Operación "Rápido y Furioso": ¿Hay algún acuerdo con el cartel de Sinaloa?

Por Will Wertz

22 de septiembre de 2011 — De acuerdo con el Memorando Judicial presentado por los abogados de Vicente Jesús Zambada Niebla, hijo del segundo al mando del cartel de Sinaloa, en el caso penal que se ventila ahora en Chicago, la operación "Rápido y Furioso"[1] era parte integral de un acuerdo más amplio entre agencias de Estados Unidos, con aprobación del Departamento de Justicia, para concederle inmunidad a los dirigentes del cartel de Sinaloa a cambio de información sobre los otros carteles mexicanos de drogas rivales.

Vicente Jesús Zambada Niebla, hijo del segundo en el mando del cartel del narcotráfico de Sinaloa, fue una de las partes en un acuerdo, aprobado por el Departamento de Justicia de EU, para concederle inmunidad a los líderes de ese cartel mexicano, a cambio de información sobre sus rivales.

Zambada Niebla, quien se encargaba de la logística del cartel de Sinaloa, basa su defensa en el alegato de que actuaba como agente de Estados Unidos (autoridad pública), cuando cometió los delitos de los cuales se le acusa ahora, a nombre del Departamento de Justicia de EU, la agencia antidrogas de EU (DEA), el Departamento de Seguridad Interior, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y el FBI.

En su respuesta, el gobierno de EU no dice que no haya sido un agente del gobierno de EU, pero niega que ningún agente del gobierno de EU le haya conferido autoridad pública al acusado para llevar a cabo cualquier actividad ilegal. Argumenta que dicho acuerdo, de haber existido, no pudo haberse hecho saber a través de una tercera persona, como es el abogado Humberto Loya Castro; y que la reunión que tuvo el acusado con funcionarios de la DEA en marzo de 2009 ocurrió después de que se cometieron los delitos del acusado. Asimismo, sostiene que la Operación Rápido y Furioso también ocurrió después de que se cometieran sus delitos. Por lo tanto, el gobierno de EU ha solicitado una moción previa al juicio in limine, a fin de se eliminen del juicio cualquiera de esos argumentos de la defensa.

El gobierno además ha introducido un procedimiento CIPA (Ley de Procedimientos de Información Clasificada) para proteger la información clasificada confidencial, que el acusado solicita para probar su caso.

En el memorando, Zambada Niebla afirma que un abogado mexicano de nombre Humberto Loya Castro, asesor de los dirigentes del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ("El Chapo") e del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ("El Chapo") e Ismael Zambada García ("El Mayo"), padre del acusado, fue acusado en San Diego en 1995, y luego en 2008 la fiscalía desechó el caso porque Loya Castro se había convertido en informante del gobierno de EU y durante 10 años aportó información. (El gobierno de EU ha aportado documentos sobre el acuerdo de cooperación de Loya Castro con el gobierno, lo cual reconoce que llevó a la decisión de desechar el proceso judicial anterior en contra de Loya Castro).

Uno de los trabajos de Loya Castro para la organización de Sinaloa, de acuerdo a al caso abierto en San Diego en su contra, era el de asegurar la liberación de los dirigentes narcos de Sinaloa encarcelados, lo que sin duda también incluye la posterior fuga de "El Chapo" en 2001.

- El acuerdo -

Antes del 2004 y continuando durante todo el período que cubre la acusación judicial contra Zambada Niebla, éste alega que existía un acuerdo entre el gobierno de EU y el cartel de Sinaloa, en el sentido de que ellos aportarían información sobre los rivales, a cambio de que el gobierno de EU desechara el caso en contra de Loya, no interfiriera con sus actividades de narcotráfico ni las del cartel de Sinaloa, y no realizara actividades para perseguirlos judicialmente ni aprehenderlos.

Loya le dijo a los agentes de EU cuando se iba a reunir con el Chapo y el Mayo y se le aseguró que no lo iban a seguir. Se le permitió a Loya que asistiera a reuniones y discusiones que tenía la DEA sobre el cartel de Sinaloa. Asimismo, la DEA le informaba al cartel a través de Loya, cuándo las autoridades de EU o de México iban a llevar a cabo investigaciones cerca de sus territorios, para que pudieran tomar las acciones apropiadas para evadir a los investigadores.

En una reunión con agentes de la DEA en marzo del 2009 en la Ciudad de México, se le dijo a Zambada Niebla que el acuerdo con él se había aprobado a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos.

Zambada Niebla sostiene que la estrategia del gobierno de EU hacia México es la misma estrategia que empleó EU en Colombia, apoyando al cartel de Cali en contra del cartel de Medellín. Bajo el acuerdo, se le dio al cartel de Sinaloa carta blanca para continuar el contrabando de toneladas de drogas ilícitas hacia Chicago y otros lugares de Estados Unidos, y además le otorgó protección el gobierno de Estados Unidos para que no los arrestaran ni encausaran judicialmente, a cambio de aportar información contra los carteles rivales. Según el memorando, "agentes del gobierno de Estados Unidos ayudaron a los dirigentes del cartel de Sinaloa".

