la operación política enfrentada con la línea del jefe de Gobierno, lo mantuvo en el cargo para respetar el acuerdo que había realizado con López Obrador años atrás. Incluso cuando Mario Delgado dejó la Secretaría de Finanzas, su destino original era Desarrollo Social: las presiones de López Obrador para que se le respetara esa cartera, de donde se supone que llegan apoyos para su Morena, hicieron que Mario fuera a la Secretaría de Educación local, para buscar desde allí potenciar su eventual candidatura. Batres se quedó en el gabinete.
Pero la situación era ya insostenible. Me cuesta comprender a aquellos perredistas que dicen que Marcelo demostró tener la piel muy delgada al no soportar las críticas de su secretario. Se olvida que las de su gabinete, como la de todos, son designaciones del jefe de Gobierno y las deslealtades en ese ámbito sencillamente no son aceptables. Como le dijo Ebrard, si Martí no estaba de acuerdo con la línea de su gobierno debía renunciar al cargo. Éste no sólo no lo hizo, sino que además se negó a aceptar el cese que ordenó su jefe. Habrá que ver ahora lo que muestran las auditorías que se deberán realizar en el proceso de entrega-recepción.
El tema de Larrazabal es diferente, pero contiene muchos de los mismos elementos. La permanencia del alcalde de Monterrey era ya insostenible. El CEN del PAN lo desconoció y le pidió que pidiera licencia mientras se investigaba toda la trama de supuesta corrupción en el tema de los casinos, a partir de las grabaciones de su hermano Jonás recibiendo dinero de esos grupos, pero también por los golpes que implicaron para su imagen los cables divulgados por WikiLeaks, en los que Mauricio Fernández, alcalde panista de San Pedro Garza García, habría dicho que Larrazabal habría recibido dinero del narcotráfico, lo mismo que otros alcaldes y ex alcaldes, por ejemplo, Adalberto Madero. Pero el derrumbe del alcalde tiene también orígenes internos: el panismo tradicional en la entidad está enfrentado con todo el grupo que representa Larrazabal desde hace años. Fueron desplazados por una maquinaria política que no se diferencia demasiado de la del viejo PRI, salvo en que terminaron siendo incluso menos sutiles en su operación. Que haya sido uno de los hijos de Fernando Canales Clariond el primero que pidiera la renuncia de Larrazabal demuestra la profundidad de esa ruptura, donde lo más grave para el PAN es que no cuenta con un liderazgo local alternativo, también de cara a los comicios de 2012.
En el propio PAN, la salida de Josefina Vázquez Mota de la coordinación de los diputados de su partido, para dedicarse de tiempo completo a su precandidatura, coincidió con la divulgación de la última encuesta de GEA-ISA, que le da entre los militantes panistas una ventaja que, de ser real, se antoja ya difícil de revertir: dice esa casa encuestadora que 47% de los consultados, todos militantes del padrón panista, apoyan la candidatura de Josefina, que creció 20 puntos desde mayo. Hay 20% de indecisos y un porcentaje similar que apoyaría a Santiago Creel, mientras que la candidatura de Ernesto Cordero tendría 7% de los votos. Es verdad que mientras Santiago parece haber llegado a su techo, si Cordero finalmente deja el gabinete y se lanza a la campaña sus posibilidades de crecer son reales. Pero si estos números son fidedignos (y GEA-ISA suele ser muy acertada en los pronósticos, sobre todo panistas) es muy difícil que se pueda revertir esa tendencia. Por cierto, ¿alguien cree que dentro de nueve días Peña Nieto decidirá su futuro político?
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