El mito de la justicia gratuita

Lorenzo Bernaldo de Quirós

L a demora en la resolución de los litigios ha sido y es un lamento permanente a lo largo de la Historia, acompañada por la idea de que una justicia lenta no es justicia. Como es lógico, España no escapa a esa crítica. Es más, a lo largo de los últimos años se ha acentuado.
Desde un punto de vista económico, la lentitud de los tribunales y la incertidumbre sobre sus fallos elevan los costes de transacción y causa o puede provocar daños significativos no sólo para las partes en conflicto, sino para el conjunto de la economía nacional. En consecuencia, la reforma de la Justicia se ha convertido en una de las piezas centrales de la agenda política nacional.
Hace unos días, una de las asociaciones profesionales de la magistratura proponía introducir algo parecido al copago para agilizar los procesos y reducir la carga de trabajo de los jueces. Este planteamiento ha recibido un sinfín de críticas y descalificaciones por parte de la progresía, pero su planteamiento tiene una sólida base en el análisis económico.

 
Los tribunales tardan en resolver los casos a ellos sometidos no porque la demanda de litigios sea muy grande y la cantidad de tiempo y el número de los jueces sean limitados como se suele sostener. La demanda de leche o de pan es alta y la capacidad para aumentar la producción a fin de satisfacerla de inmediato si se dispara es también limitada. Sin embargo, la gente hace cola para comprar pleitos, pero no lo hace para adquirir esos productos.
La razón es evidente. El tiempo judicial no está racionado por el precio y la leche o el pan sí lo están. Si la demanda de estos bienes crece más rápido que su oferta, el precio aumenta hasta que ambas se igualan. Un sistema proporcional y graduado de recargos para quienes deseen que sus casos se atiendan con prontitud tendría idéntico efecto. Pero aquí se entra en un terreno tabú, abierto a la demagogia...
Para algunos sectores, este enfoque es una expresión del despiadado imperialismo de la ciencia económica y vulnera los principios de gratuidad y universal acceso a la Justicia de todos los ciudadanos. Por tanto, la solución no es recurrir a un sistema que beneficiaría sólo a los ricos, sino aumentar el número de jueces.
Si bien esta objeción merece un comentario más detallado, lo cierto es que la propuesta tradicional para resolver el problema del atasco de los juzgados, elevar el número de personal destinado a ellos o crear más, produce efectos distintos a los esperados. A medida que crece la oferta de justicia gratuita, la demanda de la misma tenderá a incrementarse, lo que obviamente no constituye una solución.

Aumento del gasto

Al aumentar la cantidad y la calidad de los jueces, esto induciría a muchas personas que antes habían sido disuadidas por los atascos a acudir a los tribunales. En la práctica, esto es lo que ha sucedido en casi todos los ordenamientos jurisdiccionales que han respondido a la cuestión aquí planteada con un aumento del gasto público en servicios judiciales.
Ante este panorama, la respuesta más eficiente para reducir el recurso a los tribunales o, mejor, para evitar una demanda abusiva de satisfacción de pretensiones por parte de los tribunales sería aumentar los costes para iniciar un juicio.
De este modo, el litigante compararía el beneficio que espera obtener de él con lo que le cuesta, lo que supondría un filtro de racionalidad muy poderoso para tomar o no la iniciativa de pleitear. Esta idea puede y es criticada porque supondría, se dice, favorecer a los ricos. Esta descalificación ha de ser matizada.
Por un lado, como las partes gastarán más en el litigio cuánto mayores sean los intereses en juego y como esos gastos reducirán los costes del error, toda la sociedad se beneficiaría de asignar los recursos judiciales de la mejor calidad a los casos de mayor enjundia, lo que aumentaría la eficiencia del sistema judicial.
Por otro, las personas que carecen de recursos para pagar por el inicio de un pleito, obviamente, serían subvencionadas por el Estado para garantizar su derecho a demandar justicia. Los mecanismos para hacer efectivo esa pretensión son muy numerosos, por no decir infinitos.

Asignación de recursos

Dicho esto, la evidencia de unos niveles de congestión tan grandes en los juzgados y tribunales españoles sugiere que el volumen de subsidios vigente para desencadenar litigios es demasiado alto. De lo contrario, la situación sería distinta. En realidad, el actual estado de cosas en la Justicia es un reflejo del viejo axioma: a precio cero, la demanda es infinita.
En este caso, el racionamiento burocrático sustituye como mecanismo de asignación de recursos a los precios relativos, lo que, además de generar graves ineficiencias, abre una autopista hacia la arbitrariedad. Éste no es sólo el caso de la Justicia, sino de muchos de los servicios suministrados por los poderes públicos, como es el caso de la Sanidad. En economía no hay comidas gratis y las pagamos todos a través de los impuestos o de las colas. Esta desagradable realidad rompe el mito, el espejismo de la gratuidad.
Ya me imagino a mucha gente diciendo: "Ya están los liberales con propuestas al servicio de los poderosos. Llegan ya al escándalo de querer poner precio a la justicia". Este argumento es falaz porque de hecho esto es ya lo que sucede. El vigente sistema, con sus demoras e incertidumbres, penaliza ya de manera directa a las personas más desfavorecidas.
La dilación en la resolución de sus pretensiones por parte de los tribunales les impone costes directos e indirectos muy elevados, mayores cuantos menos recursos posean y más necesidad de tener una respuesta judicial a sus demandas tengan. Por tanto, la introducción del mecanismo de precios en el sistema mejoraría el funcionamiento de la justicia para todos.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.