Zambada Niebla alega que el 17 de marzo del 2009, en una reunión en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, se le dijo que con la aprobación y autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se iba a desechar una acusación penal que había en Washington DC en su contra y que tendría inmunidad para evitar ser arrestado, encausado y contra cualquier acusación posterior.

El memorando se apoya en el Informe del Equipo Conjunto preparado por el representante Darrel R. Issa y el senador Charles E. Grassley sobre la operación "Rápido y Furioso", y lo cita para firmar que "se pusieron las armas en manos de criminales violentos de los cuales el Departamento de Justicia no solamente sabía, sino que los patrocinaba y apoyaba. Varias de las peticiones en la solicitud de Zambada Niebla para que se presente la información relacionada a la defensa (re: una autoridad pública) se centran en obtener información del gobierno para determinar si los dirigentes o miembros del cartel de Sinaloa estaban entre los individuos que recibieron las armas y determinar si el haber recibido dichas armas era consecuencia del acuerdo al que originalmente habían llegado el gobierno de Estados Unidos y el señor Loya Castro y los dirigentes del cartel de Sinaloa, que todavía está en vigencia".

Estos alegatos de Zambada Niebla son coherentes con varios aspectos del Informe del Equipo Conjunto sobre la Operación Rápido y Furioso, iniciada después del arresto de Zambada Niebla, en donde se afirma que las armas que se dejó que entraran a México llegaron principalmente hacia el cartel de Sinaloa y los ayudaron a inclinar la balanza entre los carteles a su favor.

Por ejemplo, el informe establece que las armas incautadas el 13 de enero del 2010, conectaban a los sospechosos de la operación Rápido y Furioso con un "jefe de plaza" de alto nivel específico en la organización de narcotráfico (DTO, por las siglas en inglés) de Sinaloa. "Adicionalmente, esta incautación pudo haber representado un cambio en el movimiento de las armas de la Operación Rápido y Furioso con el fin de aportar las armas de fuego necesarias para la batalla del cartel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Juárez. Este posible viraje en las armas de la Operación Rápido y Furioso pudo haber sido resultado de la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009. Las autoridades mexicanas mataron a Beltrán Leyva, el dirigente de la DTO Beltrán Leyva, debilitando de manera efectiva la DTO de su familia. La disminución resultante en la competencia en Sonora entre la DTO de Sinaloa y la DTO de Beltrán Leyva pudo haber contribuido al cambio en las armas de la Operación Rápido y Furioso transportadas a Juárez".

Estas armas incluían rifles Barrett calibre .50. Como testificó un agente de la agencia de control de armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés): "Mi opinión es que tantos rifles (34) de este calibre .50 en manos de uno de estos carteles iba a cambiar el resultado de una batalla".

- El caso del banco Wachovia -

Aunque no se menciona explícitamente en el memorando, el otro aspecto de este caso que necesita investigarse es el caso anterior del Banco Wachovia. El banco fue acusado de lavar dinero del narcotráfico a favor del cartel de Sinaloa a través de una cadena de casas de cambio supervisadas por el operario de Sinaloa, Pedro Alfonso Alatorre Damy. El 24 de septiembre de 2007, se estrelló en una región de Yucatán, México, un jet ejecutivo Gulfstream II comprado con estos fondos lavados. A bordo del jet se calcula que había unas 4 toneladas de cocaína cargadas en Colombia. Investigadores europeos han vinculado el número de registro, N987SA, del Gulfstream II a pasadas operaciones de captura de la CIA. La aeronave se había vendido unas cuantas semanas antes de que se estrellara al aterrizar. En la factura de venta solo aparece un nombre, Greg Smith. También apareció en documentos públicos que indican que en el pasado trabajó como piloto en una operación que involucraba al FBI, la DEA y a la CIA, que tenían como blanco a narcotraficantes de Colombia.

En marzo de 2010 el Departamento de Justicia dejó libre al banco Wachovia con una multa de $160 millones de dólares por dejar de rastrear $400 mil millones de dólares de dichas transacciones.

El Asistente al Procurador General, en la División Penal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, que anunció el acuerdo con Wachovia, se sabe según el Informe del Equipo Conjunto que estuvo involucrado en la Operación Rápido y Furioso. Entre el 2004 y el 2007, pasaron por las cuentas bancarias correspondientes del Wachovia casi $13 millones de dólares para la compra de aeronaves que se usaron en el tráfico ilegal de drogas. Se decomisaron de estas aeronaves más de 20,000 kilogramos de cocaína, según el gobierno mexicano.

Si las acusaciones de Zambada Niebla son correctas, el arreglo con el cartel de Sinaloa se inició bajo el gobierno de Bush y continúa hasta estos días bajo el gobierno de Obama.

En el menor de los casos, las acusaciones de Zambada Niebla, en el contexto de lo que ya ha surgido en el marco de la investigación que están llevando a cabo el representante Issa y el senador Grassley sobre la Operación Rápido y Furioso, merecen una investigación a fondo.

[1] La Operación Rápido y Furioso fue una operación encubierta realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU (ATF, por sus siglas en inglés) entre 2009 y 2010, supuestamente para investigar el tráfico de armas. La ATF facilitó, cuando menos, 2,000 ventas de armas, y algunas de estas armas se les ha vinculado con 200 hechos delictivos en México, cuando menos.