Alabama estrena la ley de inmigración más dura de todo el país

Por: Cristina F. Pereda |

Una ley "draconiana". Una ley que "terroriza a menores". Una ley que viola derechos de los niños, que se opone a sentencias anteriores del Tribunal Supremo y que puede alejar de la educación e incluso de la atención médica a miles de familias indocumentadas. Es la ley de inmigración de Alabama. Y después de que una juez federal admitiera algunos de sus apartados más polémicos, se convierte en la más rigurosa.

La denuncia del Departamento de Justicia no consiguió impedir la entrada en vigor de la ley al completo. Con efecto inmediatio, salir a la calle sin un documento de identificación será un delito y los agentes de policía pueden comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que pueda ser indocumentada. Este último apartado es igual que el de la ley SB 1070 de Arizona y despertó una ola de críticas en todo el país por el riesgo de seleccionar a los sospechosos en función de su raza.

Pero Alabama, como ya contamos este verano, quiso ir más lejos. Las compañías privadas y pequeños empresarios, incluidos los proveedores de servicios de agua y electricidad, así como de recogida de basuras, tienen prohibido contratar servicios si el cliente es indocumentado.

Desde el pasado jueves, las escuelas públicas están obligadas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y de sus progenitores. Por primera vez una ley de inmigración de Estados Unidos tiene en el punto de mira a menores de edad.

La Oficina del Censo estimó en 2009 que unos 79.000 menores pertenecen a familias de inmigrantes. De ellos, el 88 por ciento tiene permiso de residencia en el país. “En este momento hay muchas opiniones sobre cómo deberíamos revisar las leyes de inmgiración”, reconoce Mary Olivella, presidenta de la origanización nacional Moms Rising. “Solo esperamos que los menores y sus padres no sufran abusos ni se violen sus derechos en nombre de una ley de inmigración”.

La dureza de la ley de inmigración de Alamaba contrasta con la reducida proporción de población hispana, apenas un 3 por ciento. La media de otros estados es del 12 por ciento. La respuesta se debe, según los expertos, al rápido crecimiento durante la última década. El Censo estimó el crecimiento durante la última década en un 145 por ciento, convirtiendo a Alabama en el segundo estado donde la comunidad hispana ha crecido más desde el año 2000.

Diversas informaciones han narrado desde la semana pasada la desaparición de estudiantes hispanos de las escuelas de Alabama, así como de trabajadores de la comunidad. La mayoría confían en recuentos puntuales de las escuelas, que todavía no pueden dar cifras definitivas. Sólo The New York Times publica una estimación a nivel estatal: 1.988 menores hispanos se ausentaron de los colegios públicos de todo el estado el pasado viernes, un 5 por ciento de la población estudiante de la comunidad hispana.

Imagen de una de las últimas protestas en Alabama
contra la ley de inmigración. Foto: Stephen Gross.

“La nueva ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores en Alabama”, condenó Wendy Cervantes, vicepresidenta de derechos del menor en el grupo First Focus. “Normas como ésta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores”.

Familias separadas

“Nuestra preocupación es que miles de niños que nacieron en este país y que son ciudadanos estadounidenses ahora temen ir a la escuela porque tienen familiares sin documentación. Nuestro error al negar la educación a niños que ahora tienen miedo de ir al colegio es una pérdida para todos”, afirma Linda Tilly, directora de la organización VOICES, en defensa de los derechos de los menores en Alabama.

Las familias hispanas del estado esperaban la decisión de la juez Blackburn desde que el gobernador del estado firmara la ley de inmigración el pasado 9 de junio. Desde entonces, la falta de información sólo ha alimentado el miedo. La norma exige a los colegios que comprueben el estatus migratorio de los estudiantes en el momento de matricularse, pero el curso escolar ya ha comenzado.

La ley establece que aquellos alumnos que ya hayan sido admitidos en las escuelas no deben entregar su documentación, aunque varias organizaciones locales han registrado casos en los que se ha recopilado los datos de todos los estudiantes. Cualquier alumno que haya asistido a una misma escuela durante los últimos años, sólo deberá dar sus datos de inmigración en el momento de trasladarse a otro centro.

Scott Douglas, director de una coalición de organizaciones religiosas del estado, considera que es imposible saber exactamente lo que va a pasar. “Estamos hablando de niños estadounidenses con hermanas indocumentadas. Es muy difícil encontrar las cifras exactas. Puedes hablar de unidades familiares, pero incluyen a gente en todo tipo de circunstancias distintas”.

El impacto económico

Una de las primeras consecuencias es el descenso de alumnos. La segunda, el recorte de presupuesto de los colegios públicos, establecido en proporción al número de estudiantes. El Departamento de Educación de Alabama estima la reducción en unos dos millones de dólares.

Pero Douglas alerta también del impacto económico que el abandono escolar va a tener tanto en las familias hispanas como en el futuro de la comunidad en general. Los últimos datos de Estados Unidos muestran que por primera vez los hispanos son el mayor grupo de menores de 18 años que vive en la pobreza. A nivel nacional, un 22 por ciento de los menores vive por debajo del índice de la pobreza. En Alabama, el porcentaje asciende al 27 por ciento.

“Una de las mayores paradojas en el caso de Alabama es que la educación pública está financiada con los impuestos sobre el precio de los alimentos. Cuánto más pobre es una familia, más contribuye a la educación”, afirma Douglas. Los inmigrantes indocumentados contribuyen con impuestos cada vez que adquieren alimentos, argumenta Douglas, pero la ley les niega el acceso a una educación por la que ya están pagando.

La juez federal Blackburn, nombrada por el expresidente George H.W. Bush en 1991, sí bloqueó otros de los apartados más polémicos de la ley, como la prohibición de llevar en un vehículo a un pasajero indocumentado o el artículo que prohíbe solicitar un empleo a personas indocumentadas.

El Departamento de Justicia, que presentó una de las tres demandas contra la ley de inmigración de Alabama, apeló inmediatamente la decisión de la juez federal Blackburn. Apenas hacía unos días que Obama, en una entrevista en la Casa Blanca que fue retransmitida en inglés y doblada al español, reiteró que Estados Unidos debe evitar el avance de leyes de inmigración estatales. Éstas, según el presidente, sólo ponen un parche a un problema más amplio y que debe solucionarse a través de una reforma migratoria a nivel nacional.

Sin embargo, el bloqueo legislativo impuesto por los republicanos en el Congreso ha convertido la reforma en un imposible. La ley de Arizona, sin embargo, está a las puertas del Tribunal Supremo. Si la corte acepta deliberar sobre el caso, los jueces podrían dictar sentencia antes de junio de 2012, en plena campaña electoral.