No fue de un momento a otro que se precipitó el retroceso a los tiempos que antecedieron la creación de la fatídica zona de despeje. Desde hace un año, poco a poco, comenzaron a aparecer las noticias: primero eran uno o dos titulares y ahora no es extraño que sean seis o más.
¿Cómo es posible que en sólo un año hayamos retrocedido a semejantes niveles? Las explicaciones son diversas. De un lado, el cambio de rumbo que decidió el gobierno Santos, con el apaciguamiento cobarde y los coqueteos para negociar el país con los terroristas, ha envalentonado a las huestes “pacifistas” y a sus palurdos del monte.
Además, el triunfo contundente que les otorgó la Corte Suprema de Justicia a las FARC, desestimando el contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’, ha mantenido intacta la gavilla de aliados que actúan desde la política y desde los medios de comunicación, libres de molestos procesos penales. A esto se añade el ocultamiento de los datos de los computadores del ‘Mono Jojoy’, material que seguramente quedará cobijado con la reserva de la Ley de inteligencia.
A lo anterior se suma la decidida persecución contra todo lo que se identifique con un proyecto político contrainsurgente, integrado por colombianos con memoria que recordamos la catástrofe del entreguismo pastranista y los miles de muertos ocasionados al validar el crimen “altruista”.
En el epicentro del retroceso actúa, como gran protagonista, Hugo Chávez Frías, el paracaidista dictador que mantiene el doble discurso de ser amigo y protector del terrorismo en su tierra, mientras que se abraza y llama amigo al pusilánime presidente colombiano. Además del apoyo que brinda, a través de los Círculos Bolivarianos en Colombia —que, de paso sea dicho, son liderados por la ex de Petro, Mary Luz Herrán— también ejerce control en altos círculos políticos en los que influye para ambientar el apaciguamiento mediante las acciones de su amigo Ernesto Samper y de su colaborador y benefactor César Gaviria Trujillo.
Sumado a lo anterior, la crisis del aparato militar colombiano es alarmante: se calcula que seis de cada diez unidades están paralizadas por cuenta de investigaciones judiciales, dejando como resultado el abandono de puestos de control y la suspensión del patrullaje en distintas zonas del país. Este porcentaje lo aceptó el propio ministro de Defensa, quien en el Congreso afirmó recientemente que para el combate contra los grupos irregulares, hay entre 30 y 50 mil efectivos en las áreas de operación, cuando hace dos años la cifra de uniformados en el terreno era de 120 mil.
Lentamente, pero con paso firme, en las áreas rurales se incrementa la percepción de inseguridad y se constata el retiro de la presencia del Estado. ¿Acaso el gobierno ignora que puede llegar el momento en que los terratenientes abandonados a su suerte se organicen y emprendan el camino de la autodefensa? ¿Será tan corta la memoria de Santos y sus muchachos sobre las consecuencias de semejante situación?
De igual forma, las expresiones de algunos militares, en retiro o en servicio activo, frente al actual gobierno generan una profunda incertidumbre. El pasado 23 de mayo, el entonces ministro de Defensa recibió una carta, firmada por el general Héctor Fabio Velasco Chávez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa; en la que indicó que el desconocimiento de las Fuerzas Militares y de sus justos derechos otorgados por la ley, así como del servicio que han prestado y prestan a la nación; sumado a la actitud displicente con la que el Ministro afrontó un debate en el Congreso, llevaron a los integrantes del Cuerpo de Generales a negarse a asistir a la presentación de la política de seguridad en el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la comunicación del general Velasco, quien con las “uñas” dirigió la retoma de Mitú cuando fue atacada por las FARC en 1998; no es la única manifestación pública de inconformidad con el gobierno Santos. De hecho, el 26 de septiembre pasado, el teniente coronel Manuel Moreno Riveros envió un comunicado en el que deja claro el malestar existente por la injusta permanencia en la cárcel del coronel Alfonso Plazas Vega.
En el comunicado, el oficial retirado señala que la condena “no ha sido jurídica sino de hostigamiento político”, al tiempo que precisa que los comandantes de la operación de recuperación del Palacio de Justicia están en la cárcel “por mandato de los enemigos de la democracia y algunos organismos internacionales, enjuiciados injustamente, pisoteando la ley, e hiriendo el sentimiento militar”.
Ante esta situación, indica el oficial, “se requiere sin demora el regreso del Fuero y de la Justicia Penal Militar, pidiendo justicia, justicia y más justicia para vivir sin sobresaltos con las familias e hijos, o que digan los gamonales que siempre han manejado el país, ¿qué aspiran que hagamos los militares de la reserva activa? Deseamos actuar según las circunstancias y lo haremos para completar nuestro juramento, pero que no nos sigan tildando de delincuentes y criminales porque es una afrenta, que no fue, ha sido, ni será la formación recibida en los claustros de la patria”.
Los oficiales en retiro se convierten en un excelente termómetro sobre lo que sienten y piensan quienes aún portan el uniforme. Pues bien, el rechazo a una invitación, por parte de todos los generales retirados, y la posición expresada por el líder de la agrupación de lanceros en retiro; indican, más allá del descontento, una crítica abierta a la política del actual gobierno, según la cual se incrementa la exigencia para los militares al tiempo que se aplauden las componendas e injusticias contra los uniformados en servicio activo y en uso de buen retiro.
Así las cosas, los colombianos debemos prepararnos para el incremento de los titulares que reporten acciones terroristas y el asesinato de policías y militares, hasta llegar al punto —como hace 10 años— de la anestesia colectiva que solo permitía ver los hechos como si fueran ajenos o muy lejanos de nuestro hogar.
AL CIERRE: Los medios de comunicación anunciaron con bombos y platillos el respaldo del hermano de García Márquez a la campaña de Gustavo Petro. Me pregunto: ¿Por qué no hicieron el mismo escándalo con la adhesión de Roberto Sáenz, hermano de otro famoso comunista? El hermano de ‘Alfonso Cano’ está en la lista de los Progres, pero eso, como el pasado del candidato a la Alcaldía, hay que barrerlo por debajo de la alfombra.
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