Colombia: Se derrumba otro mito: El Caso Mapiripán – Colombia Opina

Ha sido la misma Fiscalía la que ha puesto en su verdadero contexto el mito de la masacre de Mapiripan, por el cual fue condenado a 40 años de prisión el señor General (r) René Uscátegui con fundamento en las mendaces declaraciones del Coronel (r) Hernán Orozco Castro.
Catorce años y dos meses después de que los ‘paras’ de Carlos Castaño impusieron durante cinco días el terror en el caserío de Mapiripan, en límites entre Meta y Guaviare, la Fiscalía empezó a contarle al país una historia diferente sobre esa masacre, que marcó la entrada de las Auc en los antiguos santuarios de las Farc.

 
Ahora, basada en los testimonios de ex Auc que estuvieron en esa matanza, la Fiscalía intentará demostrar que el objetivo de los Castaño no era Mapiripan sino Caño Jabón, otro pueblo cocalero también a orillas del caudaloso río Guaviare. También, durante la audiencia de imputación de cargos contra nueve ex Auc, la fiscal de Justicia y Paz Yolanda Prado reveló que esta masacre, ocurrida entre 12 y el 22 de julio de 1997 dejó 13 víctimas y no medio centenar, como hizo referencia la CIDH en su sentencia.
Según la Fiscalía, fueron en realidad tres desapariciones, tres homicidios, cuatro muertos en el sector de Cooperativa (cuando salían de Mapiripan) y tres secuestrados. De hecho, Prado aseguró a los magistrados que el listado de las víctimas que están en una de las más duras sentencias contra el Estado colombiano, “no coinciden con los hechos investigados” por la Fiscalía en Colombia.
Relatan los terroristas de la AUC que no había un plan preconcebido para realizar la supuesta Masacre de Mapiripan, sino que este destino fue escogido ya cuando se movilizaban. “Cuando estamos en Charras, al tener información de que la guerrilla estaba en uno de los lugares por los que íbamos a pasar, alias ‘Bola de Cacao’ y ‘Otoniel’ dicen que hay que avisar. Yo tenía el número de Carlos Castaño, no contestó. Y ‘Bola de Cacao’ tiene el número de Vicente. Él nos dice que nos desviáramos a Mapiripan. Se empieza a viajar hacía allá, sabiendo que el objetivo principal ya no se podía realizar”. Esta declaración de Agustín Sánchez Mejía, alias ‘El Político’, coincide con la de Dúmar de Jesús Guerrero, alias ‘Carecuchillo’; Manuel de Jesús Pirabán, ‘Jorge Pirata’; y Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’, ya sentenciado a 15 años por este crimen.
Quedan entonces sin piso los argumentos de la CIDH y de los jueces colombianos que condenaron a 40 años de prisión al señor General (r) René Uscátegui por supuesta omisión del deber en la mendaz masacre de 50 personas en Mapiripan entre el 15 y 20 de julio de 1997. El hecho criminal no ocurrió como fue relatado y apreciado por los jueces, la verdad ha salido a flote y es obligación del Estado revisar las decisiones judiciales tomadas con fundamento en una gran mentira.
La mendaz denuncia fue instaurada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” que se constituyó en parte civil dentro del proceso, grupos reconocidos por su afinidad con el narcoterrorismo de las Farc, y se fundaba en falsos testimonios rendidos por testigos amañados; lo encontrado ahora por la Fiscalía demuestra la fragilidad de los fundamentos de la CIDH al conocer de estas supuestas violaciones de los DD.HH. y el D.I.H., así como la falta de una defensa técnica del Estado frente a estas acusaciones.
Esta falta de defensa y la aceptación pasiva de cuanto quiera decir la CIDH se aprecia en el reconocimiento del Estado de la supuesta masacre y la petición de perdón público que hiciera a los deudos de las inexistentes víctimas; esta actitud configura un verdadero insulto a los intereses patrios y especialmente al honor militar que fue afectado por la decisión de la CIDH y de los jueces colombianos.
Es un hecho que además de anular la condena contra el señor General (r) René Uscátegui, el Estado debe proceder de inmediato a exigir la restitución de los dineros pagados a las falsas víctimas a título de indemnización e iniciar los procesos penales por falsa denuncia, falso testimonio y fraude procesal contra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”.