Gracias a la poderosa comunicación que, en tiempo real, permiten las redes sociales, se movilizaron pueblos como Túnez y Egipto.
Ricardo Alemán
En años recientes, las llamadas redes sociales —Facebook, Twitter y YouTube, entre otras— se han convertido en uno de los instrumentos más poderosos de la sociedad civil del mundo, más allá de fronteras, razas, lenguas, credos y estrato social.
Gracias a la poderosa comunicación que, en tiempo real, permiten las redes sociales, se movilizaron y organizaron pueblos como Túnez y Egipto, cuyas protestas acabaron con gobiernos dictatoriales, en tanto que otros, como España, hicieron posibles movilizaciones sociales históricas.
En México, sin embargo, algunas redes sociales, por ejemplo Twitter, no sólo son un poderoso instrumento de comunicación entre particulares sino que, en algunos casos, parece verdadera arma mortal.
Se conocen casos extremos de usuarios acusados de terrorismo, en tanto que otros han sido asesinados por sicarios, al parecer debido a utilizar una red social para denunciar a las bandas del crimen organizado.
Todos conocen el escándalo de Veracruz, en donde el bárbaro gobierno de Javier Duarte envió a prisión —acusados de terrorismo, por difundirenviar un tuit alertando de presuntos hechos violentos— a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez; una abuela y ama de casa y un maestro de matemáticas que, en tres semanas, vivieron el infierno.
La detención y consignación de los tuiteros resultó tan absurda y monstruosa —además de ridícula— que las propias redes sociales iniciaron un movimiento que obligó al gobierno de Javier Duarte a retractarse.
Sin embargo, para ello debió agregar al Código Penal local un artículo que, si bien permitió la liberación de la abuela y el maestro de matemáticas, le da instrumentos ilimitados al gobierno veracruzano para llevar a prisión a todo aquel periodista que se le antoje.
Pero si el caso de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez le dio la vuelta al mundo, más como curiosidad de un gobierno bananero —como el de Veracruz—, el asesinato y la decapitación de María Elizabeth Macías Castro, quien se desempeñaba como jefa de redacción del diario Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, también fue noticia en el mundo, por el terror que los criminales pretendieron sembrar entre la población en general y, en especial, entre los usuarios de redes sociales.
Y es que María Elizabeth era una experimentada reportera que por Twitter alentaba a denunciar al crimen. La eficacia de las denuncias enfureció a los barones del narcotráfico y el crimen organizado de Nuevo Laredo y Tamaulipas.
El cuerpo decapitado de la reportera fue abandonado, el pasado fin de semana, con un narcomensaje que amenazaba, a los usuarios de redes sociales, que no las utilizaran para señalar al crimen.
Pero la historia no termina ahí.
En la semana previa al homicidio de Elizabeth Macías, fueron asesinados dos jóvenes, hombre y mujer, también en Nuevo Laredo, a los que les cortaron las manos y los abandonaron con otro narcomensaje de advertencia por usar redes sociales para hacer denuncias contra el crimen organizado. En este caso, la autoridad local prácticamente ocultó la información del doble asesinato, ya que los familiares de las víctimas se negaron a que se revelaran datos. ¿La razón? Represalias del crimen.
Los casos citados detonaron un naciente debate sobre los peligros que, para la sociedad en general, y los usuarios en particular, puede acarrear el empleo de redes sociales.
Está claro que tanto el escándalo de Veracruz como los crímenes en Nuevo Laredo son hechos intolerables en una sociedad democrática y soportada en un Estado de derecho.
Sin embargo, en los dos extremos —un gobierno autoritario, como el de Veracruz, y un poder fáctico, como el criminal que domina Tamaulipas—, lo que aflora es la tentación autoritaria de callar la voz ciudadana, sea esgrimiendo el derecho, sea usando las balas. Y no tardaron en aparecer los comedidos que sugieren “reglamentar” las redes sociales.
Lo cierto es que, a riesgo de coartar libertades básicas, es imposible reglamentar la comunicación entre particulares —sea escrita hablada o gráfica, mediante redes sociales—, porque sería tanto como pretender reglamentar el pensamiento.
Y es que una red social no es un medio de comunicación profesional. Esa es la diferencia. Los llamados “medios”, y sus profesionales, se capacitan para comunicar e informar y se someten a reglas éticas y legales.
La red social es un medio de comunicación sólo entre particulares, no profesionales, en donde cada usuario pone sus propias reglas, a partir de sus valores, tolerancia e interés.
Pero el debate apenas empieza.
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